Esquerra Unida Els Verds Ajuntament d’Aldaia

Moción tipo de la PAH para recuperar la vivienda vacía en manos de la banca

La PAH propone una moción para recuperar la vivienda vacía en manos de la banca. La moción contempla las multas a las entidades que persistan en un uso antisocial de la vivienda

Las Plataformas de Afectados por la Hipoteca sabemos que, como sociedad, no podemos permitirnos el ritmo de ejecuciones hipotecarias y desahucios que se está dando en el Estado Español. No podemos permitirnos esta vulneración sistemática de derechos humanos. Por ello, desde la PAH siempre interpelamos a todas las administraciones para hacer frente a esta situación de emergencia habitacional a la que a día de hoy está dando respuesta la ciudadanía. Hoy iniciamos una campaña de mociones a los ayuntamientos para recuperar la vivienda vacía en manos de las entidades financieras, que han sido, muchas de ellas, rescatadas con miles de millones de euros públicos sin ninguna contraprestación social.

Los ayuntamientos y las administraciones autonómicas pueden hacer mucho más de lo que están haciendo hasta ahora, tal y como ha demostrado la campaña de la Obra Social la PAH con la recuperación de viviendas vacías en manos de los bancos, que ha conseguido arrancarle alquileres sociales a las entidades en ciudades como Manresa o Terrassa. Es en la misma ciudad de Terrassa, donde la presión de PAH Terrassa ha obligado al consistorio a abrir expedientes sancionadores a las entidades financieras que tienen viviendas en desuso. Esta experiencia demuestra que si se quiere, se puede. La campaña se centra, en una primera fase, en los ayuntamientos catalanes, para extenderse posteriormente al resto del Estado. Esta medida no es una opción. es una necesidad, y permite crear un parque público de vivienda que se extienda también a las familias desahuciadas por no poder pagar el alquiler. En el momento en el que nos encontramos, resulta criminal que la banca acumule viviendas vacías mientras miles de familias son expulsadas de sus casas, por eso, la PAH actúa.

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ANEXO.- MOCIÓN PARA LA SANCIÓN DE LOS INMUEBLES PERMANENTEMENTE DESOCUPADOS PROPIEDAD DE ENTIDADES FINANCIERAS Y OTRAS GRANDES EMPRESAS

INTRODUCCIÓN

La actual crisis ha impactado de forma dramática en la vida de miles de personas, que a causa de las dificultades económicas sobrevenidas no pueden cubrir sus necesidades más básicas. Esta situación ha llevado a miles de familias a la imposibilidad de hacer frente a la cuotas hipotecarias o de alquiler de su casa.

Su traducción social ha sido la de miles de desahucios en todo el Estado Español y centenares de miles de personas que han visto vulnerado su derecho a una vivienda digna, enfrentándose a situaciones de grave vulnerabilidad, precariedad extrema, probreza, y exclusión social, económica y residencial.

Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, desde 2007 hasta septiembre de 2013, en el Estado Español, ya se ha llegado a 500.000 ejecuciones hipotecarias. Según el informe presentado por el Colegio de Registradores de la Propiedad, solo durante el año 2012, la banca se ha quedado con más de 30.034 primeras residencias por impago de créditos hipotecarios. Esto supone 115 desahucios de vivienda habitual por día hábil.

Nos encontramos ante una situación de emergencia habitacional que constituye una auténtica anomalía en el contexto europeo. Como denuncia el informe Emergencia Habitacional en el estado español, elaborado por el Observatori DESC, esta situación se ve agrabada por el hecho de que el Estado Español es el país de Europa com más viviendas vacías, 13,7% del parque total – 3 millones y medio de pisos según el último censo estatal de vivienda del 2011 – y con un parque de vivienda social claramente insuficiente – menos de un 2% de las viviendas existentes.

Las administraciones locales, infra dotadas de recursos, son las que reciben en primera instancia el impacto social de esta situación, en tanto que la más cercana a la ciudadanía.

El contexto descrito y la situación de emergencia en que se encuentra gran parte de la población se está traduciendo, también, en un significativo aumento de las ocupaciones de viviendas en los municipios. Una forma de acceso a la vivienda que aumenta el grado de vulnerabilidad social de quienes se ven abocados a recurrir.

La falta de recursos de las administraciones locales para hacer frente a la problemática, contrasta con los miles de pisos en desuso que acomulan las entidades financieras y sus inmobiliarias, actores principales y parte responsable en la burbuja inmobiliaria. Estos inmuebles, a menudo obtenidos como consecuencia de ejecuciones hipotecarias, se mantienen vacíos, ya sea a la espera de que el precio del mercado vuelva a subir, o bien porque se encuentran a la venta o alquiler a precios inaccesibles para la mayoría de la población. El resultado son miles de viviendas destinadas exclusivamente a una función expeculativa, eludiendo la función social que según el artículo 33 de la constitución Española (CE) tiene que cumplir el derecho a la propiedad.

Gran parte de estas entidades financieras han sido, de una manera o de otra, rescatadas con dinero público. Algunas directamente gestionadas por el gobierno del Estado a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), y del traspaso de activos al conocido “banco malo†, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB). Paradógicamente, pero, la fuerte inversión pública no ha ido destinada a cubrir las necesidades de la ciudadanía y las ayudas millonarias a la banca, muchas de ellas a fondo perdido, no han implicado ninguna contrapartida social.

La situación descrita requiere actuaciones por parte de la administración que posibiliten el acceso a la vivienda de todos/as aquellos/as ciudadanos/as que se ven excluidos, cumpliendo con el mandato constitucional del artículo 47 de la CE. Encargo a los poderes públicos que reiteran el artículo 26 del Estatut de Autonomia de Catalunya (en el caso de Catalunya) (EAC) y 11 del pacto Internacional de Derechos Económicos y Culturales (PIDESC).

Ante la enorme cantidad de población con necesidades habitacionales y la falta de recursos públicos para hacerle frente, resulta urgente movilizar la vivienda vacía en manos de las entidades financieras. Fomentar y garantizar la función social de la vivienda, desincentivar la utilización anómala y penalizar, si es necesario, el uso antisocial se convierte en uno de los pocos mecanismos efectivos al alcance de la administración para dar respuesta a la vulneración del derecho.

Ante el intento del gobierno central de vaciar de competencias a las administarciones locales, es necesario que los ayuntamientos defiendan la autonomía municipal satisfaciendo las necesidades habitacionales de la población. Es en este contexto que algunos ayuntamientos, como el de Terrassa, habiendo agotado las medidas de fomento para facilitar la ocupación de los pisos vacíos en poder de las entidades financieras, han iniciado porcesos sancionadores.

El artículo 41 de la Llei 18/2007, del Dret a l’Habitatge de Catalunya (LDHC) establece como utilización anómala de una vivienda su desocupación permanente e injustificada. Al mismo tiempo, en el punto tercero, dispone que en estos supuestos la administración competente tendrá que abrir un expediente administrativo para realizar los actos de isntrucción necesarios para detrminar, conocer y comprobar los hechos sobre los que tendrá que dictar una resolución

El artículo 42 del mismo texto legislativo enumera diversas medidas que las administraciones tienen que adoptar para evitar la desocupación permanente de los inmuebles. Por ejemplo, la aprobación de programas de inspección; la facilitación de garantias a los propietarios de inmuebles vacíos sobre el cobro de las rentas y la reparación de desperfectos; el impulso de políticas de fomento de la rehabilitación de viviendas en mal estado; la posibilidad de ceder las viviendas a la Administración Pública para que las gestione en régimen de alquiler; y la adopción de medidas de carácter fiscal, tanto de fomento como penalizadoras.

Al mismo tiempo, el artículo 131.1.h de la LDCH tipifica como infracción muy grave en materia de calidad del parque inmobiliario mantener la vivienda desocupada una vez que la administración haya adoptado las medidas de fomento contempladas en el precepto 42. Según los artículos 118.1 y 131 del mismo texto normativo, esta actuación puede ser sancionada con multas de hasta 900.000 euros. Hay que destacar que de acuerdo con lo que establece el artículo 119 de la LDHC, las cantidades obtenidas se tendrán que destinar a la financiación de políticas públicas destinadas a garantizar el derecho a la vivienda.

Finalmente, el artículo 3 del Código Civil, establece que las normas se han de interpretar de acuerdo al contexto y la realidad social en que se aplican. Un contexto, caracterizado por una situación de emergencia habitacional.

Los antecedentes descritos recomiendan la redacción de la presente moción y la aprobación de los siguientes acuerdos por parte del Pleno Municpal:

ACUERDOS:

Primero.- Manifestar el compromiso de poner en marcha medidas municipales en base a la legalidad y competencias existentes y a los efectos que señala esta moción, con el objetivo de garantizar el derecho a la vivienda de la población y hacer frente a la emergencia habitacional.

Segundo.- Elaborar y aprobar un Plan Municipal de Vivienda, o actualizar el ya existente, que contemple y regule debidamente las medidas de fomento para evitar la desocupación permanente e injustificada de viviendas, enumeradas en el artículo 42, de la llei 18/2007 (LDHC).

Tercero.- Elaborar y aprobar Programas de inspección con el fin de detectar, comprobar y registrar los inmuebles que se encuentran en situación de pemanente desocupación, empezando por los que son de entidades financieras y otras grandes empresas. Esta tarea se puede hacer a tarvés del cruce de datos en disposición de la administración y la otorgación de audiencia al interesado/a, o bién realizando una inspección física desde la administración.

Cuarto.- Intruir procedimientos administrativos contradictorios donde se determine, se conozcan o comprueben los hechos, una vez detectada la desocupación. Estos procedimientos tendrán que finalizar con una resolución que declare si se está produciendo una situación de desocupación permanente constitutiva de una utilización anómala de la vivienda, de acuerdo con lo que establece el artículo 41 de la LDHC. En caso afirmativo, se tendrá que requerir al propietario/a que cese en su actuación en un plazo concreto, informando de las actividades de fomento que está llevando a cabo la administración para facilitarle la finalización de esta situación.

Quinto.- Imponer hasta 3 multas coercitivas que pueden llagar a los 100.000 euros, tal y como determina el artículo 113.1 de la LDHC, previa advertencia, de si transcurrido el plazo fijado no se ha producido la ocupación del inmueble.

Sexto.- Iniciar un procedimiento sancionador por infracción muy grave en caso que se mantenga la desocuapción de la vivienda una vez agotado el plazo otrogado para corregir la situación, tal y como prevé el artículo 123.1.h de la LDHC.

Séptimo.- Instar al Gobierno de la Generalitat a emprender acciones en este ámbito con la misma finalidad, dentro del marco de sus competencias.

Octavo.- Transmitir esta moción para su conocimiento y adhesión a las Entidades Municipalistas, al Parlament de Catalunya, a los diferentes grupos parlamentarios, a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y a las asociaciones vecinales del municpio.



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