Esquerra Unida Els Verds Ajuntament d’Aldaia

EU de Aldaia propone al Ayuntamiento regular los bancos de alimentos del municipio, arbitrar un sistema de quejas y denuncias ciudadanas y un bono alimentario para hogares sin recursos, en colaboración con el pequeño comercio local

El concejal portavoz de Esquerra Unida ha registrado una moción con estas propuestas para que el Ayuntamiento se implique y de respuesta a los crecientes problemas que se vienen planteando

Con fechas 30 y 31 de diciembre, el periódico el Mundo sacó dos noticias relacionadas con la denuncia de la ONG ALACSO de que los responsables del Ayuntamiento de Aldaia les estaban impidiendo el ejercicio de su actividad en materia de banco de alimentos (distribución de perecederos y no perecederos). Sin entrar a abordar esta cuestión, que desde Esquerra Unida de Aldaia conocemos bien por haber seguido y recibido denuncias de algunas personas usuarias de la entidad, lo que resulta más importante a nuestro juicio es señalar la situación general en que nos encontramos en el municipio, de rápido crecimiento de la pobreza y la desprotección social que impiden a diversos colectivos sociales acceder a una alimentación mínima y equilibrada, motivo por el que entre otras cosas han empezado a proliferar este tipo de iniciativas particulares, más o menos desinteresadas, que intentan paliar tales problemas desde una óptica distinta a la de garantizar un derecho básico de toda la población.

La moción presentada por EU persigue que el Ayuntamiento se implique realmente ante esta situación que afecta indudablemente a muchos ciudadanos y ciudadanas, especialmente a la infancia y a las personas mayores, aunque sólo fuera porque estamos hablando de un derecho tan básico como ineludible por parte de los diversos estamentos de un estado que aun se califica como social y de derechos en la Carta Magna. Las cuatro propuestas que plantea la moción (ver anexo) se pueden resumir en: crear un registro de entidades sociales “alimentarias†del municipio, establecer un mecanismo para coordinarlas y regular la distribución con mínima equidad y eficiencia, establecer un procedimiento de queja y denuncia ciudadana ante los problemas que se puedan plantear con tales entidades y, finalmente, articular una ayuda municipal similar a la que ya desarrollan otros ayuntamientos y basada en un bono social para cubrir las necesidades alimentarias de núcleos de convivencia sin recursos, en colaboración con el pequeño comercio local.

Juanjo Llorente, concejal portavoz de EU, señala: “La verdad es que llevamos tiempo trabajando en esta moción, porque son muchas las personas que nos transmiten al tiempo su desesperación por no poderse alimentar mínimamente y sus dificultades para lidiar con los bancos de alimentos existentes. Esperamos que el Ayuntamiento hoy gobernando por el PP asuma finalmente su responsabilidad para con todas estas personas y actúe en consecuencia†.

ANEXO. Texto de la Moción de EU por la regulación municipal de los bancos de alimentos y economatos y por un bono social de suficiencia alimentaria para hogares sin recursos de Aldaia

Dentro de nuestra comarca, Aldaia es uno de los municipios que se encuentran a la cabeza de casi todos los indicadores y estudios que evidencian el paulatino empeoramiento de las condiciones de vida de la población como resultado del aumento de los niveles de desempleo, precariedad laboral, desprotección social y pobreza. Las dificultades para acceder a una alimentación básica y suficiente, derecho humano fundamental (Artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos), es seguramente una de las expresiones más injustas y duras de esta dinámica, que afecta de forma especial a la infancia y los mayores. Precisamente por ello, en relativamente poco tiempo, en el municipio ha surgido una amplía respuesta desde diversos ámbitos y que, guiadas en su inmensa mayoría por la buena intención, trata de ayudar a aquellas personas y/o familias en dificultades para acceder a una alimentación básica, como es el caso de los denominados bancos de alimentos y economatos sociales. De este modo, según nuestro conocimiento, ya están funcionando al menos cinco iniciativas vinculadas a Cáritas, Cruz Roja, Humanidad compartida, Solidarios del Barrio del Cristo y Alacso.

A este respecto, desde Esquerra Unida, consideramos, que el Ayuntamiento no puede quedar al margen ni ignorar que la dificultad de acceder a una alimentación básica y suficiente según las necesidades personales y familiares ha de enfocarse como una cuestión de justicia y de respuesta a un derecho humano básico que corresponde garantizar a los poderes públicos, al menos en última instancia, dada la importante cantidad de personas afectadas por estas problemáticas. Y no sólo garantizar, también le corresponde coordinar y regular este tipo de iniciativas voluntaristas, en estricto cumplimiento de la legislación local que encomienda a los Ayuntamientos la función básica de controlar la distribución de alimentos y bebidas así como la salud pública y la salubridad en el municipio.

Aunque los ayuntamientos como administración más cercana al ciudadano no pueden intervenir en las iniciativas sociales ya existentes, en cambio si pueden y deben, en realidad tienen la obligación, desde la legitimidad que les confiere ser una administración pública y la encomienda competencial, de establecer mecanismos de coordinación de acciones, criterios y normas que hagan posible la equidad en el reparto de alimentos a los colectivos sociales necesitados y la debida higiene en el almacenaje y manipulación de los mismos previamente a su distribución, que también debería ser justa y equitativa.

Porque, además, la situación actual dista mucho de regirse por estos principios, según nos informan muchas personas usuarias pero que no están interesadas en denunciarlo por las posibles repercusiones personales: el funcionamiento descoordinado de toda esta red provoca situaciones injustas como: falta de criterios de reparto homogéneos y consensuados que permitan un reparto equitativo, la falta de un acceso igualitario y universal a la información sobre todos los puntos de reparto existentes, la falta de registro de usuarios en muchas actuaciones lo que favorece duplicidades en el acceso al reparto, la aparición de la picaresca indeseable bien por el reparto desigual y arbitrario (por favoritismo familiar, personal, ideológico, etc.) por la recogida de alimentos en más de una entidad por distintos miembros de una misma unidad familiar, incluso dándose casos extremos de venta de los alimentos obtenidos por esta vía o de petición de dinero con excusas diversas (cursos de formación, etc) pero a cambio de poder participar en los repartos.

Asimismo, nos encontramos en muchos casos con un creciente malestar ciudadano hacia algunas de las entidades y personas responsables de las mismas encargadas del reparto, por lo que entienden como una utilización irregular de las ayudas recibidas para dicho fin, lo que en muy pocos casos ha llevado a denuncias formales de estas situaciones (por ejemplo, Alacso), mientras que en otros casos, la gran mayoría, debido por desgracia al efecto combinado de la necesidad y el miedo, no se han presentado siquiera denuncias formales. Y también recibimos muchas quejas por la falta de correspondencia entre las cantidades y variedad de alimentos entregados con relación a la población atendida en cada caso. Así como por el exceso de “papeleo†que cada banco exige para convertirse en beneficiario, o sobre las dificultades existentes para evitar duplicidades de reparto a las mismas personas o unidades de convivencia.

Entendemos, desde Esquerra Unida, que la dificultad en el acceso a una alimentación básica digna y suficiente es un problema de derechos humanos, de justicia social, de igualdad ciudadana básica, incluso de salud pública, y como tal ha de velarse por la administración para su solución. Y precisamente por ello, también entendemos que la solución del acceso a la alimentación no puede hacerse desde el voluntarismo más o menos afortunado, la caridad, la limosna, el altruismo o la solidaridad graciable. La ciudadanía afectada por esta situación ha de tener claro que está accediendo a la satisfacción de un derecho humano básico que, desgraciadamente, no puede procurarse por sí misma, y no a un favor, o una gracia que hace con ella la persona o entidad que le atiende provisionalmente. La ciudadanía ha de tener claro que, como derecho ciudadano básico, ha de poder disponer de un cauce claro de reclamación y/o denuncia que garantice su confidencialidad, en caso de que le sea necesario reclamar una situación arbitraria, injusta o irrespetuosa como medio para garantizar sus derechos.

Por todo ello, desde el grupo municipal de Esquerra Unida presentamos a la consideración del Pleno de esta Corporación las siguientes ACUERDOS:

1.- Tal como establece el reglamento orgánico municipal, este Ayuntamiento acuerda poner al día el registro municipal de entidades sociales y crear un apartado específico para incluir aquellas organizaciones, empresas, voluntariado o personas físicas que desarrollan acciones relacionadas con el reparto social de alimentos en el municipio (bancos y economato), a fin de establecer una red de conocimiento público, lo que da garantías a la ciudadanía y favorece su conocimiento y acceso universal a esta información.

2.- Este Ayuntamiento acuerda, igualmente, convocar reuniones periódicas de coordinación con las entidades registradas para llegar a acuerdos sobre criterios homogéneos de reparto que sean de dominio y de conocimiento público, intercambio de buenas prácticas, conocimiento de las dificultades existentes y propuestas de solución, mecanismos eficaces de control del reparto para evitar las injustas duplicidades en el acceso o permitirlas en aquellos casos que se justifiquen y acuerden, consensuar criterios específicos para situaciones familiares o personales concretas y todas aquellas otras cuestiones que puedan surgir de la coordinación de recursos,

3,- Este Ayuntamiento se compromete, igualmente, a realizar campañas de información y concienciación ciudadana de que esta modalidad temporal de acceso a la alimentación es un derecho ciudadano y humano básico y que, como tal, puede ser objeto de reclamación o sugerencia, precisando y publicitando para ello un mecanismo de fácil acceso, como podría ser el que ya existe en esta corporación de defensa de los y las consumidores.

4.- En el ámbito de los Servicios sociales municipales, este Ayuntamiento acuerda, por último, establecer un sistema como el que ya existe en muchos otros, incluso dentro de esta comarca, de bono alimentario al que puedan acogerse unidades de convivencia sin recursos para poder cubrir esta necesidad básica durante un período razonable de 1 a 6 meses prorrogables. Por ejemplo, se podría concertar con el pequeño comercio de Aldaia y Barrio del Cristo la dispensación de estos alimentos, previa presentación del bono correspondiente.



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