Esquerra Unida Els Verds Ajuntament d’Aldaia

¡Nacionalización de las eléctricas!

Carta Semanal 452 del POSI

El pasado 19 de diciembre en la “subasta†que supuestamente celebran cada trimestre las compañías eléctricas para fijar el precio que ponen a la parte liberalizada del recibo de la luz, se decidió una subida del recibo de la electricidad de nada menos que el 11%. Esta subida sería la cuarta que se produciría en los últimos nueve meses. El escándalo ha sido tal que ha obligado al Gobierno, que teme que, en la situación explosiva que vive el país, cualquier chispa pueda hacer saltar todo, a intervenir para anular la subasta, alegando una supuesta manipulación de la misma. Un cínico alegato de quienes saben perfecta- mente que la manipulación es consustancial al sistema implantado desde 1997, que ha permitido desde entonces pactar los precios (los beneficios) entre las empresas que controlan el sector, mientras la Administración hacía de maestro de ceremonias.

El hecho es que desde 2008 el precio de un bien esencial como la electricidad ha aumentado un 63%. Y el hecho es que las empresas eléctricas se han embolsado 21.600 millones por las subidas de la luz durante estos años. Un escándalo mayúsculo que muestra en qué régimen vivimos.

El resultado de la privatización

Las compañías eléctricas han sido una auténtica mina de oro para la oligarquía bancaria bajo el mercado cautivo del franquismo, que les aseguraba un uso ilimitado de bienes públicos, como el caudal de los ríos, y una producción de carbón a su medida. Pero en ese periodo también había compañías eléctricas de propiedad nacional. Endesa, que las unificó a todas, dominaba un porcentaje muy importante del mercado. Para someterse a las condiciones exigidas para entrar en la Unión Europea, con su régimen de “libre competencia no falseada†, se impuso la “liberalización†del sector eléctrico con sucesivas medidas, en particular la Ley Básica de Electricidad de 1997.

La eléctrica propiedad del Estado hubo de ser vendida al mejor postor: el gobierno González privatizó una tercera parte de Endesa, y Aznar las otras dos partes. Hoy Aznar cobra 200.000 euros al año como asesor de Endesa y González 126.500 euros de Gas Natural - Fenosa. Solbes cobra 250.000 en Gas Natural-Fenosa. Salgado fichó por una filial de Endesa, empresa en la que Guindos cobraba 684.000 euros antes de ser ministro.

La otra cara de la “liberalización†era que el consumidor pagase un supuesto “coste real†de producir la electricidad, y se avanzase a la libertad de precios.

Entonces nos prometieron que la liberalización del sector, la libre competencia entre operadores, supondría una importante rebaja de tarifas para los consumidores particulares y para las empresas y un mejor servicio. Pero el resultado es que hoy pagamos una de las facturas eléctricas más altas de Europa. Si quitamos los países insulares, donde no es posible la producción hidroeléctrica (más barata), es la cuarta tarifa más cara de Europa, para el segundo país más montañoso del continente. La “libre competencia†no es otra cosa que un oligopolio compartido de Endesa (propiedad de la italiana Enel), Gas Natural - Fenosa (la Caixa-Repsol…), Iberdrola (fondos cataríes y otros), HC (Electricidad de Portugal) y E.ON (alemana). Estas empresas pactan entre ellas sus beneficios importándoles un pimiento las penurias de los consumidores.

En teoría, el mecanismo de fijación de la factura, una subasta libre entre proveedores, iba a ayudar a rebajar el precio de la electricidad. El hecho de que el Gobierno, al anular la última subasta, haya hablado de manipulación de la misma por parte de las grandes compañías, desvela el verdadero carácter de ese sistema.

Un galimatías que permite a las grandes compañías forrarse

Tras la última etapa (por ahora) de la liberalización, los precios son libres, lo que permite que las grandes empresas contraten la electricidad a precios irrisorios y las pequeñas la paguen mucho más cara.

Por otro lado, los consumidores con menos de 10 Kw instalados pueden acogerse a una “tarifa de último recurso†, que tiene dos partes, una parte regulada por el Gobierno (para pagar el transporte y la distribución de la electricidad, las primas a las energías renovables y la deuda de las compañías eléctricas asumida por el Estado), y otra variable, que supuestamente responde a los precios de la energía en los mercados financieros. Esta parte (45% del total) se fija sobre todo mediante una subasta, en la que compiten las eléctricas y los grandes grupos especuladores. En la última subasta esa parte variable ha subido casi un 27%. En cuanto a la parte regulada por el Gobierno, éste se resiste a bajarla porque repercute en el déficit del Estado que la UE le exige reducir.

En efecto, en 1997 Rodrigo Rato, vicepresidente del gobierno Aznar, pactó con las eléctricas un sistema: las eléctricas, con escasos controles, determinan unos supuestos costes de la producción y distribución de electricidad, y el Estado les garantiza que van a cobrar ese precio. Como ningún gobierno es capaz de imponer a la población de golpe el terrible aumento que eso supone, el Estado se compromete a que van a cobrar la diferencia (a ser posible a costa del consumidor). Así se inventa el déficit de tarifa, que en estos 16 años ha acumulado 26.000 millones de euros. Esta deuda que el Estado reconoce a las eléctricas ha sido titulizada, es decir las eléctricas y los bancos juegan en los mercados financieros con los títulos de esa deuda.

En la base de este montaje especulativo está un gran fraude. Este sistema permite que las empresas obtengan beneficios de inversiones más que amortizadas en centrales hidroeléctricas y nucleares, cuya producción se calcula al mismo precio que la de otras centrales recién construidas y cuyo coste hay que amortizar.

El sistema es tan complicado que hay una frase famosa: “si le explican qué es el déficit de tarifa y usted lo entiende, es que se lo han explicado mal†.

Gracias a esos enjuagues, Iberdrola y Endesa fueron la segunda y la tercera compañías eléctricas de Europa que mayores beneficios obtuvieron en 2012 (2868 millones y 2711, respectivamente). Es decir, que el sistema les garantiza un mercado cautivo con precios artificiales que les permite hacer un negocio fabuloso. Aún así, la avaricia de estas multinacionales les ha llevado a contrarrestar con creces la disminución del consumo subiendo la luz cuatro veces al año. Y ahora, habían arrancado al ministro de Industria, José Manuel Soria, una nueva concesión: el gobierno asumiría en 2014 el supuesto déficit de tarifa de 3600 millones de euros y lo financiaría con cargo a los presupuestos del Estado. Pero el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, rechazó esa posibilidad, que le obligaría a tensar aún más la cuerda de los recortes para no poner en peligro el objetivo de déficit del 6,5%. Algunos medios atribuyen el tarifazo eléctrico a una venganza de las grandes compañías contra esta decisión (una teoría que alimenta la idea de que esa supuesta “subasta libre†es perfectamente manipulable por parte de las eléctricas).

Una subida de la luz del 11%, con la que está cayendo, podía alimentar una revuelta social. Por eso el Gobierno ha tenido que anular la subasta. Por su parte, los partidos de la “oposición†, han anunciado un acuerdo para anular en 2016 la reforma eléctrica del gobierno. Lo que significa, ni más ni menos, que permitir que el robo eléctrico continúe dos años más.

Es urgente acabar con este gobierno

En pocos meses, además de cuatro aumentos de tarifa, el gobierno Rajoy ha hecho una ley que perjudica a los especuladores que se lanzaron a las energías renovables y a muchos particulares entrampados en ese timo, para beneficio de las grandes eléctricas tradicionales. Luego ha amagado con pagarles el déficit de tarifa del año contante y sonante, ahora confunde con la subasta. Todo ello a través de los navajazos entre el sector Guindos-Soria y el sector Montoro. Finalmente, todos los sectores empresariales del sector están sublevados contra todos los sectores del Gobierno, el descrédito del Estado en los “mercados†por los suelos, Bruselas mete cuchara. Es el caos, inevitable cuando se hunde la economía debido a la política de ajuste. Ni la mayoría de la población puede aguantar los aumentos, ni el capital y sus instituciones toleran los juegos de las fracciones del Gobierno. Los trabajadores y sus organizaciones deberían decir basta y poner fin a este gobierno y a esta política, de lo contrario nos harán pagar todas sus aventuras y todos sus abusos.

Una electricidad barata exige acabar con el monopolio eléctrico

La electricidad es un producto esencial, tanto para los hogares como para las empresas. De una red de distribución eficiente y unos precios asequibles depende el desarrollo del conjunto de la economía. La intervención del Estado es vital para garantizar todo ello. Pero la Unión Europea obliga a liberalizar el sector eléctrico, como ha obligado a liberalizar las telecomunicaciones, el correo o el transporte ferroviario. La experiencia de la supuesta liberalización, tanto en España como en otras partes, es clara: subidas de tarifas, apagones y una red eléctrica cada vez más obsoleta y necesitada de reformas que las empresas no acometen porque nadie las obliga y porque sólo están interesadas en la cuenta de beneficios. Un sistema que permite a las multinacionales de la electricidad y a otros especuladores que se meten a distribuidores forrarse a costa de hundir a los consumidores y a muchas empresas, y a costa de provocar (por el mal estado de la red) desastres como el que se produjo ahora hace tres años con los incendios en Cataluña.

La única salida racional, que permite disponer de electricidad a precios asequibles a los consumidores y a las industrias que son grandes consumidoras de energía es la nacionalización (renacionalización) de la producción y distribución eléctricas. ¿No deberían proponer esto los partidos que hablan en nombre de los trabajadores, CCOO y UGT, las organizaciones de consumidores? Hace falta urgentemente una salida a la actual situación. Nadie puede esperar hasta el 2015 o el 2016.

Los dirigentes de CCOO y UGT piden “una reforma del sistema de precios de la energía, mediante el diálogo social, que aproxime el objetivo de nuestra tarifa a los países de nuestro entorno†. La exigencia inmediata de retirada total del tarifazo, ningún aumento, es el primer paso indispensable para acabar con este abuso insoportable. Es lo que los trabajadores esperan de sus sindicatos y de los partidos que hablan en su nombre

http://cartas.posicuarta.org/



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