Esquerra Unida Els Verds Ajuntament d’Aldaia

Modelo de escrito contra reforma de la ley de seguridad ciudadana. Antonio Marin

AL: CONGRESO DE LOS DIPUTADOS CON COPIA A: Defensor del Pueblo – Ministerio del Interior – Ministerio de Justicia – Presidencia del Gobierno

Decía Aristóteles que “La ley es la razón desprovista de pasión†. De vivir ahora en España se habría llevado las manos a la cabeza.

D/Dª: ______________________________________________, provisto de DNI: ______________________________, y con domicilio a efectos de notificaciones en ________________________________________________________, ciudad de ___________________________, ante usted comparece y con el respeto y consideración

EXPONE:

A través de los medios de comunicación, hemos tenido conocimiento del anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, que vendría a sustituir a la conocida como Ley Corcuera vigente desde febrero de 1992. El nuevo proyecto de ley consta de 55 artículos y recoge numerosas modificaciones respecto a la ley anterior, entre las que destacan aquellas que vendrían a castigar los nuevos repertorios de acción colectiva surgidos al calor de las movilizaciones posteriores al 15M. En este sentido se trata como infracciones muy graves, multadas con entre 30.001 y 600.000 euros, la grabación de la policía durante el ejercicio de sus funciones, las concentraciones no comunicadas antes instituciones del Estado (Congreso, Senado, parlamentos autonómicos...) o los escraches.

Según las filtraciones que han aparecido en diversos medios de comunicación, serán consideradas infracciones graves multadas con entre 1.001 a 30.000 euros, alteración del orden publico, injurias a los agentes de las fuerzas de seguridad, el cultivo de marihuana, el botellón, el daño de mobiliario publico entre otras acciones.

A nuestro juicio, la inconstitucional e improcedente reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que se está planteando por el Gobierno, puede resultar incluso más preocupante que la reforma del Código Penal, dado que hay más personas y colectivos expuestas a ella, y las multas que se impondrán carecen de control judicial a priori. Es decir, si quieres que un juez revise la legalidad de tu sanción, al ser llevadas a través de lo contencioso-administrativo, se tendrán que pagar las tasas judiciales correspondientes, con las nuevas y abusivas tarifas que conocemos. Así mismo, como van a suprimir las faltas muchas de ellas pasan a infracción administrativa, multas que se imponen desde la Delegación del Gobierno, por lo que carecen de control judicial.

Aunque no se conoce el texto definitivo, es obvio que se ha hecho una ley ex profeso contra las protestas sociales, que tan críticas han sido con el Gobierno actual.

Todo indica que el texto va a suponer un ataque directo a las libertades públicas y a derechos fundamentales tales como la libertad de expresión o la libertad de reunión y manifestación.

Es evidente que de aprobarse el texto próximamente en el Consejo de Ministros, los movimientos sociales deberían elevar la cuestión a los tribunales para que éstos declaren y sancionen esta evidente extralimitación del Gobierno, al atentar y conculcar los derechos fundamentales.

No hay ninguna situación de emergencia ni alarma social que motive la modificación y reforma de la conocida como Ley Corcuera por parte del Gobierno, siendo inadmisible el brutal endurecimiento de las sanciones económicas, la desaparición de las faltas y el agravamiento de las penas que se pretende imponer en el nuevo anteproyecto de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, atentándose de manera clara y consciente contra derechos fundamentales, cercenándose las legítimas protestas y manifestaciones cívicas que en todo sociedad democrática deben realizarse, aceptarse y asumirse por todos, como parte básica del juego democrático.

Con la normativa legal existente ya hay suficiente para velar y garantizar la seguridad de todos los ciudadanos españoles, constituyendo una temeridad y un ataque directo a los derechos fundamentales, a los Derechos Humanos y a la propia convivencia, continuar por parte del Gobierno con la tramitación del anteproyecto de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, dado que esa nueva disposición legal no aspira en realidad a establecer y favorecer el bienestar y la seguridad de todos; simplemente aspira a criminalizar y silenciar con tintes propios de países con regímenes totalitarios, el muy legítimo derecho a manifestarse, a expresar el descontento de amplios sectores de la población a través de los cauces habituales establecidos para ello.

Por todo ello,

SOLICITA:

la retirada inmediata del anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, al ser claramente una norma inconstitucional disparatada y que atenta abiertamente contra los derechos fundamentales.

El Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, el Defensor del Pueblo, Presidencia del Gobierno de España, todos los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados tienen el deber y la obligación de rechazar el arbitrario, injustificado y anticonstitucional anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana.

Mantener ese anteproyecto, aunque se reduzcan las cuantías económicas de las sanciones, tal y como acaba de anunciar el Ministerio del Interior en los medios de comunicación, es propio de regímenes autoritarios, que desean imponer a sangre y fuego, el silencio total a las voces críticas, a la vez que se pretende criminalizan con una feroz brutalidad, cualquier legítima protesta e iniciativa ciudadana que denuncie y cuestione los visibles e interminables abusos, corrupciones, despilfarros, disparates y aberraciones mil que a diario cometen las instituciones públicas, la banca, el mundo empresarial, los dirigentes políticos… en España.

Por todo ello, solicitamos la retirada del anteproyecto de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana y de la reforma del Código Penal y que el Ministerio del Interior RESPONDA EN TIEMPO Y FORMA a todos y cada uno de los asuntos contenidos en la presente petición, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 11. Tramitación y contestación de peticiones admitidas, de la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición, un Derecho fundamental tal y como recoge el artículo 29 de la Constitución Española de 1978.

Que se extremen al máximo los deberes legales que se extraen del artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común, y en tal sentido, se dicte resolución motivada a todas y cada una de las cuestiones planteadas en el presente escrito.

Que si este órgano no fuera competente, que PROCEDA SIN Mà S DILACIÓN a dar traslado del presente documento a la autoridad u órgano competente para pronunciarse o resolver sobre todas y cada una de las cuestiones y peticiones suscitadas en el mismo, tal y como recoge el artículo 10. Decisiones sobre competencia, de la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición.

Valencia, a ___ diciembre de 2013

Fdo:

Direcciones:

- MINISTERIO DEL INTERIOR. A la atención del Sr. D. Jorge Fernández Díaz, Paseo de la Castellana, 5. 28046 MADRID

- EXCMO. SR. D. ALBERTO RUIZ GALLARDÓN, MINISTRO DE JUSTICIA. C/ San Bernardo, 45 . 28071 M A D R I D

- Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy. Avda. Puerta de Hierro, s/n. 28071 MADRID

- DEFENSOR DEL PUEBLO. C/ Eduardo Dato, 31. 28010 MADRID

- CONGRESO DE LOS DIPUTADOS C/ Floridablanca, s/n . 28071 MADRID



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