Esquerra Unida Els Verds Ajuntament d’Aldaia

La Constitución española y las trampas del reformismo imaginario. Gerardo Pisarello

Las reacciones al aniversario de la Constitución española pueden considerarse un reflejo de la situación de bloqueo político con la que se está cerrando el año 2013. El Gobierno ha utilizado la efeméride para ofrecerse como el mejor valedor del texto de 1978, a pesar de que nunca como en últimos tiempos se habían denunciado tantas vulneraciones a sus elementos más garantistas. La actitud reviste especial patetismo cuando atañe a la “soberanía nacional†recogida en el artículo 1. El Gobierno presume de ser su guardián más fiero frente a las demandas soberanistas catalanas o vascas. Pero la pose impresiona poco en un contexto en el que las abdicaciones ante la Troika y el gobierno Merkel son constantes, como bien quedó de manifiesto en el debate sobre los presupuestos generales. La posición del PSOE tampoco se ha caracterizado por la claridad de miras. Para contrarrestar el singular patriotismo constitucional desplegado por el PP, ha lanzado una andanada variopinta de posibles enmiendas. Muchas de ellas son ambiguas o irrealizables, y apenas consiguen ocultar dos hechos. Uno, la falta de ideas o de predisposición para avanzar alternativas sociales y económicas urgentes que, en principio, no necesitarían enmienda constitucional alguna. Y dos, la estridente incompatibilidad entre este reformismo sobrevenido y el triste papel que le cupo en la consagración constitucional de la prioridad absoluta del pago de la deuda, una regresión que excedía incluso lo exigido por el Banco Central Europeo y que carece de parangón en el Derecho constitucional comparado. Fuera de allí, el panorama tampoco es demasiado alentador. En un contexto de reflujo de la movilización social, Izquierda Unida no ha comparecido a los fastos constitucionales, pero ha oscilado entre un reformismo que no está a su alcance y la idea de un proceso constituyente que, dada la correlación de fuerzas, resulta un brindis al sol, sobre todo cuando se piensa en clave estatal. En Cataluña, el País Vasco o Galicia, la desafección constitucional ha exhibido niveles social y políticamente más significativos. Y si bien el reclamo del derecho a decidir ofrece más consistencia a la propuesta de una ruptura constituyente, se trata de un horizonte no exento de obstáculos.

Para entender esta situación de bloqueo, en todo caso, habría que partir de una constatación: la crisis del Régimen surgido de la Transición existe, pero es mucho más incipiente de lo que podían hacer pensar las lecturas más optimistas que circulaban después de la eclosión del 15-M. Solo así se explica que lo que haya ganado terreno en el último año haya sido, ante todo, la operación deconstituyente emprendida por el Gobierno gracias a su mayoría absoluta. La Constitución española, en efecto, nació con numerosos condicionamientos antidemocráticos. Muchos fueron denunciados –y a veces aceptados con resignación– desde dentro y desde fuera del proceso constituyente de 1977-1978. Pero en el texto finalmente aprobado también había algunas promesas garantistas, arrancadas por el antifranquismo, y cuestiones no zanjadas que admitían lecturas abiertas y flexibles, como la territorial. Hoy queda muy poco de todo eso. La ofensiva ha sido intensa y en los ámbitos más diversos: contrarreforma laboral, educativa y sanitaria; austeridad forzosa; recentralización competencial y conculcación de derechos lingüísticos en Cataluña, País Valenciano y Baleares; vaciamiento de la autonomía local; supresión o manipulación de órganos de control; reforma del código penal y ley de seguridad ciudadana. La lista es nutrida y podría extenderse. Lejos de ser removidos, como pide el artículo 9.2, los obstáculos que impiden que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas han crecido de manera exponencial. Las interpretaciones más democráticas del texto de 1978 se han arrinconado de manera acaso irreversible. Y todo ello con el visto bueno, casi siempre, de un Tribunal Constitucional desprestigiado, que ni siquiera ha sido capaz de desempeñar, en un contexto como el actual, la función de poner límites al poder, que sí han exhibido otras cortes constitucionales como la italiana o la portuguesa.

Nada de esto podía ocurrir, naturalmente, sin que la propia Constitución experimentara una considerable erosión ante la opinión pública. La diferencia con países con constituciones antifascistas, como Portugal o Italia, es notable. Allí, la Constitución sigue siendo un instrumento de resistencia frente a las políticas de austeridad europeas y frente a los abusos de los poderes públicos y privados locales. En el caso español, el desapego constitucional no ha dejado de crecer. El 15-M marcó un punto de inflexión en este proceso de desafección. Integrado sobre todo por jóvenes que ni siquiera votaron el texto de 1978, lanzó una impugnación severa al Régimen político y económico heredado de la Transición y crecientemente rendido los intereses del Directorio europeo. Y sugirió una terapia: la radicalización democrática. La clase política actual sabe que no puede ignorar esa interpelación, pero no es capaz de responder a ella, y mucho menos, de imponerla a los grandes poderes económicos y financieros. Sus devaneos reformistas -en los que hasta el propio Partido Popular se ve obligado a incurrir- le sirven para no aparecer como inmovilistas. Pero en el fondo saben que se tratan de propuestas imposibles o bien insustanciales.

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