Esquerra Unida Els Verds Ajuntament d’Aldaia

Concejal de EU Aldaia exige más transparencia en la contratación y en la gestión municipales, a fin de evitar corruptelas y clientelismos

El concejal de EU ha presentado una moción con cinco propuestas concretas, a la espera de que el gobierno municipal derechista “se retrate†aceptando o negando dar cuentas de su gestión presupuestaria y urbanística a la ciudadanía

Desde hace tiempo, los medios de comunicación no cesan de divulgar noticias y nuevos casos de corrupción política e institucional que afectan a las principales fuerzas políticas y sociales que se desenvuelven a lo largo y ancho de nuestra geografía, incluyendo la tan sobreprotegida casa real. Hace tan sólo días, diversos medios se hicieron eco del informe presentado por técnicos de Hacienda sobre financiación ilegal de campañas electorales del PP valenciano, realizada en años anteriores. Se trata de unos hechos más que preocupantes, puesto que más allá de las consecuencias legales y penales también hay que situar las responsabilidades derivadas de la comisión de un fraude electoral en toda regla.

“En el Ayuntamiento de Aldaia, señala Juanjo Llorente, concejal portavoz de EU en la Corporación, ya han pasado más de dos años de legislatura y aún seguimos funcionando bajo mínimos en términos de participación democrática y de transparencia en la gestión del gobierno municipal. Razón por la que plantea hasta cinco medidas que se podrían adoptar en breve y que permitirían evitar la proliferación de sospechas y rumores con respecto a la práctica de las contrataciones a dedo y un largo etcétera de clientelismos†.

“Y además de estas cinco medidas, sigue diciendo Juanjo Llorente, de nuevo volveré a plantear al PP municipal que los grupos municipales de la oposición también formen parte de la Junta de Gobierno, tal como da pie para plantear una reciente sentencia del Tribunal Constitucional.â€

Moción de EU en defensa de la transparencia municipal frente a la corrupción

En democracia, la transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda actuación institucional. Porque sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos y ciudadanas pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan estas instituciones, podremos hablar de una sociedad crítica, exigente y participativa.

De hecho, los países con mayores niveles en materia de transparencia y normas de buen gobierno son los que cuentan con instituciones más fuertes, capaces de favorecer el crecimiento económico y el desarrollo social. En estos países, la ciudadanía puede juzgar mejor y con más criterio la capacidad de sus líderes y decidir en consecuencia. Permitiendo una mejor fiscalización de la actividad pública se contribuye a una mayor credibilidad y respeto social de las instituciones, se promueve la eficiencia y eficacia de las administraciones públicas del Estado y se favorece el desarrollo económico sostenible.

La transparencia política es sin duda alguna una de las principales demandas de una ciudadanía que vive con preocupación la serie de escándalos de corrupción que en los últimos tiempos han protagonizado sus representantes políticos. Muchas de estas prácticas podrían evitarse desarrollando un sistema de acceso a la información al alcance de todos los ciudadanos y ciudadanas que permita un control estrecho de la actividad de la administración por parte de sus usuarios y sus usuarias.

Cuando en un país existe un alto índice de corrupción institucional, las políticas desarrolladas por quienes gobiernen estas administraciones públicas siempre redundan en el beneficio de unos pocos en detrimento de la gran mayoría, al tiempo que también se produce un deficiente desarrollo de infraestructuras básicas y de los servicios y prestaciones a la población, ya sea públicos o privados.

De este modo, la corrupción contribuye en gran medida a desgastar, degradar y destruir el estado social y de derecho, la democracia y las libertades constitucionales. Por ello mismo, la lucha contra la corrupción y la transparencia constituyen siempre una necesidad prioritaria de quienes defendemos una democracia real y, por lo mismo, la prevalencia siempre de las demandas y aspiraciones colectivas de los trabajadores y de los pueblos de nuestro país y estado, por encima de cualesquiera otros intereses.

Se trata de una prioridad que resulta especialmente urgente cuando, como sucede actualmente, todo apunta que la corrupción, bajo el actual régimen de monarquía paralamentaria bipartidista, sigue teniendo una importante extensión que está provocando una ampliación cada vez mayor de la brecha entre la ciudadanía y las instituciones políticas. Una brecha explicable no sólo por cuestiones éticas o de justicia social, también porque todos nos damos cuenta de que el desvío de dineros y recursos públicos hacia bolsillos personales y particulares siempre repercute deteriorando los servicios y prestaciones públicas a la población y en particular a los sectores más vulnerables económicamente

Los corruptos y los corruptores, dirigentes de empresas en algunos casos o intermediarios avispados, dañan la democracia. Y también dañan a la economía, incrementando los precios de las obras, productos y servicios; alimentando el déficit público y la inflación; falseando la competencia y desincentivando al contribuyente honrado que constata el uso indebido de sus impuestos.

La corrupción en España ha sido y es inseparable de los desvaríos de un modelo productivo, económico y financiero que ha alimentado la especulación y las prácticas delictivas, especialmente en materia urbanística y en el sector de la construcción, con un crecimiento explosivo del parque residencial, en un proceso de urbanización sin precedentes en los últimos quince años y sin parangón en Europa que han contribuido enormemente al agravamiento de la crisis social, económica y política que vivimos. El fraude fiscal generalizado y la persistencia de la economía sumergida es igualmente un terreno abonado para la corrupción. A todo ello se añade la insuficiente regulación y supervisión de los mercados financieros, unido a una pérdida de valores éticos y morales en una cultura que ha entronizado el dinero como valor absoluto.

Los casos que se han sucedido en los últimos años y las últimas informaciones aparecidas en los medios de comunicación sitúan la corrupción política ligada, además de al enriquecimiento personal, a la financiación ilegal de determinadas organizaciones políticas, como serían en este caso el PP valenciano y español. En este contexto, no podemos ignorar que también los Ayuntamientos se hallan en el punto de mira también, porque podrían adoptar medidas para mejorar la transparencia y evitar las conductas delictivas y sin embargo huyen de ellas.

Por todo ello, desde el grupo municipal de Esquerra Unida presentamos a la consideración del Pleno de esta Corporación las siguientes PROPUESTAS DE ACUERDO:

1.-Este Ayuntamiento acuerda abstenerse siempre de invitar a los procedimientos negociados, y a los contratos menores, a las personas físicas y a empresas de las que sean responsables personas físicas que estén imputadas o condenadas por fraude fiscal, por estafa fiscal o por algunos de los delitos relacionados con la corrupción.

2.-Este Ayuntamiento acuerda poner a disposición de la ciudadanía en la página web municipal, además de las actas del Pleno y de la Junta de Gobierno Local (ninguna de las cuales pueden ahora consultarse), con la finalidad de que cualquier persona interesada pueda acceder a las mismas desde sus casas.

3.-Esta Corporación acuerda publicar mensualmente en su página web el estado de ejecución del presupuesto y desarrollar una contabilidad electrónica de la facturación, acogiéndose a las iniciativas de administración electrónica desarrolladas por la Diputación de Valencia para los Ayuntamientos de la provincia

4.-Este Ayuntamiento se compromete a publicar trimestralmente en su página web una relación de los contratos menores realizados durante ese periodo en la que se detalle el contenido del contrato, el adjudicatario, cuantía y periodo del mismo.

5.-Este Ayuntamiento acuerda, por último, habilitar los procedimientos y medios adecuados para que todos los documentos relativos a los procedimientos y decisiones de contratación y de urbanismo puedan consultarse en tiempo real, en Internet o en ventanilla.



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