Esquerra Unida Els Verds Ajuntament d’Aldaia

Campaña institucional contra la reforma de la ley de régimen local que persigue la destrucción del sector publico local y la “liberalización†de los servicios públicos municipales

Dentro del proceso de tramitación parlamentaria de esta reforma, es muy importante que también los ayuntamientos se sumen al rechazo de esta reforma y que continuemos nuestra denuncia hacía esta norma que pretende acabar con el municipalismo. También en el Congreso de los Diputados, IU va a presentar una enmienda a la totalidad el próximo 7 de octubre.

Porque, con esta reforma, se quieren eliminar servicios y destruir muchos puestos de trabajo municipales. Hasta el punto de suponer el mayor ataque a los ayuntamientos democráticos en la corta experiencia histórica de los mismos, estableciendo una vuelta a la centralización y al papel tradicional de aquéllos como meros ejecutores de las políticas del gobierno central. El Consejo de Ministros, con esa iniciativa, pretende convertir en una excepcionalidad histórica la experiencia democrática de los ayuntamientos españoles iniciada en 1979.

Esta reforma elimina el poder de lo más cercano, aleja a la ciudadanía de la gestión de lo público, y fortalece la deriva autoritaria, el alejamiento de la política de una población que exige más participación, más democracia y más transparencia. El gobierno responde con más tutelaje, menos democracia y menos participación en los asuntos públicos.

En este sentido, el borrador de la reforma que se pretende está impregnado de los principios del reformado artículo 135 de la Constitución Española así como de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestara y Sostenibilidad financiera, que condiciona todas las actuaciones relacionadas con las competencias, servicios y atención a la ciudadanía que los Ayuntamientos vienen prestando, desde la pretendida intención de eliminar competencias.

Desde su constitución en 1979, los Ayuntamientos democráticos han ido desarrollando sus actuaciones en el servicio de la comunidad a la que gobiernan en dirección a una permamente aunque desigual descentralización, asumiendo competencias en aras a la mejora de la vida de la ciudadanía a la que sirven y gobiernan.

Esta reforma pretende el desmantelamiento de la referencia más cercana a la ciudadanía, el primer nivel de acceso a la representación popular, y lo sustituye por la eliminación de competencias y servicios consolidados, así como por una ausencia de financiación que aboque a la privatización de los que queden. En resumen, provoca:

1.- Tutela y control sobre la administración local, otorgando a las Diputaciones provinciales o entes equivalentes, no únicamente la “coordinación de servicios†, sino relevantes competencias, entre ellas, las de gestión tributaria.

2.- Vinculación del coste efectivo (antes estándar) de los servicios, considerando a la administración un mero árbitro del tráfico jurídico, cuyos parámetros vendrán determinados por una mera Orden ministerial.

3.- Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera como único patrón de medida, del que depende la autonomía municipal. Se produce por ende reestructuración del sector público local, que potencia la iniciativa económica privada, y por añadidura, la creación de lobbies empresariales para la prestación de servicios.

4.- Aparición de un nuevo mecanismo o protocolo vehiculador de la fusión entre ayuntamientos: el convenio de fusión (aprobado por mayoría simple de los plenos municipales), que en algunos casos supone una clara imposición, no se sabe si a decisión del Gobierno o de las Cortes.

5.- Desapoderamiento y vaciamiento de competencias del ámbito local, dejando a los Ayuntamientos como entidades meramente formales.

6.- Subsidiariedad e imposibilidad “de facto†de la iniciativa pública empresarial.

7.- Establecimiento de mecanismos de ajuste o redimensionamiento (como expone el texto) sobre el personal al servicio de las administraciones públicas.

Y en definitiva, la

8.-Privatización de servicios públicos locales, abriendo la posibilidad de aplicación de la conocida directiva Bolkstein para reconversión de servicios públicos en “de interés general†y ánimo lucrativo.



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