Esquerra Unida Els Verds Ajuntament d’Aldaia

Cercle Obert de Benicalap lanza campaña para la retirada de la reforma del Código Penal. Apoya y difunde

Nuestra entidad considera que la reforma del Código Penal persigue -de manera evidente y obsesiva-, la criminalización de las legítimas protestas sociales, pues contiene muchas medidas destinadas a reprimir y castigar meras acciones pacíficas de descontento social, que se producen a diario, incluyendo una preocupante modificación del delito de resistencia a la autoridad.

El propio Consejo General del Poder Judicial y numerosas organizaciones, nacionales e internacionales, dedicadas a la defensa de los Derechos Humanos, han manifestado, de manera oficial y firma, su malestar en numerosas ocasiones, ante lo que consideran una reforma que nos devuelve a un pasado pre-democrático, de tintes totalitarios.

Ante las nuevas formas de protesta social, el nuevo articulado del Anteproyecto de Código Penal genera nuevos delitos ad-hoc, lo que es completamente arbitrario y opuesto al principio de necesidad de la ley, que no puede verse alterado por factores asentados en la coyunturalidad o en aspectos que no generen alarma social alguna.

La mención en el artículo 560 a un nuevo tipo de delito punible con hasta dos años de prisión y aplicable a quienes “actuando individualmente, o mediante la acción concurrente de otros, interrumpan el funcionamiento de los servicios de telecomunicaciones o de los medios de transporte público y alteren con ello de forma grave la prestación normal del servicio†es demasiado evidente en cuanto a la intención del pre-legislador de criminalizar protestas sociales de un pasado reciente que cuando se llevaron a cabo no eran delito y que en ningún momento produjeron daños ni riesgos personales ni materiales.

El Código Penal de un Estado democrático no puede verse sometido al albur de la coyunturalidad, la imprevisibilidad e imprecisión de su redactado, que vulneran el principio de legalidad, algo incompatible con la seguridad jurídica que exige el Estado de Derecho democrático, sin que se resienta su legitimidad.Tampoco puede legalizar el recorte de libertades, contrario a la Legislación Internacional en materia de libertades y derechos humanos, la creación ad-hoc de nuevos tipos penales para criminalizar las nuevas formas de protesta social o dar asiento a la desproporción penal del hecho punitivo, sin caer en la arbitrariedad más injusta. Un Código Penal que reúna estas características se aleja por completo de lo que debe ser un marco legal justo y propio de un Estado democrático.

En consecuencia, tanto por la forma (puenteo del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo Fiscal en su segunda ronda de redactado) como por el fondo (arbitrariedad de castigar el ejercicio de los derechos de expresión, reunión y manifestación, pretendiendo disuadir a quienes participan en la protesta social de seguir haciéndolo) el nuevo Anteproyecto de Código Penal que ha sido aprobado el pasado viernes20 de septiembre en el Consejo de Ministros, supone una regresión hacia formas predemocráticas por lo que exigimos de inmediato la retirada del mismo.

A los efectos de argumentar nuestra petición de retirada de la reforma del Código Penal, en nuestra web puedes leer un análisis jurídico completo y otros documentos de interés. Esperemos que el Ministerio de Justicia, el Congreso de los Diputados y el Defensor del Pueblo valoren nuestra petición y deje en suspenso una reforma que consideramos inconstitucional y contraria a los convenios y Tratados Internacionales suscritos por España.

Antonio Marín Segovia. Secretario-Portavoz Cercle Obert

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