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Informe de Red Roja sobre la Ley Orgánica 2/2012. El final de cualquier soberanía y el arma de destrucción masiva de los servicios públicos

La pérdida de rentabilidad del capital y la correspondiente lucha feroz por los beneficios lleva a la burguesía a arrancarse la máscara de la supuesta de la más elemental democracia, atropellando incluso su propia Constitución.

El 30 de abril de 2012 se publicó en el BOE la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera1.

1. Fundamentos

Desde la primera línea del Preámbulo y a lo largo de su desarrollo, la Ley 2/2012 en repetidas ocasiones reclama, casi con ampulosidad sus fuentes de derecho: “La estabilidad presupuestaria, consagrada constitucionalmente…†. El único fundamente jurídico de esta Ley es el nuevo artículo 135 de la Constitución Española. La “consagración†se produjo hace dos años, el 30 de agosto de 2011, conducida por el Gobierno Zapatero – no ya sin referéndum – sino sin que mediara debate social alguno, y con un apoyo parlamentario mucho menor que el que tuvo la Constitución de 1978

1.1. Artículo 135 de la Constitución Española

La reforma del artículo 135 de la Constitución Española2 cuya aplicación práctica tiene consecuencias semejantes a las de un golpe de estado, fue sancionada con el voto de PP, PSOE y UPN. Los grupos de la izquierda se ausentaron y PNV y CiU, presentes en la cámara, no votaron.

El nuevo texto, como es sabido, establece que: la “Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta†3. Además exige a todas las administraciones públicas someter su déficit estructural y su deuda pública a los límites fijados por la Unión Europea. Además establece que: “Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta “.

1.2. Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria (TSCG)

Curiosamente, la verdadera decisión política que pone en marcha, tanto el nuevo artículo 135 de la Constitución, como la Ley 2/2012, no es la voluntad de la mayoría parlamentaria que la vota, sino el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria (TSCG)4 de 2 de marzo de 2012. El TSCG obliga a “las partes contratantes†, los estados miembros de la UE cuya moneda es el euro, a introducir la “regla del equilibrio presupuestario†, incluidas medidas correctoras “automáticas y permanente†en caso de incumplimiento y las correspondientes multas coercitivas al Estado miembro que incumpliere alguno de sus preceptos.

El Tratado se refiere también a: “la obligación de las Partes Contratantes de transponer la «regla de equilibrio presupuestario» en sus ordenamientos jurídicos nacionales, mediante disposiciones vinculantes, permanentes y preferentemente de rango constitucional†.

Por primera vez en un Tratado de la UE se prescinde de la necesaria unanimidad. La pérdida de legitimidad democrática se ha impuesto como mal menor tras el fracaso de la Constitución Europea. Para su entrada en vigor se requiere la convalidación parlamentaria de 12 de los 17 miembros cuya moneda es el euro, prescindiendo de los otros10, por lo que su viabilidad depende de que el proceso de ratificación sea rápido en el mayor número de Estados posible.

Teniendo en cuenta que el TSCG es del 2 marzo de 2012, es evidente que la reforma constitucional plasma con nueve meses de antelación, y en el marco legal más alto, una obligación que aún no había contraído.

2. Tramitación parlamentaria de la Ley 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Para rematar el patético vodevil de extorsión y sojuzgamiento de cualquier resto de soberanía, el Proyecto de Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, que supuestamente obedece el mandato del nuevo artículo 135 de la Constitución y “da cumplimiento al Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión económica y Monetaria, de 2 de marzo de 2012…†, tiene los siguientes plazos de tramitación:

  • Se aprueba en el Consejo de Ministros de día 2 de marzo, tras los correspondientes informes como el del Consejo de estado, el mismo día de la firma del TSCG, del que supuestamente emanaba.
  • Es remitido por el Gobierno al Congreso5, solicitando el procedimiento de urgencia, al día siguiente de la firma del TSCG.

El procedimiento absolutamente servil por el que se establece el mecanismo más férreo para impedir el ejercicio de la soberanía política en los gobiernos de todos los niveles del Estado pone de manifiesto la jerarquización militar con la que los ejecutivos y los grupos parlamentarios que representan a la burguesía implementan sus órdenes y sitúa claramente a la UE en el nivel máximo del escalafón. Y la confirmación de la desaparición de cualquier vestigio de democracia.

La Ley 2/2012 fue votada por PP, CiU, UPyD, Foro y UPN, en total 192 votos, superando apenas la mayoría absoluta de los diputados, requerida por su carácter de Ley Orgánica.

El PSOE, a pesar de que la Ley de Estabilidad Presupuestaria desarrolla el artº 135 de la CE, propuesto por su Gobierno y votado por su Grupo Parlamentario, tras intentarse in extremis un acuerdo con el PP, interrumpiendo para ello el Pleno del Congreso, votó en contra de la Ley porque defendía que el tope máximo del déficit estructural fuese del 0,4% del PIB6, frente al 0% que finalmente se aprobó.

Para rizar el rizo de las florituras parlamentarias y profundizar el lodazal de confusión y mentiras en el que se arrastra la política institucional, el TSCG – votado por el Congreso el 21 de junio de 2012 – recibe el apoyo de PP, PSOE, PNV, CiU, CC y UPyD. La actitud incoherente de grupos como PSOE, PNV y CiU debe situarse a medio camino entre el papanatismo europeísta y el más descarado oportunismo para sustentar una labor de oposición al PP cada día menos creíble.

Los partidos de izquierda que votaron en contra de ambos proyectos se han limitado a los debates, declaraciones de prensa y votaciones parlamentarias, sin que hayan dado ningún paso explicar al pueblo trabajador la enorme trascendencia de la nueva Ley, ni mucho menos para promover plataformas de movilización para exigir la derogación de ésta.

3. Contenido de la Ley 2/2012

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