Esquerra Unida Els Verds Ajuntament d’Aldaia

CCOO, UGT y otros sindicatos inician campaña conjunta en todos los centros de trabajo contra el Proyecto de Ley de la Reforma Local aprobado el 26 de julio por el Consejo de Ministros

En una primera etapa se van a solicitar pronunciamientos públicos de todos los órganos unitarios en las Entidades Locales Valencianas.

Los pronunciamientos (se adjunta modelo) deberán estar realizados y entregados a la organización correspondiente antes del 14 de octubre del presente.

Los presidentes/as de las Juntas de Personal o Comités de Empresa, así como los delegados/as de personal allí donde corresponda, deberán responsabilizarse de que esto se lleve a cabo y entregar original de los pronunciamientos a la organización a la que pertenezcan con objeto de hacer acopio de los mismos para su posterior entrega de manera colectiva en la Delegación o Subdelegación del Gobierno que corresponda, en el marco de las concentraciones que se convocarán al efecto a finales de octubre’13.

Copia del escrito de pronunciamiento se entregará igualmente, una vez se produzca, en cada entidad local y a los grupos políticos de la misma.

Al mismo tiempo se hace un llamamiento para que se organicen todo tipo de acciones conjuntas como jornadas, asambleas, charlas, etc., allí donde se estime oportuno de manera colectiva y conjunta.

Se debe instar al resto de organizaciones sindicales a que allí donde tengan presencia se sumen a la organización y movilización de la protesta.

Se insta a la intervención de las Confederaciones en tanto en cuanto este asunto transciende de lo que supone una reivindicación sectorial al pasar a afectar a la ciudadanía en general en todos los aspectos políticos, económicos y sociales.

ANEXO

Modelo de pronunciamiento de los órganos unitarios del personal de las entidades locales valencianas en contra del Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local aprobado por Consejo de Ministros el pasado 26 de julio de 2013.

La Junta de Personal/Comité de Empresa/Delegado_a del Personal (tachar lo que no proceda) de la Entidad Local .................................................................... .............................................................................................................................. reunidos en sesión plenaria de fecha ..........................acuerdan suscribir el siguiente pronunciamiento público:

El proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local aprobado en el Consejo de Ministros de 26 de julio de 2013, a diferencia de lo que se predica del mismo es una ley que NO define de forma precisa las competencias de las entidades locales ni elimina duplicidades garantizando que cada Administración Estatal, Autonómica o Local tenga el nivel de financiación adecuado a los servicios que presta a la ciudadanía.

Desde la aprobación de la Ley de Bases de Régimen Local en 1985 (Ley 7/1985, de 2 de abril) han pasado 28 años y la llamada segunda descentralización de las Comunidades Autónomas a los Gobiernos Locales no se ha producido a pesar de la importante transformación social que en este periodo se ha experimentado en los municipios.

El desarrollo del estado de bienestar ha supuesto un notable incremento de servicios en el ámbito municipal para atender la creciente demanda ciudadana, la implantación de estos servicios no ha contado con una financiación adecuada y estable por parte de las instituciones competentes en la materia, lo que ha generado mucha eventualidad laboral y privatizaciones en los servicios.

No es verdad la justificación de que es necesario ajustar su contenido a la Ley de Estabilidad Presupuestaria y el Control del Déficit Público. Según datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas, las entidades locales son las Administraciones con menor déficit, -0.20%, frente al -1.73% de las Comunidades Autónomas y el -6.98% de la Administración Central (éste se incrementaría en un 3.25% si se incluyen las ayudas a la banca).

Los órganos unitarios del personal de las entidades locales, ya sean Juntas de Personal, Comités de Empresa o Delegados y delegadas de Personal nos incorporamos a la campaña por la retirada del proyecto de ley y exigimos una verdadera negociación y consenso en la modificación de la normativa que debe regir para la administración local y ello porque observamos en dicho proyecto que:

  1. Implica una importante pérdida de capacidad política y económica de los Ayuntamientos.
  2. Invade competencias de los Estatutos de Autonomía en materia local, así como otras legislaciones de carácter sectorial sobre inmigración, mujer, educación, etc.
  3. Vacia la capacidad de gestión de los Ayuntamientos de los municipios de menos de 20.000 habitantes.
  4. No clarifica las competencias de cada administración, sino que subordina el papel de los Ayuntamientos a Diputaciones y Gobiernos Autonómicos, recentralizando competencias de control y normativa a favor del Estado.
  5. El proyecto de Ley es contrario a los principios establecidos en la Carta Europea del Autonomía Local, ratificada por el Estado Español el 20 de enero de 1988, que define en su Art. 3, el concepto de Autonomía Local como “el derecho y la capacidad efectiva de las Entidades Locales de ordenar y gestionar una parte importante de los asuntos públicos†y, en su Art. 4, Alcance de la Autonomía Local “el ejercicio de las competencias públicas debe, de modo general, incumbir preferentemente a las autoridades más cercanas a los ciudadanos†.
  6. Supone la destrucción de empleo público local mediante la supresión de servicios, planes de ajuste y privatizaciones, bajo la escusa de la reducción del sector público local para el cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad financiera (según el Mº: un 16,4%, tal sólo entre 2011 y 2012, 108.098 empleos destruidos). Y limita la capacidad de negociación de las condiciones laborales del personal al servicio de las entidades locales. A través de la ley de PGE se podrá limitar el máximo y mínimo de los conceptos retributivos del personal al servicio de las Entidades Locales.
  7. El proyecto de Ley prevé que por una Orden Ministerial se establezcan los criterios para fijar el “coste de los servicios†, por tanto criterios con un importante grado de flexibilidad en manos del interés político del Mº en cada momento y que sin duda influirá en la determinación de la financiación de los servicios, los costes de transferencia, delegación de servicios, reversión a otra administración, evaluación de los servicios, la externalización, etc. Este elemento se convierte por tanto en una pieza clave que condicionará la gestión municipal y su autonomía para determinar sus costes internos, incluidos los de personal.

Del presente acuerdo se da traslado a la propia entidad local:...................... ......................................................, a los grupos políticos con representación en la misma, a la Delegación de Gobierno o Subdelegación que corresponda.



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