Esquerra Unida Els Verds Ajuntament d’Aldaia

EU del Ayuntamiento de Aldaia rechaza los recortes de las pensiones que ha comprometido Rajoy a la Troika europea, y exige en una moción una consulta ciudadana para blindar constitucionalmente el sistema público de pensiones

Como viene denunciando IU, el Gobierno Rajoy pretende esconderse en un informe técnico para ejecutar una nueva agresión ya prevista en su II Plan de Ajuste, remitido a la Comisión Europea en mayo pasado. Porque lo que se plantea no es otra cosa que mayores recortes de las pensiones, para seguir fomentando los planes privados por medio del deterioro de las prestaciones públicas, es decir reduciendo la cuantía de las pagas periódicas y alargando el tiempo necesario para cobrar la jubilación.

Los planes del PP que la Troika europea impone lo que persiguen en realidad es poner en manos del capital especulativo la ingente suma de dinero que suponen las aportaciones de los trabajadores y trabajadoras española y del empresariado. Es decir, dejar en manos del “mercado†el destino de miles y miles de pensionistas a los que este modelo privado nunca podrá garantizar un futuro digno y estable, puesto que se trata de un mercado financiero y especulativo que ya ha demostrado muchas veces ser incapaz de dar estabilidad a los ahorros de los/as ciudadanas. Al situar parte de la pensión futura en manos del ahorro privado, lo que se hace es eliminar la garantía de cobro de esa parte de la pensión, ya que hoy en día se ha demostrado que ninguna entidad financiera, ni fondo de inversión puede garantizar lo invertido.

Juanjo Llorente, portavoz de EU en el Ayuntamiento de Aldaia, señala: “Las propuestas del Gobierno Rajoy para recortar las pensiones actuales y futuras suponen una grave estafa a los trabajadores y a los actuales pensionistas que en su día aportaron para financiarse el salario diferido que son ahora sus pensiones, ya que ahora se les quieren reducir las cuantías percibidas ahora, y también las futuras, apelando a unos cálculos torticeros sobre la presunta insostenibilidad del sistema público de pensiones. Sin embargo, la realidad es que aún queda mucho margen, a juzgar por los 63.400 millones hoy existentes en el fondo de reserva, y que lo que hacen falta son otras políticas, dirigidas a incrementar las aportaciones por la vía de una reforma fiscal progresiva (que paguen más los que más tienen) y persiguiendo con medios suficiente el gran fraude fiscal†.

“La moción presentada para que pueda debatirse y ser de conocimiento público en el municipio, sigue diciendo Juanjo Llorente, lo que propone es echar para atrás cualquier eventual recorte del sistema público de pensiones y apoyar un mecanismo de blindaje jurídico-constitucional de este sistema, a fin de evitar que en el futuro, unos u otros gobernantes vuelvan a ser tentados por los cantos de sirena del capital financiero europeo†.

ANEXO.-Moción en defensa del sistema público de pensiones y por el “blindaje†constitucional del mismo

Nuestro Sistema de Seguridad Social y de pensiones es uno de los principales instrumentos de redistribución de la riqueza en nuestra sociedad. Supone, por sí mismo, un mecanismo de igualdad basado en la solidaridad interterritorial e inter generacional que debe ser cuidado y preservado con especial atención por los poderes públicos, tal y como mandata la Constitución de 1978.

Las pensiones, en tanto “salario diferido†de los y las trabajadoras y derecho básico ciudadano, además de constituir un factor determinante para lograr la cohesión social general y, cada vez más supuestamente, el acceso a unas mínimas condiciones dignas de vida del conjunto de la población y especialmente de las personas mayores, juegan también un papel cada vez mas importante en muchas economías domésticas familiares, al representar la única fuente estable de ingresos y posibilitar sostener una demanda de bienes y de servicios que, a su vez, son motor de crecimiento y de creación de empleo.

Debido a todo ello, siempre debemos rechazar aquellas políticas que bajo la excusa de la crisis económica y el déficit pretenden recortar este sistema público de previsión social y los derechos de los pensionistas actuales y futuros. De hecho, estas son las intenciones del actual Gobierno Rajoy, que a fin de justificar nuevos recortes de las pensiones, ha encomendado a un supuesto “grupo de Expertos†la redacción de un informe que ampara y trata de justificar esas mismas intenciones.

Este informe, presentado a principios de junio por ese presunto consejo de “sabios†lo único que propone es avanzar en la misma línea seguida por el tristemente llamado “pensionazo†, que impuso en la legislatura pasada el gobierno Zapatero, acatando servilmente las mismas directrices emanadas desde la troika europea. Por ello mismo, nuestra fuerza política, que en su día luchó contra el pensionazo que, entre otras cosas, retrasa la edad de jubilación hasta los 67 años, ahora no puede más que oponerse a este nuevo intento del PP por aprovechar la grave crisis económica para quitar derechos a los pensionistas presentes y futuros que no pueden pagarse un plan privado y, al tiempo, cumplir con las directrices impuestas desde Bruselas.

EI mencionado informe plantea diferentes formulas de ajuste que, básicamente, se resumen en tres: desvincular la subida de las pensiones del IPC y ligar las cuantías a las cuentas de la Seguridad Social establecidas en cada presupuesto del estado, reducir la pensión inicial con el argumento de considerar la esperanza de vida, y adelantar los plazos de entrada en vigor del alargamiento de la edad de jubilación y de los nuevos sistemas de cálculo más lesivos para los trabajadores y trabajadoras.

Sin embargo, somos muchos los que entendemos que dicho documento resulta parcialísimo, injusto y erróneo. Parcial porque ocho de los doce "expertos" que lo firman están vinculados profesionalmente o fueron asesores de bancos y empresas de seguros, por lo que no parece descabellado suponer que, detrás de sus opiniones y valoraciones, se esconde la intención de meter miedo a la población para disminuir la expectativa de pensión y forzar el crecimiento de los planes y fondos privados.

El informe es también injusto porque sólo se perjudica a los trabajadores, cuando España tiene un gasto en pensiones inferior a la media europea (10,7% frente al 13,5% del PIB) y, además de eso, sigue existiendo un fondo de reserva de la seguridad social, como garantía en tiempos de crisis, que supera los 63.400 millones de euros y que debería emplearse antes que establecer nuevos y dolorosos recortes.

Y finalmente, el documento es equivocado en la medida en que sólo incide en el recorte del gasto en pensiones y no se preocupa por la mejora de los ingresos a través de una política económica orientada al empleo, a la mejora de los salarios, al aumento de las cotizaciones y de los ingresos fiscales.

Además, tampoco parece muy acertado apelar a una previsión del aumento de la esperanza de vida cuando, por primera vez en medio siglo, se ha producido una inflexión que se acentuará con la catástrofe social que vive este país ycon la que ya se están justificando amplios recortes en el sistema público de salud.

Nos encontramos, pues, ante un nuevo ataque a una prestación social, una vuelta atrás de las conquistas obreras del siglo XX. Pues no hay que olvidar que gracias a las pensiones públicas se evita la pobreza de muchas personas mayores sin otra fuente de ingresos. E igualmente, reducir el poder adquisitivo de las pagas también supondrá condenar a muchas familias a no contar con este vital soporte económico con el único objetivo de continuar beneficiando a los más ricos frente a los trabajadores.

En definitiva, las medidas sugeridas por el mal llamado "grupo de expertos" suponen una propuesta esencialmente antisocial y que persigue relanzar en nuestro país y estado el mercado de los planes privados de pensiones. También lo han interpretado de este modo la recién constituida Mesa Estatal pro Referéndum de las Pensiones (MERP), iniciativa integrada por cientos de organizaciones sociales, sindicales y políticas españolas y valencianas, que ya ha entregado al Defensor del Pueblo las primeras 217.000 firmas demandando, mediante la realización de un referéndum donde el conjunto de la sociedad española podamos decidir democráticamente, una reforma de la Constitución que incluya la prohibición expresa de que cualquier gobierno, actual o futuro, pueda tocar, recortar o privatizar el sistema público de pensiones.

Por todo ella, el Grupo Municipal de EU propone las siguientes

1.-Este Ayuntamiento acuerda manifestar su rechazo a las propuestas y conclusiones recogidas en el informe sobre el futuro de las pensiones en España, elaborado por un presunto grupo de expertos, con el que trata de justificarse un nuevo ataque al sistema público des pensiones.

2.- Este Ayuntamiento acuerda instar al Gobierno central a paralizar cualquier intento de reforma del actual sistema público de pensiones que conlleve recortes en el poder adquisitivo de los y las pensionistas de este país, tanto en el presente como en el futuro.

3.-Este Ayuntamiento acuerda, finalmente, sumarse a la iniciativa ciudadana presentada por la MERP que propone la realización de un referéndum para reformar la Constitución con el objeto de “blindar†el sistema público de pensiones, dejándolo fuera del alcance de los Gobiernos de turno y de los compromisos que hayan contraído o puedan contraer con la UE.



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