Esquerra Unida Els Verds Ajuntament d’Aldaia

EU de Aldaia defiende la libre elección de las mujeres en la interrupción del embarazo y solicita la retirada del proyecto de ley del ministro Gallardón contra el aborto, y que la red sanitaria pública valenciana garantice el derecho de todas las mujeres a decidir

Con este propósito, el concejal de EU en el Ayuntamiento ha presentado para su debate plenario una moción titulada “Moción en favor del derecho a decidir de las mujeres y por la retirada de la ley contra el aborto del ministro Gallardónâ€

Esta iniciativa, que forma parte de una campaña más amplia impulsada por IU federal y por EU, trata de dar respuesta contundente a las intenciones declaradas por el Gobierno del Partido Popular de aprobar una nueva regulación del aborto marcadamente sexista y patriarcal, reaccionaria. Porque, como ilustra la exposición de motivos de la moción presentada, la nueva regulación planteada por el Ministro Ruiz Gallardón supondrá, entre otras cosas:
- La vuelta a una Ley de indicaciones en la que las mujeres no podrán decidir, sino que serán los médicos quienes decidan por ellas.
- Supresión de los plazos (14 semanas) en que las mujeres pueden decidir libremente abortar o no ante un embarazo no deseado.
- Eliminación de la posibilidad de interrumpir el embarazo cuando exista malformación fetal.
- Fiscalización intolerable respecto al supuesto de riesgo para la salud de la madre, que será valorado por profesionales externos qu serán los que decidan en lugar de la propia mujer.
- Supresión de la opinión de las jóvenes entre 16-18 años en un tema tan importante como es decidir si se desea o no ser madre y en qué momento de la vida.

Desde IU y Esquerra Unida consideramos que, con esta propuesta legislativa, el PP ha traspasado la línea de la ofensa hacia la mujer con un discurso fundamentalista en el que se ha llegado a comparar la interrupción del embarazo con ETA. Un posicionamiento ofensivo en un contexto en el que la ley del aborto que se pretende aprobar significaría volver a tiempos del franquismo. Porque, como viene señalando el Tribunal constitucional, el derecho de las mujeres a elegir sobre su maternidad es un derecho fundamental y, como tal, no puede ser limitado o restringido siguiendo los criterios de determinados estamentos religiosos y “ultras†. También a escala europea e internacional existe una práctica unanimidad con respecto a que hay que potenciar el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y sobre su maternidad, por lo que de nuevo España corre el riesgo de convertirse en el último bastión del fundamentalismo cristiano.

Juanjo Llorente, concejal portavoz de EU señala:†Aunque la alcaldesa sigue empeñada en ningunear a la oposición e invisibilizar nuestras propuestas y planteamientos, no lo va a conseguir. Por eso planteamos al pleno de esta Corporación esta propuesta de debate sobre un tema absolutamente central para la vida cotidiana de muchas personas de Aldaia, como es la cuestión de la maternidad y la libertad de las mujeres para decidir con respecto a ella. Se trata de un tema importante porque, como en tantos otros temas, existe una gran distancia entre la realidad y la moralidad que tratan de imponer hipócritamente. Por ejemplo y como señalo en la moción, no puede ser que actualmente la ley permita relaciones sexuales a las niñas de 13 años y sin embargo imponga una tutela paterna hasta los 18 años a la hora de la maternidad†.

“También es importante esta cuestión, sigue diciendo Juanjo Llorente, porque además de otras cuestiones, la población de Aldaia es mayormente de edad media y hay muchas familias y núcleos de convivencia que padecen este problema junto con las dificultades económicas y sociales derivadas del paro y la desprotección social crecientes. Con la nueva regulación del gobierno, que busca prohibir el aborto y restringir sus derechos a las mujeres (en Aldaia suponen más del 50% de la población) quieren hacernos volver a tiempos del franquismo, pero eso va a ser imposible mientras mantengamos y defendamos nuestros derechos y libertades. Por eso hemos propuesto esta moción y debate abierto al que llamamos a pronunciarse al pueblo de Aldaia†.

ANEXO. Moción en favor del derecho a decidir de las mujeres y por la retirada de la ley contra el aborto del ministro Gallardón

Juanjo Llorente Albert, Portavoz del Grupo Municipal de EUPV en el Ayuntamiento de Aldaia, en nombre y representación del mismo, mediante el presente escrito, y en uso de las atribuciones que le confiere el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre), eleva al Pleno de la Corporación para su debate.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Ministro de Justicia ha anunciado que el Gobierno de España va a presentar una nueva ley sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Según lo ya dicho en prensa por el Ministro Ruiz Gallardón, la nueva regulación supondrá:
- La vuelta a una Ley de indicaciones en la que las mujeres no podrán decidir, sino que serán los médicos quienes decidan por ellas.
- Supresión de los plazos (14 semanas) en que las mujeres pueden decidir libremente abortar o no ante un embarazo no deseado.
- Eliminación de la posibilidad de interrumpir el embarazo cuando exista malformación fetal.
- Fiscalización intolerable respecto al supuesto de riesgo para la salud de la madre, que será valorado por profesionales externos que serán los que decidan en lugar de la propia mujer.
- Supresión de la opinión de las jóvenes entre 16-18 años en un tema tan importante como es decidir si se desea o no ser madre y en qué momento de la vida.

El PP olvida la realidad, pero ésta es tozuda, y cualquier legislador que quiera proponer cambios debería estar atento a la sociedad en al que vive. Hoy la sociedad española no tiene ningún conflicto con la actual ley de IVE, no es una preocupación de la sociedad que ve mayoritariamente positiva la actual ley.

Otra mirada a la realidad nos dice que la política de prevención de los embarazos y la educación sexual y reproductiva han perdido peso en nuestras políticas públicas. Parece no preocuparles a los gobiernos del PP (central y autonómicos) las políticas preventivas en esta materia, ya sea para prevenir embarazos, como para prevenir ETS, como para unas relaciones en igualdad y respeto; solo los planes, programas de prevención y educación sexual darán frutos a medio y largo plazo, más allá de las prohibiciones.

También se olvidad de la realidad de que una joven en España puede mantener relaciones sexuales sin consentimiento a partir de los 13 años y sin embargo esta ley exige a esa misma joven que tenga la autorización paterna para una IVE hasta los 18 años.

Se olvida también de una realidad más sórdida, las mujeres/jóvenes violentadas en el seno de su familia o fuera y que no se atreven a denunciar esta situación o son obligadas a callar, y que fruto de esa violencia quedan embarazadas ¿cómo van a pedir a sus propios agresores permiso para abortar?

Que exista una ley que regule el aborto no obliga a ninguna mujer a abortar, pero le permite hacerlo en las mejores condiciones, sin condenas morales o éticas, haciéndola dueña de su propia decisión en libertad,…la ley que propone Gallardón hace a las mujeres menores de edad, sujetos sin derechos sobre su propio cuerpo, nos devuelve a tiempos que ya creíamos superados, supondrá un divorcio entre las mujeres y el PP, entre las mujeres y la Iglesia, entre las mujeres y el personal sanitario, entre las jóvenes y sus padres.

El PP prepara, en definitiva, una contra reforma en esta materia que, en lugar de mejorar la ley vigente, supondrá un grave retroceso en términos de derechos y de garantías públicas a la salud sexual y reproductiva y al bienestar de las mujeres. Se trata de una vuelta al pasado que retrocede incluso más allá de la primera ley del año 1985, y que provocará que las mujeres españolas sólo tengan dos opciones, abortar fuera de España si tienen recursos para ello como se hacía en tiempos de Franco, o bien hacerlo aquí pero en condiciones de clandestinidad con el consiguiente riesgo para su salud y su vida.

Las leyes restrictivas del aborto no reducen el número de abortos, solamente incrementan la cantidad de mujeres muertas o que pierden su salud porque abortan en la clandestinidad y en condiciones insalubres. Por ello, en los últimos 28 años 36 países han liberalizado en el buen sentido sus leyes de aborto, mientras que la inmensa mayoría de países europeos permite la interrupción voluntaria del embarazo sin justificación hasta la semana 14, oscilando entre la semana 10 de Portugal y las 24 semanas de Holanda. Esta cuestión es tan clara que ya en el año 2008 el Consejo de Europa aprobó una recomendación a sus 47 países defendiendo el derecho a un aborto legal y sin riesgos, a cargo de cada Estado como mejor forma de garantizar que esta práctica sea accesible y segura. E igualmente se sugería despenalizar el aborto donde sea delito, y lo más importante para nuestra situación actual: el Consejo se muestra a favor de una ley de plazos y reclama clases de educación sexual obligatorias para los jóvenes.

En España, el Tribunal Constitucional ya en 1985 dejó claro que, para los casos de aborto, no estamos ante un conflicto entre dos derechos fundamentales, el de la madre y el no nacido. Los únicos derechos fundamentales afectados son los derechos de las mujeres, puesto que el no nacido es un bien jurídico que queda debidamente protegido por la legislación actual.

Asimismo, la Ley vigente de salud sexual y reproductiva (IVE), aprobada en el año 2010, fue avalada plenamente por el Consejo de Estado, que en aquel momento, argumentaba que era necesario reformar la regulación para adecuarla a la realidad y además destacaba la plena constitucionalidad de su articulado. Pero, pese a ello, el PP presentó un recurso de inconstitucionalidad, igual que contra los matrimonios homosexuales, todavía no resuelto por el Tribunal Constitucional. Y aún así, en lugar de esperar al dictamen del Tribunal Constitucional, el Ministro Ruiz Gallardón ha planteado esta nueva contra reforma, plegándose a las demandas de los sectores religiosos y más ultraconservadores. Porque de lo que está hablando Gallardón, siguiendo las órdenes de la Conferencia Episcopal, es de eliminar el derecho a decidir de las mujeres, aunque ello se haga a costa de poner en riesgo la salud y su propia vida.

Frente a esta involución planeada en derechos y libertades de las mujeres, ya son muchas las organizaciones feministas, plataformas y movimientos que plantean incluso ir más allá de la vigente ley de 3 de marzo del 2010, que reivindican que el aborto sea voluntario, que se elimine del código penal y que se mejore la aplicación de la actual normativa, porque tiene aun aspectos por desarrollar muy importantes en materia de educación sexual y anticoncepción, en la prevención de embarazos no deseados y en la atención a las IVE en condiciones de equidad en todo el territorio nacional y en la red sanitaria pública.

Desde EU entendemos que no se puede legislar a espaldas de la realidad, y es una realidad que las mujeres en todas partes del mundo, toman la decisión de abortar, ante algunas situaciones, con independencia del amparo legal que haya. Por eso apoyamos el manifiesto “Decidir nos hace libres†a favor del derecho de las mujeres a decidir libremente sobre la interrupción de su embarazo como parte fundamental de los Derechos Humanos, porque el ejercicio de este derecho no puede ser regulado por el Código Penal. Exigencia que está respaldada, como acabamos de ver y hay que reiterar, por Naciones Unidas, que recientemente ha recomendado a España garantizar también la plena aplicación de la Ley Orgánica2/2010 de 3 de marzo de 2010 en todo el territorio nacional y la adopción de un procedimiento básico común a todas las comunidades para garantizar un acceso equitativo a la interrupción voluntaria del embarazo; para asegurar que el ejercicio de la objeción de conciencia por parte de médicos y de otros miembros del personal sanitario no constituya un obstáculo para las mujeres que quieran poner fin a un embarazo, tal como ocurre en particular en la Comunidad de Madrid y también en el País Valencià, igualmente gobernados por el PP.

La mejor forma de reducir el número de abortos no es negar el acceso a procedimientos legales y seguros a las mujeres, sino darles el poder de controlar su fecundidad y de prevenir los embarazos no deseados. En pleno Siglo XXI y con todo el desarrollo producido en la civilización del género humano, no caben más tutelajes a las mujeres en materia de aborto y sexualidad.

Por todo ello desde el grupo municipal de Esquerra Unida exigimos mejorar la salud sexual y reproductiva de las mujeres y no justo lo contrario, y rechazamos la propuesta retrógrada y sancionadora del Partido Popular y presentamos a la consideración del Pleno de esta Corporación las siguientes

PROPUESTAS DE ACUERDO

1.- El Pleno de este Ayuntamiento acuerda apoyar y defender el derecho de las mujeres una maternidad libremente decidida, lo que implica, entre otras cosas, que las mujeres puedan decidir sobre la continuidad o interrupción de su embarazo y que esa decisión consciente y responsable sea respetada, tal como plantea el manifiesto “Decidir nos hace libres†elaborado por la Plataforma Estatal En Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos que agrupa a más de 140 organizaciones sociales y de mujeres, así como la Plataforma Mujeres ante el Congreso.

2.- El Pleno del Ayuntamiento rechaza cualquier injerencia en los derechos sexuales y reproductivos y, entre ellos, el derecho a una maternidad libremente decidida, porque así trate de imponerlo cualquier moral religiosa, y recuerda al Gobierno de España la aconfesionalidad proclamada en la Constitución.

3.- El Pleno del Ayuntamiento acuerda rechazar la regresión que supondría la anunciada contrarreforma del ministro Gallardón y por ello solicita su retirada.

4.- Finalmente, este Ayuntamiento insta también a la Generalitat Valenciana para que facilite a toda mujer residente en el País Valencià y que quieran practicar una interrupción voluntaria del embarazo, un acceso libre y gratuito a la asistencia integral dentro de la Red Sanitaria pública.



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