Esquerra Unida Els Verds Ajuntament d’Aldaia

Por un pacto constitucional republicano de dignidad y justicia “delenda est Monarchia†. Jose Luis Pitarch

Texto de la ponencia presentada en la Conferencia de Oviedo del pasado 21 de marzo 2013

“Todos los seres humanos nacen iguales en derechos†(Art. 1º de la Declaración Universal de Derechos Humanos)

I

Permitidme comenzar recordando mi emocionante anterior viaje a Asturias, concretamente a Mieres y Turón, hace algo más de dos años, para intervenir junto a cayo Lara y Miguel A. Rodríguez en un doble y emocionante Homenaje: a Marcos Ana, el gran luchador antifranquista, el poeta escritor durante innumerables años de cárcel; y una ofrenda floral a los asesinados por la barbarie fascista y arrojados como alimañas muertas al “Pozu Fortuna†minero. Honrando a Marcos Ana, lo hacíamos a la vez a aquella inmensa dignidad política, moral y jurídica que marcó una época de lucha por las libertades, por la dignidad de los/as españoles, entonces arrebatada por el infame césar marroquí y sus secuaces. Una lucha en la que, ¡ay!, estamos hoy de nuevo bajo una renovada y siniestra amenaza a la Democracia, cuando esa feroz hidra del gran dinero, el gran capital oligárquico-depredador, ejerce una nueva forma de terrorismo, el terrorismo financiero-bancario-especulador, que trata de aplastar nuestros derechos más irrenunciables, nuestra dignidad democrática; lo cual, apuntemos desde ya, es tanto como decir nuestra dignidad republicana. Pues tanto monta, monta tanto, usar una u otra palabra, Democracia o República, ya que demandar y luchar por una salida republicana a la actual parálisis de España es lo mismo que hacerlo por una salida democrática. Si el concepto “República†es universal, en España adquiere un papel especialmente vital, habida cuenta de nuestros terribles retrasos históricos y de las alianzas que hemos padecido entre el caciquismo, la Iglesia, el salvajismo capitalista, los militares antidemócratas y facciosos.

Ya es demasiada gangrena soportar una dinastía que, en los últimos dos siglos, ha afligido al pueblo español con monarcas como Carlos IV, quien abandonó la Corona en manos de Napoleón y su hermano, además de compartir su esposa reina con el apuesto Godoy; Fernando VII (el asesino, por ahorcamiento seguido de decapitación, de Riego y de la Constitución de 1.812); la Isabel II de incontables amantes (permítanme referirme a uno de ellos, Enrique Puig Moltó, el bizarro capitán de Ingenieros valenciano, probabilísimo padre de Alfonso XII); o el golpista y putero Alfonso XIII. Ya es demasiado el sufrir al actual Jefe de Estado que, al asumir por dedazo de Franco (el genocida verdugo de la II República gracias a Mussolini y Hitler) la Jefatura del Estado el 22/11/75, dirigía a las Fuerzas Armadas un solemnísimo Mensaje ensalzando las Leyes Fundamentales de la dictadura, a las cuales llamaba “fiel reflejo de la voluntad de nuestro pueblo†, ¡uf!, pues “se ha cumplido -–añadía— lo que nuestro pueblo y sólo él desea†. Y, de regalo, este ignominioso párrafo del mismo Mensaje del Rey franquista: “Expreso mi reconocimiento y gratitud a nuestro Generalísimo Franco, que nos ha dado un ejemplo único de amor a España y sentido de la responsabilidad†. He aquí el manantial de donde manó la monarquía de Juan Carlos, hoy más que amortizado. Y ya ven su desembocadura o sumidero: Urdangarines, Corinnas combinadas con elefantes africanos, escándalo Nóos que resulta “escándalo Familia Real†—por el papel de la Infanta y por el papel de altos funcionarios de la Real Casa como García Revenga—. Por no hablar de una fortuna del Monarca de 300.00 millones de pesetas reunidos partiendo de cero… en tanto el pueblo padece espantosas necesidades.

Mientras, la propia Constitución de 1.978 ve escarnecidos puntos tan fundamentales de la misma como el derecho al trabajo, a una vivienda digna (¡ay las feroces “cláusulas de suelo y techo†), a una remuneración suficiente para el ciudadano y para su familia, a una distribución equitativa de la renta, a una política orientada al pleno empleo, a prestaciones sociales suficientes para el desempleo, etcétera. Particular náusea produce que el actual e inmoral Gobierno de sirvientes del citado capitalismo depredador e inhumano se esté pasando por donde no digan dueñas el Art.49 CE, que ordena a los poderes públicos “amparar especialmente†—repito, especialmente— a los dependientes y discapacitados.

Mas ¿cómo cumple Su Majestad —para atajar estas canallas omisiones del Gobierno— el papel que le exige el Art. 56 de “su†Constitución —hecha a su medida—, el papel o función de moderador y árbitro de las instituciones? ¿Modera también S.M. que una trama de delincuentes como la Gürtel pague los fastuosos cumpleaños de los hijos de la ministra Mato? ¿Qué hace el gran à rbitro y Moderador Borbón para atajar la corrupción que supura por mil puntos de las instituciones? ¿Qué hace, aparte contradecir él mismo el espíritu de la propia Constitución, que establece el mérito y capacidad como bases para acceder a la función pública (Art. 103) y contrariar el 23, que determina el derecho de todo español a “acceder en condiciones de igualdad a los cargos públicos†? ¿Méritos franquistas? ¿Capacidad para atender amantes?

Temo que la terrible respuesta de fondo a estas preguntas es que nuestro actual sistema o “régimen†padece un grave déficit de Justicia, es decir, de Legitimidad. Y aclaremos que aplaudimos unas partes de la actual Constitución -–como la tabla de Derechos y Libertades que venimos de citar, los cuales constan en el Título I de la misma— pero impugnamos otras partes por no legítimas (no se identifican legalidad y legitimidad, piénsese en la legalidad franquista o la de Pinochet o Videla.) No son legítimos aquellos puntos de la Constitución que se hicieron bajo presión y coacciones del todavía poderosísimo franquismo, bajo temibles “ruidos de sables†, y bajo vigilancia directa de personajes fascistoides como Fraga Iribarne, que en cualquier otro país de Europa hubieran sido carne de cárcel de por vida, como lo fue, por poner un solo ejemplo, el mariscal Philippe Pétain (para no hablar de Pierre Laval, su primer ministro, fusilado por De Gaulle; ya que somos opuestos a la pena de muerte).

Tenemos, en fin, una serie de pasajes de CE 1978 evidentemente ilegítimos, entre los que destaca de plano el Título II, relativo a la Monarquía, verdadero trágala. El Rey está blindado, no puede ser imputado penalmente ni siquiera se le puede poner una demanda civil: es irresponsable jurídicamente, Art. 56 CE. ((A lo que surge el chiste espontáneo: ¿sólo jurídicamente?)). Por otra parte, Art. 65 CE, el Rey recibe enormes sumas de dinero de “los Presupuestos del Estado†(esto es, del dinero de todos nosotros) “para su Familia y Casa†, y hace lo que le da la gana con él, sin rendir ni publicar cuenta alguna a ninguna Institución. Además, esta monarquía impuesta tras el asesinato de la II República y el dedazo bajo palio, como la hostia santa, del césar bajito, con los obispos haciendo el saludo fascista, esta monarquía, además o lógicamente, es machista, discriminatoria para la mujer, humillantemente postergada respecto al varón. Es que los fascistas, aún muy poderosos en 1977-78, vigilantes como halcones de la elaboración de la Constitución, los fascistas, como saben ustedes, son muy machos.

No me extenderé mucho más respecto al Título II de la Constitución, aunque materia habría. Mas no me resisto a mencionarles dos de sus hitos que mejor reflejan la desconfianza en el pueblo y sociedad españoles/as por parte de aquellos comadrones o “padres†de la misma, unos por su talante fascista –-como Fraga o Cisneros—- otros, no fascistas, porque no había más remedio que “tragar†, que, si no, no había CE y ponían a otro generalito de Franco en el pódium. El primer hito a que me refiero es el Referéndum para “decisiones políticas de especial trascendencia†. Pues, como muchos de ustedes sabrán, tal referéndum es meramente consultivo, no obliga ni vincula al Gobierno, ni a su graciosa majestad ni a nadie. O sea, que al pueblo, alguna vez, se le oye, pero no se le escucha. En parecida línea (el otro “hito†), la Constitución no permite que se la reforme por Iniciativa Popular, ¡hasta ahí podíamos llegar! Sólo la pueden reformar las Cámaras; en la práctica, los partidos. La Democracia, en España, se llama Partitocracia.

En suma, en España diríase que aún no hemos llegado a Rousseau. Pues, como bien viera éste, la raíz y columna vertebral de un Estado y una Sociedad Democrática es el acuerdo o “voluntad general†del Pueblo soberano, es decir, del conjunto de hombres y mujeres a quienes pertenece, y únicamente a ellos, la Soberanía o máximo y primigenio poder. Que no pertenece, ni toda ni parte, a los Gobiernos ni a los monarcas ni a una familia que se la apropia por los siglos de los siglos. La Democracia es, en este orden de ideas, la otra cara del llamado “contrato social†entre los seres humanos, contrato que fundamenta el sistema político y jurídico, dotando a la sociedad de equilibrio, garantías y sentido de comunidad. Pero el referéndum que nos conceden graciosamente, ya hemos dicho, no es vinculante. No les sorprenderá que, mientras todas las CE españolas anteriores a la actual —es decir, la de 1812, la de 1837, la de 1845, la de 1869, la de 1876, la Republicana de 1.931 y el proyecto de CE de la I República— situaban a la Corona en un Título o Capítulo posterior a las Cortes, encarnación éstas de la Soberanía primigenia del pueblo, la CE 1978, por primera vez en dos siglos, posterga al pueblo y pone al Rey antes que a las Cortes. A quien piense en una casualidad o despiste, le aplicaremos la frase del gran Federico II de Prusia, intelectual, político y genio militar: “La casualidad es el dios de los tontos†.

II

Grave déficit de Legitimidad, pues, de la actual Monarquía impuesta por Franco, sumado a ilegitimidad, por su desprecio a la Justicia, del presente Gobierno de “derechona†mercenario del salvajismo capitalista, que utiliza la crisis económica para desmontar el Estado de Bienestar o Social, convirtiendo la Educación, la Sanidad, etcétera en suculento negocio de unos pocos. Traicionando así a la Democracia, al no residir el verdadero poder en el “demos†o pueblo titular de la Soberanía sino en esos colosales poderes económico-financiero-especuladores que se sirven de unos políticos poco interesados en lo social y que obtienen grandes beneficios personales a cambio. ¡Cómo añoramos aquella Escuela que enseñaba Democracia en la II República!

Y, con una lógica perversa, al no existir, sin Justicia, Democracia auténtica, no van a la cárcel los de las cuentas secretas y delictivas, producto de chanchullos y contubernios, sino les obsequian con amnistía fiscal por pagar una parte nimia de su inmensa defraudación. De pura lógica: son “los suyos†y les amnistían. En cambio, quieren criminalizar, vía Código Penal, la repulsa y protesta social en las calles, mientras los ciudadanos se tiran literalmente por la ventana en un callejón sin salida.

Y aquí toca volver a hablar de dignidad. Permítanme citarles algo en lo que siempre he insistido en mis clases de Derecho Constitucional (antes llamado “Derecho Político†) cuando tratamos de Libertades y Derechos Fundamentales, y de Principios Rectores de un auténtico orden social y político. Me refiero a un axioma convertido en Derecho Positivo, en mandato tajante del Art. 10 CE vigente: “la dignidad de la persona es fundamento del orden político†. A lo que añadimos que la huelga, la movilización social, las manifestaciones, son tan democráticas, por lo menos, como las Elecciones hipercontroladas por los partidos, los cuales tienden a convertir (no todos, por suerte) a los representantes populares en meros delegados suyos.

En síntesis o compendio de cuanto hemos expresado, y huyendo de cualquier “intelectualismo†, sencillamente afirmando que ser republicano es simplemente ser demócrata, entreguémonos, contribuyamos a extender la conciencia republicana, exigiendo un nuevo marco de convivencia en libertad, igualdad y solidaridad. Para ello tenemos —resumía un servidor en la Asamblea anual de Unidad Cívica por la República, el pasado día 10 de este marzo— la razón, la dignidad y la calle. Con las cuales reclamar una profunda Regeneración del sistema, un nuevo pacto constitucional que refuerce con máxima firmeza el papel redistribuidor del Estado, exigido por la Dignidad, la Legitimidad, la Justicia. En este camino, esforcémonos en alcanzar una unidad de fuerzas y movimientos republicanos (como sucedió en el gozoso advenimiento de la II República) que desemboque en un decidido proceso constituyente. Proclamemos, por tanto, como Ortega en 1.930: “DELENDA EST MONARCHIA†.



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