Esquerra Unida Els Verds Ajuntament d’Aldaia

EU Aldaia presenta una moción en defensa de la función social de la vivienda que insta a la Generalitat Valenciana y al propio Ayuntamiento a seguir la línea de la iniciativa desarrollada en Andalucía y a crear un Consejo municipal de la vivienda con participación social y de la PAH

Como han puesto de manifiesto las tres mociones presentadas con anterioridad por EU en Aldaia, la situación del municipio en esta materia es de alto riesgo. Porque el municipio tiene una pirámide de población bastante joven y altas tasas de paro y de precariedad social que favorecen la proliferación de desahucios y todo tipo de problemas de exclusión socioeconómica, mientras que también hay en el municipio un parque de vivienda vacía que, según la base de datos municipales de la Generalitat Valenciana llamada “ARGOS†el año pasado llegaba a las 2000 viviendas vacías, más del 30% del total.

Sin embargo, más allá de la implicación de los servicios sociales municipales en algunos casos, en Aldaia sigue existiendo una amplia desatención institucional hacia esta problemática de los desahucios y de la vivienda y el urbanismo. Motivo por el que EU plantea al Ayuntamiento que la Generalitat adopte un plan de garantía del derecho a una vivienda digna similar al que acaba de adoptar la Junta de Andalucía (ver en http://www.juntadeandalucia.es/boja...) y que también se implique solidariamente, creando un consejo municipal de la vivienda con amplia participación ciudadana y de las asociaciones anti deshaucios.

Juanjo Llorente, concejal portavoz de EU en el Ayuntamiento de Aldaia señala:†Mediante sucesivas mociones, hemos presentado muchas propuestas al PP municipal para avanzar en esta materia, como las de gravar el IBI de vivienda vacía o no cobrar el impuesto de plusvalías a las personas desahuciadas del municipio. Pero la gran mayoría de iniciativas (un total de 15 aproximadamente) las han rechazado. Esto tiene que cambiar cuanto antes, porque la presión social sigue aumentando y porque ya ha quedado demostrado ampliamente que SI SE PUEDE, en el marco de las actuales instituciones y régimen legal, cuanto menos poner coto a los intereses usureros de los bancos, urbanizadores desalmados y especuladores de todo pelaje†.

“En este sentido, también me siento obligado a señalar –continua diciendo Juanjo Llorente- que los escraches a políticos insensibles y a bancos especialmente avariciosos, son muchas veces el último recurso, la única opción que queda a los que no tienen nada y encima incluso eso se lo quieren quitar. Es lamentable y de una hipocresía intolerable que se permitan incluso actividades comerciales como el cobrador del frac, por ejemplo, y sin embargo se persigan con tanto celo y voluntad represiva los escraches. Pero hay alternativa a todo esto: cambiar hacia una sociedad mejor, más justa y por tanto republicana, democrática y socialista†.

Más información: Juanjo Llorente (670 264 915)

ANEXO. Texto de la moción presentada al Ayuntamiento de Aldaia

El 10 de diciembre 1948 la Asamblea General de la ONU aprobó una Declaración Universal en la que se estableció el derecho individual de cada persona “a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda…». Posteriormente el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 avanzó en este tutela efectiva de este derecho vinculando a los Estados Parte no sólo al reconocimiento del “derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados†sino también a garantizar las “medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho†.

En este sentido, nuestra Constitución en el artículo 47 recoge este derecho y la garantía de una vivienda digna y adecuada que, junto a la función social de la propiedad privada recogida en el artículo 33, constituyen uno de los pilares básicos del pacto social que da origen a la Constitución de 1978.

Hay que tener en cuenta que la asunción de estos Derechos entraña no sólo el reconocimiento de un derecho individual sino también la obligación de todas las Administraciones, empezando por la del Estado, de actuar, con todos los medios a su alcance, para garantizar estos derechos.

Sin embargo, y a pesar de esta exigencia las Administraciones durante mucho tiempo han mirado para otro lado y no han actuado regulando y dirigiendo el mercado de vivienda de manera que se garantizara para todas las personas una vivienda digna, en propiedad o en alquiler, donde cada persona pudiera desarrollar su proyecto vital.

La falta de vivienda, la imposibilidad de emanciparse o como ocurre en la actualidad, la pérdida de la vivienda provocada por un desahucio y la deuda arrastrada de por vida, supone la exclusión real de personas de nuestro sistema económico y social. Y esto a pesar de que nuestro ordenamiento jurídico, comenzando por nuestra Constitución, no permite el uso “antisocial de la propiedad†no permite el uso especulativo del suelo o la vivienda, el enriquecimiento injusto y las condiciones abusivas aprovechándose de un bien necesario. Por tanto, el uso como mercancía que se ha venido haciendo por algunos sujetos, especialmente las entidades bancarias, de la vivienda es un uso indebido y los poderes públicos están obligados a evitarlo. La función social de la vivienda, en suma, no es un límite externo a su definición o a su ejercicio, sino una parte integrante del derecho mismo. Utilidad individual y función social componen de forma inseparable el contenido del derecho de propiedad.

Pero es que además, la defensa de la función social de la propiedad y la garantía de una vivienda digna constituyen, hoy más que nunca, la garantía de la no exclusión de grandes capas de la sociedad y la defensa de la dignidad para todas las personas. Casi 300.000 familias en todo el Estado están afectadas por desahucios con una injusta regulación hipotecaria que hace que las personas no sólo pierdan sus viviendas sino que encima se queden con buena parte de la deuda.

Y mientras tanto existe un atesoramiento por parte de las entidades financieras de dichas viviendas, adquiriéndolas en ejecuciones hipotecarias a un precio muy inferior al que estas mismas entidades valoraron en la concesión de sus créditos, y manteniéndolas en muchas ocasiones desocupadas una vez han procedido al desahucio. Un entramado constituido por entidades financieras y sus filiales inmobiliarias, entidades de gestión de activos, incluidos los procedentes de la restructuración bancaria y entidades inmobiliarias dedicadas a la utilización de la vivienda como mercancía.

Esta situación puede ser calificada como emergencia social y económica y por tanto obliga a los Gobiernos que quieran acatar el contenido de nuestra Constitución a adoptar medidas extraordinarias y urgentes.

En este sentido es necesario extender las medidas adoptadas por el Gobierno Andaluz a través de la Consejería de Fomento y Vivienda mediante el Decreto-Ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda, ante la inacción demostrada por el Gobierno Central que no adopta las medidas de salvaguarda de dichos derechos a las que viene obligado y se niega a modificar la legislación hipotecaria que ha generado en buena parte este problema.

Por tanto tenemos que avanzar en medidas que como el Decreto andaluz suponen un “plan de choque en salvaguarda del bien jurídico protegido: el derecho a una vivienda digna†, acciones como obligar a la banca y sociedades filiales e inmobiliarias a declarar cual es el parque de viviendas vacías disponibles y sacarlas al mercado del alquiler, sancionar su incumplimiento o incluso expropiar temporalmente del uso de las viviendas en aquellos casos que vayan a ser desalojados ciudadanos en los que concurran circunstancias sociales, tales que su salida del domicilio, suponga una condena a la exclusión social o una amenaza para la salud física o psíquica.

E igualmente, desde Esquerra Unida consideramos que este Ayuntamiento también tiene en su mano la adopción de medidas encaminadas a proteger el derecho a una vivienda digna, especialmente de las personas y núcleos de convivencia sin recursos. En anteriores ocasiones ya hemos presentado hasta tres mociones proponiendo diversas iniciativas concretas que, en su mayoría, este gobierno municipal derechista ha rechazado.

PROPUESTAS DE ACUERDO

1.- Este Ayuntamiento acuerda instar al Gobierno de la Generalitat Valenciana a la adopción de medidas legales de similares características a las aprobadas por el Gobierno de Andalucía recogidas en el Decreto Ley 6/2013 de 9 de abril, de Medidas para Asegurar el Cumplimiento de la Función Social de la Vivienda en la Comunidad Autónoma.

2.- Este Ayuntamiento también acuerda trasladar el presente acuerdo a la Diputación de Valencia y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias para los efectos oportunos.

3.- Este Ayuntamiento acuerda igualmente, formar un consejo municipal de vivienda en el que participen representantes vecinales y de la plataforma anti deshaucios (PAH), al objeto de elaborar un plan de acción preferente en esta materia, dentro del municipio.



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