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¿Hasta cuándo Rajoy? Nuevas medidas antisociales del consejo de ministros del 15 de marzo

Carta semanal del Comité Central del POSI. 18-24 marzo

El viernes 15, el gobierno Rajoy ha aprobado dos nuevas “reformas†que contienen una ristra de recortes que afectan a los jóvenes trabajadores y al derecho a la jubilación y al desempleo.

Lo ha hecho apoyándose en la foto que le han brindado los secretarios generales de CCOO y UGT cuando acudieron a la Moncloa para asistir a la presentación de la “Estrategia de Empleo Juvenil†del Gobierno. A pesar de las críticas y excusas con que Toxo y Méndez la acompañaron, esa visita a la Moncloa fue vista con consternación por los trabajadores y afiliados como un acto de apoyo gratuito al Gobierno, reconociéndole una legitimidad que los trabajadores y la mayoría de la población le han retirado.

Así, después de aprovechar la tregua y la mano tendida que tras la Huelga General del 14 de noviembre le otorgaron esos dirigentes (olvidando incluso al parecer la anunciada campaña por un referéndum), ahora Rajoy, cuando más le aborrecen los pueblos, cuenta con gestos de apoyo para sostener sus ataques a los trabajadores.

Plan de Empleo Juvenil: aún más precariedad para la juventud trabajadora

El 27 de febrero, se publicaba un Decreto Ley “de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo†. La semana pasada,ese decreto y otras medidas eran presentados en la Moncloa, en presencia de los secretarios generales de UGT y CCOO, como parte de un Plan de Empleo Juvenil, en cuya redacción, dijeron Rajoy y la ministra de trabajo, Fátima Baños, los “interlocutores sociales†han participado.

El Plan de Empleo Juvenil propone, además de una larga serie de bonificaciones a las empresas (que pesan sobre la caja de la Seguridad Social y comprometen las pensiones futuras), medidas basadas en agravar la precarización de las condiciones de trabajo.

Hoy, más del 50% los jóvenes está en paro, y ¿qué les ofrece este plan? Minijobs a la española: empleos a tiempo parcial con el 50% de jornada, con bonificaciones de un 50% o un 100% en las cuotas a la Seguridad Social. Empleos con 300 ó 400 euros de salario. De hecho, teniendo en cuenta la escasa actuación de la Inspección de Trabajo, las empresas se garantizan la posibilidad de contratar por media jornada y obligar a los trabajadores a ampliar las jornadas, tal y como está ya ocurriendo aquí y de manera generalizada en Alemania.

También se “reforman†los contratos formativos, convirtiéndolos, de hecho, en un contrato precario más.

El plan fomenta escandalosamente la precariedad en forma de contratos temporales. Hasta ahora, los sindicatos han defendido siempre que todo empleo temporal debía tener una causa, debía corresponder a una actividad temporal. Ahora, para justificar legalmente un contrato temporal basta que lo firme un trabajador menor de 30 años, aunque el trabajo no sea temporal. Para los jóvenes, es la condena a la temporalidad, ahora legalizada, para siempre. Ese plan y las demás medidas de la que pomposamente llaman Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven [quiere decir Juvenil, pero el Gobierno pisotea también el castellano] no van a crear un solo puesto de trabajo, sólo buscan agravar la sobreexplotación de la juventud. Es la política de “empleo juvenil†de la UE. ¿Cómo pueden decir algunos comentarios sindicales que esas medidas son “insuficientes†?

Un brutal ataque a la jubilación anticipada

El 15 de marzo, el Gobierno ha aprobado también una profunda reforma de la jubilación anticipada, modificando unilateralmente el acuerdo sobre pensiones ASE, firmado con los sindicatos y la patronal. El objetivo de esta reforma del Gobierno es aplicar una exigencia de Bruselas: reducir el gasto en pensiones, el salario diferido que perciben los trabajadores y las trabajadoras cuando se jubilan. Como dijo la ministra Báñez en la presentación de estas medidas, “las recomendaciones de la Unión Europea siempre han ido en la línea de acercar la edad real de jubilación a la edad legal†.

Se decreta esta reforma, en particular, en el momento en que se preparan despidos masivos de cientos de miles de trabajadores, que de este modo se verán privados de las prestaciones a las que tenían derecho al perder su puesto de trabajo. Las consecuencias serían dramáticas para muchísimas familias trabajadoras.

El Gobierno ha decretado esta reforma desoyendo las protestas –bastante tímidas– de los dirigentes de UGT y CCOO y haciendo caso omiso de la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo. Como dice el diario El País, “cuando se trata de elegir entre Bruselas y el Parlamento, ya se sabe, el Gobierno, sea del PSOE o del PP, elige a la primera†.

Con esta reforma, se pretende el endurecimiento del acceso a la jubilación anticipada y parcial: a partir de abril se va a exigir más edad y más años cotizados, y, además, se pagarán menores pensiones.

La jubilación parcial, con esta reforma, se endurece tanto que va a desaparecer en la práctica, o a quedar como una figura residual. La edad de acceso se va a ir elevando hasta los 63 años, se van a exigir más años de cotización, y la reducción de jornada del jubilado parcial no podrá superar el 50%. También se aumentan las bases de cotización del trabajador y de la empresa.

En cuanto a la jubilación anticipada, irá pasando de los 63 años y un mes actuales a los 65 años, y los coeficientes reductores de la pensión aumentan.

Preparan un drástico recorte del conjunto de las pensiones

El mismo “Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo†anuncia con carácter inminente un cambio radical del cálculo de las pensiones. La disposición adicional 9ª establece que “el Gobierno, en el plazo de un mes creará un comité de expertos independientes a fin de que elabore un informe sobre el factor de sostenibilidad del sistema de Seguridad Social, para su remisión a la Comisión del Pacto de Toledo†. El objetivo es implantar el incremento automático de la edad de jubilación en función del aumento de la esperanza de vida de la población. Con ello, todo el plan para elevar la edad de jubilación gradualmente hasta los 67 años saltaría por los aires, los derechos de los trabajadores que conllevan las actuales normas se perderían. El resultado fundamental sería una reducción brutal de las pensiones de jubilación. El Gobierno se apoya en el propio ASE para hacer trizas las previsiones incluidas en él, que limitaban los peores efectos a las generaciones posteriores.

Ataque al subsidio de desempleo

Ese mismo real decreto endurece drásticamente las condiciones para percibir el subsidio de desempleo en el caso de los mayores de 55 años. Para cobrarlo, el parado no sólo tendrá que carecer de rentas, sino que se exigirá que la suma de rentas de los miembros de la familia que convivan en el hogar, dividida entre el número de ellos, no supere el 75% del salario mínimo (es decir, no se cobrará si el ingreso por miembro de la familia supera los 480 euros).

Y esto lo decretan cuando hay dos millones de familias en las que no entra ni sueldo ni prestación de desempleo, y cuando los cálculos oficiales prevén el despido de cientos de miles en estos meses (medio millón de parados más).

Finalmente, el Gobierno va a crear de manera inmediata una “comisión de expertos†sobre el llamado factor de sostenibilidad: el incremento automático de la edad de jubilación en función del aumento de la esperanza de vida de la población.

El movimiento obrero no puede dejar pasar estos nuevos ataques

El 14 de diciembre de 1988, CCOO y UGT convocaron la primera Huelga General tras la muerte de Franco, que fue enormemente seguida y paralizó todo el país. La huelga se convocó precisamente contra el Plan de Empleo Juvenil del gobierno de Felipe González, que proponía como salida al paro juvenil la precariedad para los jóvenes.

La Coordinadora del Comité por la Alianza de Trabajadores y Jóvenes, reunida en Tarragona, acordó continuar y ampliar la campaña contra todo pacto con este gobierno corrupto. Eso es indispensable y es clave en este momento. Con militantes y trabajadores de CCOO y UGT, hay que desarrollar la más amplia campaña en las instancias sindicales y dirigida a todos los militantes obreros para exigir de inmediato la retirada de todo apoyo y oferta al gobierno y en particular la retirada de estas medidas contra los jóvenes, los desempleados y el derecho a la jubilación.

Para la juventud trabajadora, para el conjunto de la clase trabajadora, no es aceptable la actitud condescendiente de los dirigentes de UGT y CCOO ante este Plan de Empleo Juvenil.

Tampoco puede aceptarse el ataque a los derechos de los trabajadores y trabajadoras mayores que esperan jubilarse tras años de explotación por el patrón. Que, además, supone que el Gobierno modifica por su cuenta un acuerdo firmado con los sindicatos, el ASE, y se dispone a ponerlo patas arriba. Una gran mayoría de trabajadores, e importantes sectores de los sindicatos rechazaron ya ese acuerdo, y encima las modificaciones impuestas y anunciadas ahora por Rajoy suponen un importante recorte de derechos para las personas trabajadoras de más edad, y especialmente para las que son expulsadas de su puesto de trabajo.

¿No es preciso emprender de inmediato una campaña de sindicalistas, jóvenes, trabajadores para que CCOO y UGT rompan con este gobierno y organicen la lucha por todos los medios para echarlo abajo y acabar con sus recortes? En particular por un trabajo digno para los jóvenes, basado en la aplicación con carácter general del Estatuto de los Trabajadores y la negociación colectiva a todos los colectivos, y que exijan la derogación de este mal llamado Plan de Empleo Juvenil. Y por echar atrás todos los recortes de las pensiones.

http://www.posicuarta.org



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