Esquerra Unida Els Verds Ajuntament d’Aldaia

En defensa de los servicios públicos y de la democracia local. Juanjo Llorente

Aportación a la Conferencia Obrera Europea. Tarragona, 15-17 marzo 2013

Esta misma semana, el martes 12M, el Instituto Nacional de Estadística Español divulgó las cifras del coste laboral en todos los sectores productivos (Indice Coste Laboral Armonizado) que señalan que los empleados públicos han visto reducidos sus ingresos un 19,9% durante el último cuatrimestre del 2012, mientras que el coste laboral del conjunto de asalariados españoles descendió un 5,4%. En cambio. subió un 2,2% el beneficio empresarial y mucho más el beneficio financiero ligado a la banca y la especulación.

Esto muestra con claridad que en nuestro país la extracción de la plusvalía sigue creciendo a pasos agigantados y que, bajo el actual gobierno derechista de Rajoy, y después de la última reforma laboral que ha provocado una bolsa de 6 millones de parados -entre otros desastres-, esta escalada cada vez está más focalizada sobre el sector público. Se trata de una doble agresión: por un lado, sobre los y las trabajadores de las administraciones públicas que ven precarizarse cada vez más sus condiciones laborales y de vida; por el otro, sobre los usuarios de los servicios públicos y pensionistas, que también sufren graves e incesantes recortes de sus derechos sociales y democráticos junto con los recortes de prestaciones y servicios públicos recibidos. Todas estas agresiones, dirigidas desde la Troika europea y que el gobierno obediente de Rajoy, igual que en su día hizo el de Zapatero, tratan de justificar apelando a excusas como la crisis económica o la necesidad de reducir el déficit público, responden en realidad a la más brutal explotación y expolio practicados por el capitalismo en su actual fase imperialista y desarrollo terminal sobre los trabajadores y los pueblos de nuestro estado, continente y a escala internacional.

Un claro ejemplo de estas políticas de doble efecto: socio-económico y político-institucional, que repercuten a la vez sobre los derechos sociales y los derechos democráticos de los trabajadores y el conjunto de la población lo tenemos en la última medida aprobada en España. El pasado 14 de febrero, el gobierno Rajoy aprobó un proyecto de ley de “reforma†y “racionalización†de las Administraciones Públicas locales con el que quieren “ahorrar†al estado 7.129 millones de euros. Pero, además de este recorte, esta ley pretende “racionalizar†los ayuntamientos, lo que implica una agenda mucho más ambiciosa de destrucción del sector público y de liquidación del escalón de la administración del estado más próximo a la ciudadanía como es el local, precisamente por tratarse del escalón de la administración pública más permeable a las demandas y necesidades de la población y más susceptible de ser influido directamente por ella, aunque sólo fuera mediante las elecciones locales convocadas cada cuatro años.

Concretamente, este proyecto de ley de reforma local y racionalización que ya ha empezado a tramitarse para su definitiva aprobación legislativa en el Parlamento contiene cuatro puntos principales:

1.-Suprime competencias de los Ayuntamientos. Con la excusa de evitar la “duplicidad†entre administraciones públicas, se quitan a los ayuntamientos y entidades locales como las mancomunidades competencias en materia de prestación de servicios a la población así como la capacidad que antes tenían para suplir o complementar a otras administraciones, lo que supone una infracción en toda regla del principio constitucional de autonomía local para mejor atender las necesidades de la población.

2.-Recorta financiación y puestos de trabajo públicos. Con la excusa de que se gasta más de lo ingresado, se somete a los entes locales a una monitorización permanente de sus cuentas a fin de evitar que gasten en aquello que no les corresponde y que lo que gasten se ajuste a lo dictado. Esto, además del recorte ya dicho de más de 7000 millones de euros de los presupuestos municipales para el 2013, supondrá también la destrucción de al menos 150.000 puestos de trabajo públicos, lo que además obrará un efecto en cascada sobre las condiciones de vida y economías de las poblaciones y sobre las tasas de paro actuales.

3.-Recentraliza la Administración Pública restringiendo la participación democrática de la ciudadanía. Esta ley encomienda la prestación de los servicios antes dispensados por los ayuntamientos y entes locales menores a las comunidades autónomas y diputaciones provinciales. De este modo, los 7720 ayuntamientos menores de 20.000 habitantes actualmente existentes y que suponen el 96% del total pasarán a depender directamente de las 50 diputaciones provinciales y desaparecerán unas mil mancomunidades, que son asociaciones de municipios para la prestación de ciertos servicios públicos. Y por la otra parte, serán las 17 comunidades autónomas españolas las que se encargarán de gestionar enteramente los servicios públicos dispensados antes por los restantes 394 ayuntamientos españoles con población superior a los 20.000 habitantes, relacionados con la educación, sanidad, servicios sociales, medio ambiente y un largo etcétera. Como puede verse por estas cifras, la ley de reforma y racionalización local implica una verdadera reorganización (hasta incluye el plazo y límite de cinco años para ello) toda la administración pública española en un sentido fuertemente centralizador y autoritario, cada vez más similar a la dictadura fascista de Franco.

4.- Desvía recursos públicos a la iniciativa lucrativa y especuladora. Esta ley también contempla una continuación de la línea seguida en materia de los grandes sistemas públicos de salud, educación, servicios sociales o seguridad social y abre la veda para la intervención de la iniciativa privada y lucrativa en la prestación de estos servicios mediante encomienda directa desde las diputaciones provinciales y comunidades autónomas. Se trata de un “yacimiento de negocio†, abultado en términos crematísticos, y que supondrá una aún mayor desviación del gasto público hacia bolsillos privados, puesto que actualmente los ayuntamientos perciben el 13% del presupuesto total del estado y tras la entrada en vigor de esta ley parte de este porcentaje pasará a engrosar a las demás administraciones que dispondrán de mayores recursos para hacer las “encomiendas†mencionadas (las comunidades autónomas ahora reciben un 37% y el restante 50% lo gestiona directamente la administración central).

Considerando estas cuatro puntos, se comprende que, desde su aprobación en consejo de ministro, este proyecto de ley está levantando muchas alarmas en todos los sectores implicados, comenzando por las direcciones de los partidos políticos y sindicatos y los cargos de representación institucional, casi sin distinción de siglas, y continuando con los escalones superiores del funcionariado y gestores públicos locales.

Desde la oposición al régimen y al gobierno con la que me identifico en mi calidad de cargo público en un ayuntamiento mediano y desde la organización política de Esquerra Unida y del PCPV en los que milito ya hemos empezado una campaña exigiendo la retirada de este proyecto de ley. Porque, con esta ley de reforma y racionalización local, no sólo corren peligro muchos servicios y prestaciones municipales a la población y puestos de trabajo, con esta reforma y la supresión de la autonomía local, se dará una nueva vuelta de tuerca en la reconfiguración de un modelo de estado centralista, cada vez más parecido al que padecimos en la dictadura. Un modelo de estado y administraciones públicas en el que los Ayuntamientos, por medio básicamente de las diputaciones provinciales, pasarán a ser meros ejecutores de las políticas dictadas desde arriba, con lo que los hoy ciudadanos y ciudadanas dejaremos de serlo y volveremos a ser “administrados†, como se decía en tiempos de Franco y establece el todavía vigente “Reglamento de servicios de las corporaciones locales†, aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955 que firmó de su puño y letra el dictador Franco. Un Decreto que ha sido modificado sólo parcialmente por su continuador, el Rey Juan Carlos y jefe de estado sucesorio, mediante un Real Decreto 20/2009 de 23 diciembre.

Ciertamente, nuestra intervención desde las instituciones para sensibilizar socialmente sobre los efectos de esta ley apenas puede considerarse como testimonial, porque la retirada de este proyecto de reforma local sólo será posible mediante la articulación de un frente unitario de movilización, social y político, de trabajadores y sectores sociales que asuman que la única salida a la actual situación pasa por echar al gobierno Rajoy y por la ruptura con el actual régimen de monarquía parlamentaria y la apertura de un proceso constituyente de los trabajadores y los pueblos de España, y de Europa. Pero este es otro debate.



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