Esquerra Unida Els Verds Ajuntament d’Aldaia

Zapatero y Rajoy atracan la Constitución y entregan el botín a los mercados

Carta abierta de Antonio Romero a la ciudadanía (*)

Estimados ciudadanos y ciudadanas: Zapatero y Rajoy van del brazo como Santa Justa y Rufino, a cumplir con urgencia las exigencias de los mercados, de los especuladores y de las expresiones políticas de las derechas económicas de Francia y Alemania, con el aplauso del Banco Central Europeo y del Fondo Monetario Internacional. Elevar a rango constitucional el nivel de endeudamiento de las administraciones públicas es limitar el papel del Estado y de lo público y dar manga ancha, sin ningún límite, a los mercados, al capital, a la Banca. La salida a la crisis de los sectores más ultra liberales es la siguiente: Más libre empresa, más capitalismo, menos Estado, más competencia, menos impuestos, menos subvenciones y ayudas.

Zapatero y Rajoy abren la Constitución sin que figurara en sus programas electorales, utilizando la vía parlamentaria sin convocar referéndum para que el pueblo español se pronuncie sobre esta importante reforma. Hemos de destacar que el PSOE y el PP cuentan con e l 92% de los parlamentarios pero solo con el 66% de los votos (la Constitución se aprobó, en su día, con el 88% de los votos favorables). La ley electoral, fraudulenta y canalla, es la que da ese resultado. Es una vergüenza y un escándalo que Zapatero y Rajoy abusen de su aritmética parlamentaria para meter por la puerta de atrás, por el postigo, la reforma de la Constitución con el respaldo del palanganero del acuerdo y candidatos del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Zapatero, con ayuda de la derecha y de los empresarios, atracó las pensiones, los derechos laborales, atracó el sueldo de los empleados públicos, privatizó aeropuertos, lotería nacional, entregó dinero público a la Banca y ahora llevan a cabo un golpe de estado en toda regla, contra la Constitución de 1978.

La limitación de los recursos, la crisis energética, alimentaria, ecológica, de valores, la crisis del sistema por la que atravesamos, ha hecho que el capital, que hasta ahora le ha ido bien con el papel de los estados-nación para socializar su modelo y sus valores, plantea ahora una nueva estrategia con golpes autoritarios y que faciliten la entrada de capital privado en áreas hasta ahora reservadas a los estados. La limitación del gasto público obligará a privatizar sectores económicos y empresas públicas, a recortar prestaciones sociales. Ese retroceso de lo público dejará el camino abierto en enseñanza, en sanidad, en servicios sociales, en trasporte público, en la gestión del agua, de los residuos, para la entrada del capital privado.

La Constitución debe reformarse para aumentar la calidad democrática, por ejemplo, hacer una nueva ley electoral donde cada voto valga igual. Un referéndum vinculante para temas de especial trascendencia, iniciativa legislativa popular con menos firmas y obstáculos para que los ciudadanos la utilicen, trasparencia del gasto público, un poder judicial controlado por la ciudadanía, un debate sobre monarquía o república, dar rango constitucional al “no a la guerra†y a la no presencia de bases militares extranjeras, acceso a las televisiones públicas y privadas y un abanico de peticiones que realiza, para una democracia real, el movimiento 15M. En materia de derechos económicos, sociales y ambientales: establecer un mandato constitucional para crear una banca pública, impulsar una fiscalidad mas proporcional para que pague más el que más tiene, poner fin a la vergüenza de más de 60 paraísos fiscales en el mundo, que funcionan como la caja B del capitalismo. No puede haber viviendas vacías y familias sin vivienda. Impulsar la reforma agraria integral, la renta básica, los derechos medioambientales y la lucha contra la contaminación acústica. Limitar los salarios altos y la defensa de la sanidad pública y de la enseñanza pública.

Con esta reforma, el PSOE y el PP dan un giro pro capitalista a la Constitución de 1978, incluyendo un nuevo artículo que al parecen ya han pactado en el título VII de la Constitución, título que se ocupa de la organización y distribución de la riqueza nacional.

La Hacienda está subordinada al interés general y a la iniciativa pública. Se establece la participación en la empresa y los organismos públicos como la Seguridad Social. Todo ello sin olvidar la atención a la modernización y desarrollo de los sectores económicos, sobre todo de los más desfavorecidos. Se permite la planificación económica, y la creación de haciendas locales. Y se determinan cuáles son los bienes de dominio público. Esto permitirá establecer los mecanismos de financiación de las comunidades autónomas así como el Fondo de Compensación Territorial. Los gastos del Estado deben presentarse en unos presupuestos. Los presenta el Gobierno para que sean aprobados por las Cortes Generales. Además, el Gobierno podrá emitir deuda pública y contraer crédito. Todos los gastos e ingresos, y la gestión económica del Estado estarán fiscalizados por el Tribunal de Cuentas.

Blindar constitucionalmente el nivel de endeudamiento de las administraciones públicas; blindar la monarquía, hacer una reforma autoritaria, sin referéndum, muestra la verdadera cara del bipartidismo y el poder de los mercados que tienen en su nómina actuando a favor de sus intereses, a Zapatero, a Rajoy, a Rubalcaba, al bipartidismo corrupto que sufrimos en España. Es hora de que se vaya tejiendo una respuesta social desde abajo, contundente, que abra camino a nuevos horizontes de paz, de igualdad, de más calidad democrática, de valores republicanos y de gestión democrática de los recursos. Que diga NO a este golpe de estado de los mercados y de sus lacayos.

(*) Antonio Romero es ex parlamentario de IU, Presidente de Honor del PCA y coordinador de la red de municipios por la III República

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