Esquerra Unida Els Verds Ajuntament d’Aldaia

EU del Ayuntamiento de Aldaia presenta moción contra la reforma de la administración local y en defensa de unos ayuntamientos democráticos, de los servicios públicos y del personal municipal

El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes 15 de febrero un proyecto de ley de reforma de las administraciones locales que se ha presentado ante la opinión pública resaltando el “exceso de políticos†, la necesidad de reducción del número de concejales con sueldo público y la limitación del sueldo de los alcaldes y de la contratación de personal eventual. Pero la realidad es que esas medidas son sólo una pequeña parte de lo que plantea la reforma local, pues de los seis mil pico millones de euros que se quieren “ahorrar†sólo unos 300 millones, en torno al 3% de esta cantidad, saldrán del recorte de sueldos de cargos públicos y la eliminación de puestos eventuales, mientras que el resto provendrán del recorte de los servicios públicos que ahora prestan los Ayuntamientos y que éstos dejarán de prestar , con lo que se irán al paro miles de trabajadores municipales.

Lo esencial de la reforma son pues los recortes de servicios, la pérdida de derechos y las privatizaciones. Se trata de una política de desmantelamiento de los ayuntamientos, de la democracia municipal y de los servicios públicos vinculados a ellos, que obdece a las directrices de la Troika europea. Unas directrices que bajo la excusa de los planes de ajuste también se aplican ya en Grecia, Portugal e Italia donde ya funcionan estos planes de liquidación que buscan la supresión de más de la mitad de los municipios.

Con ese objeto precisamente la reforma española define una lista de competencias de la administración local, incluyendo unas competencias obligatorias y unos servicios mínimos que prestar, y además permitirá al gobierno establecer por decreto- ley un coste estándar de los servicios municipales y comparar todos los que prestan los municipios, pudiendo el gobierno obligar a que se dejen de prestar aquellos servicios que sean declarados “ineficientes†o pasándolos de manera obligatoria a las diputaciones en el caso de municipios de menos de 20.000 habitantes (7.717 Ayuntamientos, el 95% del total).

Juanjo Llorente, concejal portavoz de EU del Ayuntamiento de Aldaia, señala: “La situación creada tras la puesta en marcha del Gobierno Rajoy de los planes de liquidación de los Ayuntamientos españoles es muy grave, democráticamente hablando y por sus directas repercusiones sobre las condiciones de vida de una gran mayoría de la población y de los propios trabajadores municipales. Por ello, desde Esquerra Unida consideramos que, desde las plantillas de los ayuntamientos y empresas municipales actuales, desde las asociaciones de vecinos, desde las organizaciones sindicales de la función pública, desde las Confederaciones Sindicales, desde todas las organizaciones de los trabajadores, hay que organizar la lucha para que esa ley no llegue a entrar en vigor. Urge por parte de todos los sectores políticos y sociales partidarios de la democracia real que expresemos unitariamente nuestro más claro rechazo. Por eso presentamos la moción.â€

ANEXO.- Texto de la moción presentada

Moción en defensa de los Ayuntamientos y contra la reforma local propuesta por el gobierno Rajoy

El anteproyecto de reforma local que acaba de aprobar el gobierno Rajoy supone un golpe muy duro a la democracia y a la articulación del estado social y de derecho pregonado por la Constitución de 1978, puesto que incide frontalmente y se aplica contra el primer escalón de las administraciones públicas, el más cercano a la ciudadanía y por tanto más susceptible de permear sus necesidades y demandas y de posibilitar el ejercicio concreto de los derechos y libertades civiles de la población.

Muy conscientes de este papel democrático y democratizador básico de los Ayuntamientos que en ocasiones ha conseguido mantenerse pese a la asfixia financiera ejercida desde el estado, el Gobierno Rajoy, acatando las directrices de Bruselas, pretende su definitiva mutilación añadiendo a esta asfixia financiera practicada durante décadas un grave recorte competencial (servicios dispensados) y de la autonomía de funcionamiento de los mismos. En esto consiste, básicamente, la reforma del régimen local que acaba de aprobar el consejo de Ministros y que ha remitido al Consejo de Estado para su informe previo al debate parlamentario del proyecto de Ley.

Tal como plantea el texto del informe del Ministerio de Economía aprobado por el Consejo de Ministros del pasado 15 de febrero, este nuevo proyecto de ley de “racionalización y sostenibilidad de la Administración local†persigue cuatro objetivos por si mismos reveladores de los verdaderos intereses perseguidos y de los resultados que se quieren lograr, en la misma y ya archiconocida línea de reducir todo lo posible los servicios públicos y los derechos sociales: pensiones, educación, sanidad, servicios sociales y ahora también muchas prestaciones municipales.

En primer lugar, se quieren evitar “duplicidades†en la prestación de servicios locales a la población. Objetivo que resulta equívoco, puesto que, a la hora de atender las necesidades y demandas ciudadanas, lo primero sería velar por que efectivamente se atiendan, arbitrando los servicios públicos correspondientes, con independencia de que los dispense uno u otro nivel de la administración. En lugar de compartimentos estancos, lo que debería buscarse siempre entre las distintas administraciones públicas sería que entre las mismas colaboraran, se complementaran, suplementaran e incluso subsidiaran para logara su principal propósito de atender debidamente a las personas. Ciertamente, lo que más debería importar a quienes se consideran representantes electos de los intereses mayoritarios es la calidad y suficiencia de los servicios públicos (lo que a su vez exige medios y financiación en lugar de recortes) prestados, mucho antes que la administración encargada de dispensarlos.

En segundo lugar, la reforma local del gobierno persigue que los Ayuntamientos no gasten más de lo que ingresen. Objetivo que obviamente tiene trampa. Porque si los ingresos del estado no llegan a los Ayuntamientos (ahora sólo perciben un 17% frente al 33% de las CCAA y el 50% restante del estado), éstos no tienen otra opción que recurrir al endeudamiento si realmente quieren cumplir la finalidad para la que se crearon, e incluso para satisfacer las promesas electorales de quienes fueron elegidos para gobernarlos. De otro modo, estos gobiernos municipales incurren en un fraude electoral y democrático en toda regla.

En tercer lugar, la reforma local persigue ejercer desde el Estado un riguroso control financiero y presupuestario de los Ayuntamientos. Objetivo que de por si contradice ampliamente el principio de autonomía local establecido tanto en la Constitución española como en la legislación existente sobre régimen local. Se trata por tanto de un objetivo antidemocrático y anticonstitucional.

En cuarto y último lugar, el informe del Ministerio señala que la reforma local persigue favorecer la iniciativa privada en la prestación de servicios básicos a la población. Esta máxima neoliberal de que el mercado “provee†mejor que los sistemas públicos de servicios resulta una falacia insostenible. Incluso una religión nefasta que atenta frontalmente contra el propio concepto de estado social y de derechos establecido por la Constitución, que perjudica enormemente las condiciones de vida de la gran mayoría de la población y que promoverá también entre las y los trabajadores municipales mayor precarización, desempleo e inestabilidad laborales.

Por todo ello, el grupo de Esquerra Unida del Ayuntamiento de Aldaia presenta a la consideración del Pleno de esta Corporación las siguientes:

1.-Este Ayuntamiento acuerda exigir la retirada del proyecto de racionalización y sostenibilidad de la Administración local aprobado por el Consejo de Ministros del pasado 15 de febrero, por considerarlo muy lesivo para los intereses de la ciudadanía y de la propia corporación local y sus trabajadores.

2.-Este Ayuntamiento acuerda, igualmente, exigir al Gobierno de España que cualquier iniciativa legislativa o modificación legal que se tramite, recurriendo siempre a los cauces ordinarios (fuera los decretos ley), tambien siempre respete y garantice los principios constitucionales de autonomía local, subsidiariedad y suficiencia financiera.



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