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Valoración de IU, informe del Consejo de Ministros y Texto del Anteproyecto de Reforma Administración Local

Cayo Lara ve "recentralizador, privatizador y plagado de intenciones bastardas" el anteproyecto de reforma local del Gobierno

El coordinador federal de IU descarta que los principales objetivos del Ejecutivo de Rajoy sean el ahorro económico o la de acabar con la duplicidad de competencias, y advierte de que “se da otra vuelta de tuerca para la privatización de los servicios públicos municipalesâ€

El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha tachado hoy de “recentralizador, privatizador y plagado de objetivos bastardos†el anteproyecto de reforma de la Administración Local que el Consejo de Ministros ha aprobado hoy al Consejo de Estado antes de que se inicie su tramitación parlamentaria.

Lara considera que el Gobierno de Mariano Rajoy “vuelve a hacer su juego de tahúr político presentando como principales una serie de medidas populistas como la de un supuesto elevado ahorro económico o la de una mejor distribución de competencias cuando sus fines últimos van por otro lado†.

Así, el máximo responsable de IU advirtió de que el Ejecutivo del PP “con excusas de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, y dejando siempre a un lado responder a la demanda efectiva de los servicios que hacen los ciudadanos, da otra vuelta de tuerca para la privatización de estos servicios públicos municipales†.

“Ahora –denuncia- se podrá inhabilitar a determinados ayuntamientos para prestar servicios, los que no sean obligatorios, según el nuevo marco, se suprimirán y el resto serán prestados por las diputaciones y con la posibilidad evidente de ser privatizados. Todo ello en un abanico de posibilidades inaceptable†.

Lara indicó que “el PP quiere cargar al pariente pobre de la Administración Pública, los ayuntamientos, el fiasco de su política económica. El PP criminaliza a las corporaciones locales como si fueran los auténticos responsables de la crisis económica que el Gobierno de Rajoy no ha sabido atajar o de los contundentes recortes de servicios públicos que están ejecutando†.

En su opinión, “los criminalizan por un despilfarro económico que no es tal. La deuda municipal apenas supone un 4% del conjunto de las administraciones. Además, hay que recordar que de cada 100 euros, 13 los gastan los ayuntamientos, 37 las comunidades autónomas y 50 el Estado. Por tanto, los ayuntamientos siguen gastando cerca de la misma cifra que gastaban cuando empezó la transición†.

Lara lamentó también que “el Gobierno demuestra que tira la toalla en lo que de verdad necesitan las corporaciones locales y que es la aprobación de una Ley de Financiación Local que sistemáticamente han venido aplazando los sucesivos gobiernos del PP y del PSOE ya desde la etapa de los gobiernos de José María Aznar†.

Del mismo modo, Cayo Lara considera una “hipocresía política†que el Ejecutivo diga que piensa acabar con las duplicidades de competencias “cuando el ministro Cristóbal Montoro reconoce con descaro que las diputaciones salen ‘reforzadas’ con esta reforma†. En su opinión, “si realmente se quiere solucionar el problema de competencia en la administración local lo primero que sería necesario es eliminar las diputaciones y repartir sus competencias entre los ayuntamientos y las comunidades autónomas†.

“Potenciar las diputaciones –valoró- supone apostar por el órgano más obsoleto y anacrónico que existe. Ya perdieron su razón de ser cuando se fue desarrollando el sistema autonómico. Lo que hace el PP es mantener una duplicidad de servicios en unas diputaciones obsoletas en la que sí existe ese mismo clientelismo y enchufismo políticos que el PP dice que pretende combatir con esta reforma. Ahí es donde está el problema de fondo†.

Del mismo modo, criticó que se pretendan “suprimir por arte de magia cerca de 1.000 mancomunidades sin saber bien cuál será la alternativa. Con la excusa de que no presentan sus cuentas se las hace desaparecer o se intervienen directamente ayuntamientos cuando estas mancomunidades son precisamente organizaciones creadas por los propios ayuntamientos por su propia decisión para resolver los problemas más cercanos que tienen los ciudadanos y hacerlo de la forma más eficiente y ofertar servicios con menos coste para los vecinos†.

“Quienes tienen que decidir si las mancomunidades son eficientes o no desde luego no es el Gobierno sino los propios ayuntamientos†, indicó.

http://www.izquierda-unida.es

INFORME GOBIERNO SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY PARA LA RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

- Se clarifican por primera vez las competencias municipales por ley, eliminando duplicidades y competencias impropias, para ajustar la Administración Local a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

- Se establece un período transitorio de cinco años para el cambio de titularidad de las competencias de sanidad y educación, que serán exclusivas de las Comunidades Autónomas.
- Las mancomunidades y entidades locales menores que no presenten cuentas en el plazo de tres meses se disolverán.

- Se favorece la iniciativa económica al limitar el uso de autorizaciones administrativas para iniciar una actividad económica.

- El impacto de las medidas supondrá un ahorro neto total de 7.129 millones de euros entre los años 2013 a 2015.

- El sueldo de los miembros de las corporaciones locales se fijará anualmente en los Presupuestos Generales del Estado según la población del municipio y limitado al de Secretario de Estado.

- Se reduce el número de personal eventual y de cargos públicos con dedicación exclusiva en función de la población del municipio.

El Consejo de Ministros ha recibido un informe del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas sobre el Anteproyecto de Ley para la racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que implanta un modelo de gestión por resultados, de evaluación de la gestión y con la máxima transparencia.

Así, los ciudadanos van a saber cuánto les cuestan los servicios públicos en su municipio, cómo se administran y si son más caros o baratos que en otro municipio. De esta forma, se moderniza la Administración Local, ajustándola a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera reconocidos por la Constitución en su artículo 135.

La reforma tiene los siguientes objetivos:

−Clarificar las competencias municipales, para evitar duplicidades, bajo el principio de “Una Administración, una competencia†. −Racionalizar la estructura de la Administración Local, de acuerdo con los principios de estabilidad, sostenibilidad y eficiencia, para que se no gaste más de lo que se ingresa. −Garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso. −Favorecer la iniciativa económica privada evitando intervenciones administrativas desproporcionadas.

Clarificación de competencias locales

La reforma define con precisión, por primera vez, la lista de competencias que deben ser desarrolladas por la Administración Local, que diferencia de las estatales y autonómicas, para impedir que vuelvan a asumir competencias que no les atribuye la Ley y para las que no cuentan con la financiación adecuada.

Se suprimen, por tanto, las llamadas “competencias impropias†, asumidas indebidamente y que estaban ocasionando un grave perjuicio económico a los Ayuntamientos. Un Ayuntamiento tiene las competencias que le dice la Ley y sólo puede hacer esas competencias. Ello permite asegurar un número de servicios mínimos de los municipios, en función de su población, así como la financiación de los mismos. Únicamente cuando esté garantizada la prestación de los servicios obligatorios, se podrán prestar otros servicios no obligatorios.

Las competencias de Educación y Sanidad serán exclusivas de las Comunidades Autónomas. Se establece un período transitorio de cinco años para el cambio progresivo de titularidad de las competencias. En el caso de los servicios sociales, el periodo transitorio será de un año.

Racionalizar la estructura de la Administración Local

Los servicios municipales se someterán a un proceso de evaluación, por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, para conocer su coste real y comparar con el eficiente.

Si resulta que no se puede mantener el servicio, y se trata de una competencia impropia, se debe suprimir. Si se trata de un servicio mínimo, la prestación de los servicios de los Ayuntamientos de menos de veinte mil habitantes pasaría a las Diputaciones provinciales, para permitir ahorros mediante generación de economías de escala. En el caso de los municipios con población superior a los veinte mil habitantes, voluntariamente pueden decidir integrar el ejercicio de la competencia en la administración superior o, si se trata de una competencia duplicada, acordar su delegación, mediante acuerdo, con la Comunidad Autónoma correspondiente.

La delegación de competencias al municipio, cuya duración no será inferior a cinco años, irá siempre acompañada de la financiación íntegra de la misma. Para evitar situaciones de impago se establecen tres mecanismos para garantizar el cumplimiento de obligaciones entre Administraciones:

- Se permite, por primera vez, la compensación de deudas pendientes entre Administraciones.
- Podrá ser causa de revocación o renuncia de la delegación recibida de la Comunidades Autónomas, si no recibe la financiación acordada.
- Sólo se podrán aceptar delegaciones o suscribir convenios con Comunidades Autónomas cuando se suscriba una cláusula de garantía de cumplimiento, que permitirá que la Administración General del Estado pueda retener transferencias a la Comunidad morosa del sistema de financiación autonómica.

Mancomunidades y entidades locales

Las mancomunidades y las entidades locales menores se someterán al mismo proceso de evaluación. Si no lo superan, serán disueltas. Los servicios de las mancomunidades pasarán a depender de las Diputaciones, mientras que los de las entidades locales menores dependerán de los municipios.

Asimismo, se revisa en profundidad el sector público local y sus organismos dependientes, que habían crecido exponencialmente en los últimos años, con el objetivo de racionalizar su número y estructura, lo que generará ahorros importantes. Los Ayuntamientos no podrán crear ningún organismo nuevo durante la vigencia de su plan de ajuste y deberán corregir mediante un plan de saneamiento la situación de déficit de sus empresas dependientes, o liquidarlas.

Lejos de privatizar los Ayuntamientos, la reforma potencia la gestión pública directa, ya que un servicio sólo podrá ser prestado por una entidad pública empresarial local o sociedad mercantil local cuando sea más sostenible y eficiente que la gestión por la propia entidad local.

Control económico-financiero presupuestario riguroso

Por último, la reforma refuerza la función interventora en las entidades locales y se habilita al Gobierno para establecer las normas sobre los procedimientos de control. También se regula parcialmente el régimen de los funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional que dependerán funcionalmente del Estado

En el plazo de tres meses, las entidades de ámbito territorial inferior al municipio y las mancomunidades deberán presentar sus cuentas ante los organismos correspondientes del Estado y la Comunidad Autónoma respectiva para no incurrir en causa de disolución. Igualmente, se someterán a la evaluación de sus servicios.

Ahorros netos en el periodo 2013-2015

El impacto de las medidas supondrá un ahorro neto total de 7.129 millones de euros entre 2013 y 2015. El ahorro se reparte de la siguiente forma:

−Clarificación de competencias: Ahorro de 2.231,7 millones (31 por 100 del ahorro). −Eliminación de duplicidades: 3.281,7 millones (46 por 100). −Mancomunidades y entidades locales menores: 72,8 millones (1 por 100). −Personal eventual y altos cargos: 145,8 millones (2 por 100). −Redimensión del sector público local: 1.397,1 millones (19,6 por 100).

Rigor y transparencia en la gestión política

Igualmente, la actuación pública también tendrá la máxima transparencia y rigor en la gestión de los recursos:

−Los Presupuestos Generales del Estado fijarán anualmente el límite máximo total que pueden percibir los miembros de las Corporaciones Locales por todos los conceptos retributivos, según criterios de población (ver en texto)

−Los presidentes de Diputaciones tendrán un límite máximo por todos los conceptos retributivos y asistencia, que será igual al del alcalde de la Corporación más poblada de su provincia. Los concejales que sean proclamados diputados provinciales tendrán que elegir entre uno de los dos sueldos. Sólo los concejales que no tengan ni dedicación exclusiva ni parcial cobrarán dietas de asistencia a sesiones de órganos colegiados.

−Los Presupuestos Generales del Estado limitarán las retribuciones del personal público de la Administración Local y los sueldos de los directivos de empresas públicas locales.

−Se reduce a 6.489 el número total de asesores en España. La limitación de personal eventual, desde la entrada en vigor de la ley, seguirá los siguientes límites y normas (ver en texto):

En las Diputaciones provinciales, consejos y cabildos insulares el personal eventual no podrá superar la mitad del número de diputados o miembros electos. En el resto de entidades locales, o de sus organismos dependientes, no habrá personal eventual.

−De los 68.285 concejales en España, sólo 12.188 (18 por 100) tendrán dedicación exclusiva. Se establece un límite de cargos públicos con dedicación exclusiva, según el volumen de población del municipio (ver en texto).

Ver o descargar en PDF el TEXTO del Proyecto de Ley, versión 18 febrero del 2013



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