Esquerra Unida Els Verds Ajuntament d’Aldaia

EU Ajuntament Aldaia denuncia que las ordenanzas municipales sobre publicidad son “pre-constitucionales†y propone cuatro modificaciones básicas y alternativas

Desde hace unos meses, por parte del gobierno municipal del PP se viene manifestando el interés por cambiar la actual ordenanza municipal reguladora de las actividades publicitarias en el municipio. De hecho ya presentaran una nueva redacción en la comisión informativa de urbanismo de septiembre o noviembre pasados, pero se dejó sobre la mesa pendiente de mayor estudio ante las enormes suspicacias levantadas.

A principios de este año, de nuevo se ha vuelto sobre este tema, revelando un interés que algunos consideramos excesivamente “interesado†, puesto que no olvidemos que todavía está pendiente de resolución el recurso a la multa impuesta al partido socialista de Aldaia por exponer en su sede una pancarta crítica con la gestión del PP.

De este modo, tras un detenido estudio de la normativa vigente y de la propuesta por el PP, que no puedo difundir por tratarse de un documento interno de trabajo, he presentado a la comisión informativa el siguiente informe de valoración y propuesta:

Ver normativa vigente

Después de comparar la ordenanza vigente, que fue elaborada en anteriores legislaturas, con la que se presentó hace unos meses para sustituirla, desde Esquerra Unida observamos:

1.-DEFINICIÓN. La ordenanza vigente es menos mala o peligrosa, para las libertades civiles y derechos democráticos, que la propuesta para sustituirla enteramente, aunque ambas adolecen de defecto muy básicos, graves, como serían en primer lugar tratar de abarcar bajo el paraguas de “publicidad†toda acción relacionada con la propaganda e incluso la información y la formación a las personas del municipio.

En el caso de la propuesta presentada en esta legislatura, llegamos casi al esperpento, tal como puede observarse en la definición incluida en su capítulo 1 punto 1: †Se entiende por publicidad toda acción encaminada a atraer al público o a difundir entre éste, el conocimiento de la existencia de actividades sociales, políticas, religiosas, sindicales, culturales, profesionales, deportivas, económicas, ó de productos o servicios que se ofrezcan al consumo.â€

La definición que hace de la publicidad la ordenanza vigente es, en este sentido, más razonable y modesta, como puede verse en el artículo 3 punto 1 apartado a): “a)Publicidad: Se entiende por publicidad la acción encaminada a difundir entre el público todo tipo de información y el conocimiento de la existencia de cualquier actividad, productos y/o servicios que se ofrezcan al consumo en general.â€

El punto común que desautoriza estas dos definiciones de publicidad, es que ambas son definiciones no homologadas, infieles al significado que en lengua española tiene la palabra y el concepto de publicidad. Puesto que, según la Real Academia de La Lengua, máxima institución y autoridad española en esta materia, la publicidad es: “1. f. Cualidad o estado de público. 2. f. Conjunto de medios que se emplean para divulgar o extender la noticia de las cosas o de los hechos. 3. f. Divulgación de noticias o anuncios de carácter comercial para atraer a posibles compradores, espectadores, usuarios, etc.â€

Como puede verse por esta definición verdadera, publicidad se refiere tanto a los medios (vallas, etc) como a una actividad de carácter comercial, verbigracia vinculada a lo crematístico. La razón por la que este segundo aspecto ni siquiera se menciona en la definición dada por las dos ordenanzas analizadas, más allá de las especulaciones, resulta sin duda inquietante.

Por todo ello, nuestra conclusión firme es que una ordenanza que pretende regular algo que no ha definido con propiedad, ampliando su universo hasta el infinito y más allá, es obvio que resulta desautorizada y desautorizable instantáneamente.

2.-AUTORIDAD. En segundo lugar, otro aspecto de la ordenanza que llama poderosamente la atención tiene que ver con la facultad autootorgada por quien manda en el Ayuntamiento para autorizar previamente todas las actividades informativas y formativas hacia y de la población. Como se supone que vivimos en un estado social y de derecho, este tipo de tutela franquista, autoritaria, sobre la opinión y la conciencia de los “administrados†también resulta inadmisible. Otra cosa, radicalmente distinta, sería si esta tutela municipal se refiriese únicamente a las actividades comerciales, persiguiendo el exclusivo propósito de preservar el libre mercado y de proteger a la ciudadanía contra los fraudes comerciales de todo tipo. Pero, lamentablemente, en ninguna de las dos ordenanzas figura ni siquiera la palabra comercial o comercio, sólo se incluye la de consumo, ciertamente más amplia y difusa…

3.- SANCIONES.- Otro aspecto nada desdeñable de las ordenanzas tiene que ver con sus aspectos punitivos. De nuevo la ordenanza presentada bajo el gobierno del PP llama más la atención, puesto que en su articulo 48 punto 2 establece multas de entre 300 y 1200 euros al día (dependiendo del medio publicitario usado) que resulta a todas luces exagerado. La ordenanza vigente incluye cantidades más razonables y una penalización por infracción no sujeta al plazo temporal diario, aunque sigue amparando las sanciones por todo tipo de actos de expresión y de opinión pública que nunca deberían resultar punibles en una sociedad democrática. Razones por las que ambas ordenanzas resultan igualmente inconstitucionales.

Después de desautorizar tan ampliamente las dos ordenanzas analizadas, acabo señalando que las propuestas concretas de EU serían:

*Incluir una definición homologada de “publicidad†que resulte compatible con los derechos básicos de libertad de opinión y de expresión ciudadana. Por ejemplo: “A los efectos de esta ordenanza, entendemos por publicidad todos aquellos instrumentos y actividades orientadas a la Divulgación de noticias o anuncios de carácter comercial para atraer a posibles compradores, espectadores, usuariosâ€

*Establecer mecanismos divulgadores de la publicidad y un régimen de sanciones preferiblemente benévolo o tolerable para las pequeñas empresas y que incluya también los recursos municipales necesarios para su efectiva aplicación.

*Aunque no tiene que ver con la publicidad estrictamente, para ayudar a deslindar los ámbitos de privado y público, el Ayuntamiento debería habilitar espacios municipales donde la ciudadanía y las organizaciones sociales puedan divulgar sus informaciones libremente.

*Finalmente, aprovechamos para recordar, a quien corresponda, que en este Ayuntamiento y municipio sigue faltando una política de información municipal sobre la vida ciudadana que sea plural y abierta a la participación social y vecinal.

Aldaia, 4 febrero 2013

NOTA: Naturalmente, el objeto de incluir este redactado en esta web del grupo municipal de EU que tiene un acceso abierto a todas las personas interesadas, es tanto informar como recabar ideas y propuestas sobre el tema. Para ello, pulsa sobre el texto “comentar este artículoâ€



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