Izquierda Plural presenta Proposición no de Ley sobre un Plan Integral de lucha contra la corrupción

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV–EUiA, CHA. La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de ley sobre un Plan Integral de lucha contra la corrupción, para su debate en el Pleno.

A través de la investigación judicial seguida en el denominado “caso Gürtel†, se ha conocido la existencia de más de 20 millones de euros en cuentas bancarias en Suiza cuyo titular sería Luis Bárcenas, ex senador, ex tesorero del Partido Popular e imputado en la citada causa. Según ha trascendido a la opinión pública, con fondos procedentes de empresas y contratistas se pudieron hacer pagos de sobresueldos en dinero negro a cargos del Partido Popular y de la propia Administración Pública. Estos hechos, en caso de probarse, supondrían la existencia de un sistema articulado de financiación ilegal, de corrupción masiva y organizada, vinculada a un partido político.


Nombres como los de Urdangarín, Matas, Pujol, González, Pallerols, Guerrero, Fabra, Baltar y ahora, Bárcenas; casos como los de La Muela, Malaya, Gürtel, Poniente, Campeón, Brugal, Babel, Pretoria o Palma Arena; y extraños indultos que enmiendan la acción de la Justicia, están agravando extraordinariamente la alarma social, el descrédito de la política y del propio sistema democrático.

La gravedad de los casos de corrupción en los están implicados ex altos cargos y cargos de gobiernos autonómicos, diputados y dirigentes de partidos políticos, como los casos de Baleares, Comunidad Valenciana, Madrid o Cataluña, los casos de corrupción política en municipios como Santiago de Compostela o Sabadell, entre otros, hacen imprescindible acometer con urgencia las reformas legales necesarias con el objetivo de luchar con mayor eficacia contra la corrupción.

Resulta impensable que en un Estado plenamente de Derecho como el nuestro, integrado en la Unión Europea, surjan con demasiada frecuencia casos de corrupción, delitos fiscales, blanqueo de capitales, prevaricación y otras figuras delictivas como el cohecho o la malversación de caudales públicos. En todos ellos existen circunstancias comunes, como el movimiento de grandes sumas de dinero, el enriquecimiento desproporcionado de algunas personas, la utilización de redes de sociedades interpuestas, la utilización de testaferros y paraísos fiscales.

El goteo de irregularidades en distintas Administraciones Públicas y la acumulación de graves escándalos de corrupción dañan la credibilidad de las instituciones y de la política, atentan contra el patrimonio público, socavan las bases mismas del sistema democrático, provocan la desafección ciudadana y dan pábulo a la afirmación injusta de que “todos son iguales†, abonando el terreno al populismo.

Cabe afirmar, ante todo, que la mayoría de los políticos españoles son honrados. Los 8.115 Ayuntamientos están formados por más de 65.000 concejales electos, de los que el 80% no recibe ingresos. Pero en la última década, los casos de corrupción se han multiplicado en todo el país, especialmente en el litoral mediterráneo y otras zonas que han experimentado un desarrollo urbanístico exorbitado.

Los corruptos y los corruptores, dirigentes de empresas en algunos casos o intermediarios avispados, dañan la política. Y también dañan a la economía, incrementando los precios de las obras, productos y servicios; alimentando el déficit público y la inflación; falseando la competencia y desincentivando al contribuyente honrado que constata el uso indebido de sus impuestos. El dinero sustraído anualmente por la corrupción en España equivale al presupuesto de varios Ministerios, roza el del Ayuntamiento de Madrid y dobla al de la ONU.

Cuando incurren en el delito de corrupción, los cargos electos o con responsabilidades en las Administraciones Públicas desprecian los principios democráticos de honradez, transparencia, rendición de cuentas y vocación pública que legitiman la delegación de soberanía que el pueblo les confiere.

La corrupción en España ha sido y es inseparable de los desvaríos de un modelo productivo, económico y financiero que ha alimentado la especulación y las prácticas delictivas, especialmente en materia urbanística y en el sector de la construcción, con un crecimiento explosivo del parque residencial, que desde 2001 ha crecido más de un 20%, en un proceso de urbanización sin precedentes en los últimos quince años y sin parangón en Europa. El fraude fiscal generalizado y la persistencia de la economía sumergida es igualmente un terreno abonado para la corrupción. A todo ello se añade la insuficiente regulación y supervisión de los mercados financieros, unido a una pérdida de valores éticos y morales en una cultura que ha entronizado el dinero como valor absoluto. No hay corrupto sin corruptor y nadie cobra si alguien no paga. Por ello hay que ser tan duro con el corruptor como con el corrupto.

La corrupción también ha sido facilitada por una legislación débil e insuficiente, la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público; por la utilización clientelar de las instituciones, la externalización abusiva de actividades desempeñadas por funcionarios y empleados públicos, la insuficiente coordinación entre los órganos administrativos, la debilidad de los controles políticos, la escasez de medios de la Fiscalía Anticorrupción y del Tribunal de Cuentas, la lentitud de la Justicia y la falta de transparencia y control de los procedimientos de recalificación urbanística y de contratación pública.

Por otra parte, el déficit de financiación municipal ha llevado a una dependencia excesiva de los ingresos derivados del urbanismo, impulsando la burbuja inmobiliaria y sembrando un terreno propicio a la corrupción. El incumplimiento por los sucesivos gobiernos del compromiso de reforma del sistema de financiación local ha llevado a numerosos Ayuntamientos a una situación económica y financiera insostenible. La cesta de ingresos de las administraciones está muy desequilibrada en beneficio del Estado, que absorbe un 50% y las Comunidades Autónomas, un 37%, mientras los municipios tan sólo reciben el 13%.

La falta de transparencia y los obstáculos que frenan la participación ciudadana, el menosprecio de los valores éticos y solidarios, contribuyen también a la aceptación de este fenómeno delictivo y a propiciar una cultura colectiva basada en el individualismo y el egoísmo, en detrimento de los intereses generales.

La corrupción en España ha sido también alimentada por las carencias una Ley Electoral injusta y por una Ley de Financiación de Partidos meramente instrumental y opaca, destinadas ambas a favorecer el bipartidismo e incrementar el gasto de las campañas electorales.

El llamado “Pacto contra el Transfuguismo†suscrito entre las fuerzas políticas ha demostrado su escasa utilidad desde su celebración en 1998, debido a la utilización cínica de varias varas de medir según los infractores sean de un partido adverso o del propio. Corresponde a los partidos convertirlo en Ley, reforzarlo y obligarse a tomar medidas automáticas de sanción drástica contra los infractores.

Los miembros del Gobierno, los altos cargos y los representantes del pueblo en las instituciones parlamentarias y en los Ayuntamientos deben dar ejemplo, entregar sus declaraciones de la renta, de actividades y de bienes patrimoniales e intereses, respetando el régimen de incompatibilidades que garantice su plena dedicación o que no se produzca un choque de intereses con otras actividades ajenas a su cometido público.

Para mejorar el nivel de transparencia y colaboración de los Gobiernos Locales en la formación y rendición de sus Cuentas Generales al Tribunal de Cuentas, habría que generalizar la implantación telemática de la Plataforma de rendición de cuentas y simplificar el procedimiento establecido para los 6.800 Ayuntamientos con menos de 5.000 habitantes, o bien proporcionarles los medios materiales y personales necesarios para el cumplimiento de sus obligaciones legales.

En aras de una mayor eficacia en la prevención y lucha contra el fraude fiscal y la corrupción, se aconseja reforzar la vigilancia y endurecer los controles institucionales ejercidos por distintos organismos, desde la Secretaría General, la Intervención y las Auditorías externas, hasta la Agencia Tributaria, la Fiscalía Anticorrupción y el Tribunal de Cuentas, así como los organismos de control del fraude y la corrupción del ámbito autonómico.

La red internacional de paraísos fiscales proporciona a los corruptos la opacidad y el anonimato necesario para ocultar las rentas provenientes de sus actividades delictivas, blanquear el dinero y evadir impuestos. Por ello es importante actuar en todos los ámbitos nacionales, europeos e internacionales hasta acabar con estos santuarios del fraude y del delito.

Tal y como se afirma en el Convenio Penal sobre la Corrupción, del Consejo de Europa, esta actividad delictiva constituye una amenaza para la primacía del derecho, la democracia y los derechos humanos, socava los principios de una buena administración, de la equidad y de la justicia social, falsea la competencia, obstaculiza el desarrollo económico y pone en peligro la estabilidad de las instituciones democráticas y los fundamentos morales de la sociedad.

Ante una situación como la descrita, urge un gran acuerdo de Estado que exprese el compromiso ineludible de las fuerzas políticas para combatir la lacra de la corrupción.

Habría pues que establecer criterios generales y medidas de prevención y lucha contra la corrupción, aproximando España a los países europeos con una cultura democrática más avanzada, donde estas medidas se complementan con la vigencia de códigos éticos, prácticas no escritas y compromisos de buen gobierno que ayudan a combatir la corrupción y contribuyen a conformar un amplio consenso social y político.

Por todo ello, se presenta la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY

Ver en el siguiente enlace:

http://oncediputados.blogspot.com.e...)