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España camina hacia una dictadura. Querella contra Cristina Cifuentes

El Juzgado de Instrucción 18 de Madrid ha admitido a trámite la querella, interpuesta por los diputados Alberto Garzón y Ricardo Sixto, contra la delegada del Gobierno en esa ciudad, Cristina Cifuentes, por presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental y delitos contra la Constitución.

A salvo la presunción de inocencia, considero que concurren suficientes elementos para considerar que la querellada ha incurrido en los delitos denunciados. Veamos…

En qué consiste la prevaricación? Comete prevaricación, la persona que en su condición de autoridad o funcionario público emite un acto o resolución arbitraria a sabiendas de la injusticia del mismo

En este sentido, se acusa a Cristina Cifuentes de dictar a sabiendas resoluciones injustas al imponer sanciones a quienes se manifiestan, por más que la normativa no contempla sanción para esas conductas. También se han practicado identificaciones masivas e indiscriminadas contra quienes ejercían su derecho a manifestarse.

El pretexto se fundamenta en la ilegalidad de esas concentraciones. Esto es falso. Una manifestación puede ser comunicada o no comunicada pero solo pueden ser consideradas ilegales aquellas movilizaciones que tengan por finalidad cometer algún delito y aquellas a las que acudan personas con armas, artefactos explosivos u objetos contundentes o peligrosos (art. 513 del Código Penal)

Pero incluso en las manifestaciones ilegales la ley solo contempla la sanción de los organizadores.

Dado que resulta increíble que la delegada del Gobierno ignore este aspecto, solo puede concluirse que dictó aquellas resoluciones a sabiendas de su carácter injusto.

Identificar disidentes: práctica propia de una dictadura.

En este sentido, bajo el pretexto aludido se viene desplegando por la delegación del Gobierno un constante hostigamiento y amedrentamiento contra el 15-M y movimientos análogos en forma de multas e identificaciones masivas y/o arbitrarias.

Así, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen órdenes de identificar masivamente a los ciudadanos en un marco de absoluta arbitrariedad: esto no es una mera declaración de parte, sino que fue declarado públicamente por el representante del Sindicato SIPE el pasado 17 de noviembre y con ocasión de la celebración de una manifestación de este colectivo policial.

Como establece el cuerpo de la querella: “En relación a las palabras pronunciadas por el representante de los agentes de policía sobre que se está forzando a los agentes a realizar identificaciones arbitrarias, la Sra. Cifuentes ha admitido públicamente la existencia de un listado de supuestos manifestantes inconformistas con el sistema actual".

Así, Cristina Cifuentes indicó, en una entrevista concedida al programa ‘El Círculo’ de Telemadrid el día 30 de agosto de 2012, que tenía una lista negra compuesta por la nada despreciable cifra de entre 800 y 1000 disidentes políticos controlados por la Delegación de Gobierno en Madrid.

La cifra reseñada debe haberse incrementado notablemente en los últimos meses. Dicha práctica de identificación masiva de los supuestos disidentes políticos, práctica especialmente habitual en la Comunidad de Madrid desde que la Sra. Cifuentes tomó posesión de su cargo el 16 de enero de 2012, vendría a conculcar el ejercicio del derecho fundamental a la intimidad personal y el derecho fundamental a la interdicción de obligar a declarar sobre su ideología o creencias de los ciudadanos quienes, desvelada su identidad y simpatía hacia ciertas ideas políticas, pasarían a formar parte de un listado de personas que controla la Delegación del Gobierno y cuyo paradero se desconoce.

Solo cabe preguntarse: ¿Qué ocurriría si un Gobierno socialista identificara a todos los asistentes a las misas o cualquier otro acto religioso? Aunque resulte chocante, salvo las diferencias meramente formales, nos encontramos ante hechos idénticos.

El nauseabundo olor de las alcantarillas del Estado

No nos engañemos, la imposición de sanciones por hechos que la ley no contempla, así como las identificaciones masivas e indiscriminadas y la confección de listas negras de disidentes conforman la materia prima de cualquier dictadura.

Con esos materiales se acosa y se intenta amedrentar las protestas sociales que no se pueden domesticar y que, por tanto, preocupan al poder real. Es decir, a los grandes consorcios financieros, energéticos, bancarios…

Esta clase de protestas alarman a esos grandes poderes ya que los ciudadanos comienzan a comprender que deben unirse, organizarse y no aguantar impasibles que les roben. Por más que el saqueo se disfrace de legalidad.

Aquel actuar pestilente, por lo demás, no es original. En EEUU acaban de destaparse las actuaciones ilegales del Estado contra Ocupa Wall Street. Y nuestra historia, por otra parte, resulta pródiga en montajes policiales, quebrantos de la legalidad y hasta crímenes de Estado.

Ojalá me equivoque, pero sobrecoge pensar hasta donde están dispuestos a llegar los guardianes de las alcantarillas del Estado cuando un grupo organizado de “disidentes†comienza a concienciar sobre el ciclópeo tejemaje de intereses inconfesables que se esconde tras meras formalidades democráticas.

En mi opinión, confirmada por la historia, desde las aguas fecales de cualquier Gobierno, se estaría dispuesto a todo. Absolutamente a todo. No se frenarían a la hora de vulnerar la ley que hipócritamente aseguran defender. Incluido cualquiera, absolutamente cualquiera, de los preceptos del Código Penal.

Por eso resulta vital para nuestro bienestar y libertades investigar y depurar las (presuntas) ilegalidades de los gobernantes de turno .

http://www.diarioprogresista.es/que...



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