Esquerra Unida Els Verds Ajuntament d’Aldaia

EU Aldaia presenta una moción y varias preguntas sobre la atención a la dependencia en el municipio, ante la alarma social despertada por los incumplimientos del estado y la Generalitat valenciana y las denuncias de las personas afectadas: dependientes, familias y trabajadores/as

Además de los recortes en Sanidad, Educación y un largo etcétera, el PP en los gobiernos del estado y de la Generalitat valenciana está forzando un desmantelamiento de este sector asistencial básico por una triple via: legislativa, financiera y atencional. Legislativa, porque a través de decretos ley el Gobierno Rajoy ha aprobado diversas medidas de recorte de la ley 39/2006 (LAPAD) que afectarán tanto a las personas dependientes como a sus familias y a los trabajadores/as que les atienden, al como explica la moción en la que se solicita la supresión del RD 20/2012 del gobierno Rajoy (ver más abajo texto de la moción).

Financieras, porque además de los recortes del estado a la dependencia introducidos por via presupuestaria, la Generalitat Valenciana lleva muchos meses incumpliendo sus compromisos de pago, lo que ha motivado amplias movilizaciones que ya se produjeron antes del verano y que estos días continúan, puesto que la situación de cuidadadores y familiares de dependientes así de estas personas es cada vez más insostenible, y a ello todavía hay que sumar las casi 25.000 personas del País Valencia que desde 2007 están esperando el reconocimiento de su dependencia. Precisamente, este última situación es otro de los instrumentos que viene empleando el PP valenciano para boicotear la aplicación de la ley de dependencia desde su aprobación hace 6 años y por los que destaca comparativamente con el resto de CCAA, además de por los impagos y el déficit provocado. Por todo ello, el concejal de EU ha presentado también una batería de preguntas para tratar de determinar el impacto de todos estos problemas sobre la población de Aldaia, previamente a la presentación de propuestas concretas.

Juanjo Llorente, portavoz de EU en el Ayuntamiento de Aldaia, señala:†Los datos están ahí, las personas que se movilizan con cada vez mayor contundencia también. La Plataforma valenciana en defensa de la ley de dependencia, que agrupa a personas dependientes, familiares y trabajadores esta haciendo un llamamiento a la sociedad que ninguna institución ni fuerza política o social podemos ignorar. Estas son las prioridades dentro de una verdadera democracia: rescatar a las personas antes que a los bancos y banqueros especuladores y usureros. También el ayuntamiento de Aldaia esta implicado, por eso presentamos esta moción para su debate plenario la semana que viene†.

“Por otra parte, sigue diciendo Juanjo Llorente, desde EU también consideramos imprescindible solicitar a la Generalitat Valenciana que se agilicen los trámites, las resoluciones y la prestación de servicios para dejar de estar a la cola en el desarrollo de la ley; que tal como demandan los ciudadanos y ciudadanos la GEneralitat pague con carácter de urgencia a todos los centros, residencias, Centros ocupacionales,..que atienden a personas con dependencia para que puedan seguir prestando los serviciosâ€

Y finalmente, dice Juanjo Llorente: también planteamos la necesidad de que Servicios Sociales del Ayuntamiento elabore y presente un informe de la situación de la atención a las personas dependientes en Aldaia, cómo está la aplicación de la ley en el pueblo y que posibilidades hay de que el Servicio de Ayuda a Domicilio atienda todas las personas pendientes de ser atendidas por la ley y lo necesiten, haciéndolo compatible con otras prestaciones como Centro de Día, ayuda al cuidador/a†.

ANEXO.- texto de la moción presentada

Moción contra los recortes impuestos a la LAPAD en el Real Decreto-ley 21/2012, de 13 de julio, de medidas de liquidez de las AA.PP. y en el ámbito financiero.

La ley 39/2006, (LAPAD) supone el mayor avance en protección social en España en los tres últimos lustros, generando derechos subjetivos y habiendo dictaminado a más de un millón de personas en situación de dependencia, de los que 760.000 ya son beneficiarios de una prestación o servicio.

Sin embargo, cuando el Sistema de Atención a la Dependencia debería haber alcanzado su madurez, después del tiempo transcurrido desde su puesta en marcha, sin embargo está sufriendo un acusado proceso de deterioro que amenaza con dar al traste con todas las expectativas y el potencial que durante estos años ha generado en atención a las personas en situación de dependencia y en la creación de empleo. Este Sistema está siendo descuartizado a golpe de Real Decreto, generando inseguridad en las personas, en las instituciones e incluso en las empresas que actúan en el sector. A ello se une la persistencia y agravamiento de algunos de los problemas estructurales de este Sistema, en particular la inequidad entre territorios autonómicos.

Problemas que no sólo no se van a solucionar, sino que se van a ver agravado por lo que es, de hecho, una derogación encubierta de la Ley que va a reducir el Sistema a la mínima expresión, reduciendo sus costes y anulando este impulso de modernización del Estado con sus beneficios en la protección social y calidad de vida de las personas en situación de dependencia y sus familias, y también en convergencia con los países de nuestro entorno en cuanto al modelo económico y la generación de empleo.

El Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, publicado el 14 de julio de 2012, en lo referido al Sistema de Atención a la Dependencia contiene medidas que son desalmadas y crueles con las personas más vulnerables, al tiempo que son antieconómicas, por lo que la utilización en el texto legal de expresiones como “mejorar†o “sostenibilidad†son un insulto y una mofa hacia la sociedad en su conjunto y muy especialmente hacia las personas dependientes, sus familiares y hacia los/as profesionales del sector de los servicios sociales.

Entre las medidas adoptadas, destacan como especialmente inútiles y sangrantes las siguientes:

- La ampliación a dos años el plazo para resolver las ayudas hará que decenas de miles de dependientes mueran sin atención. (3 de cada 4 beneficiarios son mayores de 65 años, y un 54% son mayores de 80)
- El incremento de las aportaciones de los usuarios y los descuentos sobre las prestaciones a percibir, llevando al límite de la capacidad real las economías familiares. El copago incrementa de manera importante las aportaciones y afectará al patrimonio de las personas dependientes provocando la descapitalización de las familias.
- La eliminación de las compatibilidades entre servicios, que impide la complementariedad entre servicios y la necesaria flexibilidad y atención personalizada a las personas dependientes.
- La reducción de la cuantía de las prestaciones económicas por cuidados en el entorno familiar en un 15%. El Ministerio se ha permitido incluso criminalizar a los familiares que atienden a las personas dependientes hablando públicamente de “fraude†en estas prestaciones, poniendo en duda la dedicación y el afecto que proporcionan cientos de miles de familiares de afectados/as en España. La reducción afecta a 435.180 personas que verán reducidas las prestaciones que reciben una media de 55 € al mes.
- Además el Estado deja de financiar la Seguridad Social de los cuidadores familiares que afecta a 180.000 personas, el 94% mujeres.
- En materia de financiación del sistema, se reduce el nivel mínimo en más de un 13%. A los 283 millones recortados del nivel acordado, debemos sumar otros 200 millones de reducción en el nivel mínimo garantizado y 227 millones de cuotas de seguridad social de cuidadores que se dejarán de abonar.

Todas estas medidas, además de suprimir niveles, bajar intensidades y eliminar incompatibilidades, suponen de manera inmediata un recorte de 1.000 millones de euros y la desatención a los más de 270.000 del “limbo de la dependencia“, personas que se les ha reconocido el derecho y están pendientes de recibir la prestación o servicio y que no recibirán ayuda en los próximos dos años y medio, por lo que se puede afirmar con absoluta desolación que el descuartizamiento de la Ley de dependencia supone el fin del mayor avance en protección social que se había producido en España en los últimos años.

Considerar inviable la promoción de la Autonomía Personal y Atención de la Personas en situación de dependencia que la Ley reconoce como un derecho, representa un paso atrás de dimensiones históricas en el concepto constitucional del Estado Social y de derechos, cargando de nuevo sobre las familias el cuidado de las personas en situación de dependencia sin apoyo alguno, y trasladando la cobertura de las necesidades más básicas de las personas a las iniciativas caritativas y solidarias de la propia ciudadanía. Eso es retroceder a las prácticas predemocráticas asistenciales y de beneficencia que marcaron el retraso de España con respecto a países europeos de nuestro entorno.

Por todo ello, el grupo de Esquerra Unida del Ayuntamiento de Aldaia presenta a la consideración del Pleno de esta Corporación las siguientes propuestas de acuerdo:

1.- Este Ayuntamiento, en solidaridad con las personas dependientes del municipio y de sus asociaciones, acuerda instar al Gobierno de España para que retire los últimos recortes impuestos a la LAPAD en el Real Decreto-ley 21/2012, de 13 de julio, de medidas de liquidez de las Administraciones públicas y en el ámbito financiero.

2.- Este Ayuntamiento acuerda, igualmente, instar al Gobierno Central para que no aplique los recortes y la eliminación de las partidas de financiación del Nivel Acordado, suprimiendo la aportación que la Administración General del Estado realizaba para la financiación de la Ley de Dependencia para toda España por un valor de 283 millones de euros.

3.-Este Ayuntamiento solicita que cualquier medida de modificación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia que afecte a algunas de sus esencias, se lleve a cabo mediante su tramitación, debate y, en su caso aprobación en el Parlamento, sin utilizar el atajo de la modificación a través de Decreto Ley y abriendo la posibilidad de participar también a representantes de asociaciones implicadas y entidades de usuarios/as registradas en el País Valencià.



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