Esquerra Unida Els Verds Ajuntament d’Aldaia

EU del Ayuntamiento de Aldaia presenta una moción en defensa de las pensiones y de rechazo al Real Decreto del Gobierno Rajoy que persigue dinamitar el sistema público de la Seguridad Social

Tras su publicación en el BOE, el pasado sábado 1 de diciembre, acaba de entrar en vigor un nuevo Real Decreto Ley de “consolidación y garantía del sistema de la Seguridad Social†que incluye tres medidas de fuerte impacto social. Primero, no se van a actualizar las pensiones según el IPC, ya que según el Gobierno no hay dinero para asumir una revalorización de 1,9 puntos, correspondiente al incremento del IPC que en noviembre se situó en un 2,9%. Pero, para poder llevar a cabo esta medida, contraria a lo que establecen la Constitución Española y la Ley de la Seguridad Social, el Ejecutivo no modificará esta normativa sino que directamente “suspenderá†la actualización de las pagas, de manera que sólo aumentarán un 2%, las inferiores a los mil euros mensuales mientras que el resto lo harán tan sólo el 1%†.

En segundo lugar, este decreto ley también persigue separar definitivamente las fuentes de financiación de la Seguridad Social, de manera que a partir del año que viene las cotizaciones sociales sólo pagarán las prestaciones contributivas, el resto de las pensiones y prestaciones del sistema se abonarán con los Presupuestos Generales del Estado. Y en tercer lugar, para garantizar la cobertura de las prestaciones por desempleo, este Real Decreto Ley también establece un suplemento de crédito en el presupuesto de 2012 del Ministerio de Empleo y Seguridad Social por una cuantía de 4.295 millones de euros, con destino al Servicio Público de Empleo Estatal.

Juanjo Llorente, concejal portavoz de EU en el Ayuntamiento de Aldaia, señala:†Aunque el Gobierno Rajoy dice que estas medidas impuestas (por Decreto Ley, como ha convertido en costumbre, en lugar de tramitarlas parlamentariamente, con lo que daría lugar a que la ciudadanía estuviera más informada) responden a problemas de liquidez y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, lo que realmente está ocurriendo es quehay una creciente desviación del gasto público al pago de la deuda, los rescates bancarios y la reducción del déficit que exigen la troika europea. Además, desde hace varias legislaturas, ya se ha venido maniobrando para que el caramelo de la Seguridad Social vaya reduciendo su “cuota de mercado†, por así decirlo, y pueda ser parcialmente privatizado. Estas son las verdaderas razones de estas nuevas medidas antisociales y anticonstitucionales†.

“Unas medidas, sigue diciendo Juanjo Llorente, que en el caso del País Valencià tienen graves repercusiones. La media de 767 euros que perciben los pensionistas valencianos (70 euros mensuales menos que la media estatal) ahora se verá recortada un promedio anual de 414 euros. Lo que sin duda causará un serio quebranto a muchas economías domésticas y familias o núcleos de convivencia cuyos únicos ingresos son estas pensiones, puesto que los niveles de paro y de desprotección social de los trabajadores y trabajadores siguen creciendo. Por eso proponemos una moción en defensa de las pensiones, instando al Ayuntamiento a defender a la población y el desarrollo económico y comercial sostenible del municipio. Es claro que el PP no la apoyará y se subordinará a las instrucciones del gobierno de su partido, a su vez supeditado a los intereses del capital financiero europeo, pero al menos la ciudadanía se dará más cuenta de lo que está pasando†.

TEXTO DE LA MOCIÓN EN DEFENSA DE LAS PENSIONES

El sistema de Seguridad Social y de pensiones de nuestro país es uno de los principales instrumentos de redistribución de la riqueza y supone en sí mismo un mecanismo de protección social basado en la solidaridad interterritorial e inter generacional, que debe ser cuidado y preservado con especial atención por los poderes públicos, tal y como mandata la Constitución Española.

Este sistema público de pensiones, además de tener un papel fundamental en la garantía de la cohesión social general y, de manera particular, en el bienestar de uno de los colectivos sociales más vulnerables, juegan también un papel cada vez más importante en la calidad de vida de muchas personas, familias y núcleos de convivencia, dada la situación económica actual de recesión y la creciente incidencia del desempleo y de la desprotección social de muchos trabajadores y trabajadoras que, junto con sus familias, tienen cerrado el acceso a cualquier tipo de ayudas públicas.

Del mismo modo, actualmente las pensiones también juegan un papel cada vez más importante como garantía de consumo de bienes y de servicios básicos a la población, siendo por tanto motor de crecimiento económico y de creación de empleo, mientras que una reducción del poder adquisitivo de los y las pensionistas y sus familias implica mayor reducción del consumo y una clara repercusión negativa sobre la creación de puestos de trabajo.

Pero todo ello no ha sido óbice, sin embargo, para que el pasado 30 de noviembre el gobierno Rajoy aprobara un Real Decreto-Ley para no revalorizar las pensiones de acuerdo con el à ndice de Precios al Consumo.

Este Real Decreto-Ley deja sin efecto el derecho de actualización de las pensiones correspondiente al ejercicio 2012 y, por tanto, un recorte y una privación de derechos contraria a la Constitución, por infringir los principios de irretroactividad de las disposiciones restrictivas de derechos individuales, de seguridad jurídica y de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos (art. 9.3 de la Constitución Española).

Y también porque, de acuerdo con lo establecido por la Ley General de Seguridad Social, las pensiones contributivas deben ser actualizadas conforme el à ndice de precios al consumo acumulado entre noviembre de 2011 y noviembre de 2012, si éste ha resultado superior al tomado para la revalorización practicada a principios de año.

Además, la actualización de las pensiones fue una de las claves más importantes si no la principal del programa electoral con el que concurrió el PP a las elecciones del 20 de noviembre del pasado año. Y ha sido también transgredida en la segunda ocasión que se le ha presentado al Gobierno de adoptar una decisión sobre el principal capítulo de gasto del presupuesto. El año pasado, nada más llegar al poder, el Ejecutivo conservador decretó una subida del 1% de las pensiones para 2012.

El incumplimiento de esta promesa electoral se une así a otras tantas en materia fiscal como la subida generalizada de impuestos directos (IRPF, rentas de capital, IBI, etc), el aumento del IVA, el abaratamiento de los despidos mediante la reforma laboral, el copago sanitario, el incremento de tasas universitarias o la amnistía fiscal. De hecho, tanto el presidente Rajoy como otros miembros de su gabinete han pronunciado públicamente en numerosas ocasiones a lo largo de todo 2012 apostando por la compensación a los pensionistas. Y se han agarrado a la revalorización de las pensiones como la única línea roja que no estaban dispuestos a cruzar para la austeridad. Además, el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, ante la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo del Congreso del 8 de noviembre aseguró que actualizaría las pensiones de acuerdo a la inflación de noviembre.

Pero, al final, han vuelto a imponerse los dictados de la Troika europea y su prioridad del pago de la deuda pública incrementada como consecuencia de los rescates bancarios, y el Gobierno Rajoy ha vuelto a optar por hacer cargar sobre los trabajadores y trabajadoras (las pensiones son un salario diferido) la falta de liquidez sobrevenida y el afán de lucro y enriquecimiento fácil de los grandes poderes económicos, abriendo de paso un poco más la vía a una futura privatización de nuestro sistema público más básico de protección social como son las pensiones.

Por todo ello, desde el grupo municipal de EU en el Ayuntamiento de Aldaia proponemos :

1.-Este Ayuntamiento manifiesta su desacuerdo con el Real Decreto Ley sobre “consolidación y garantía del sistema de la Seguridad Social†recién publicado por el BOE del 1 de diciembre, puesto que persigue justo lo contrario de lo proclamado, y solicita al Gobierno Rajoy su retirada.

2.- Este Ayuntamiento, igualmente, considera que la decisión del ejecutivo de Rajoy de no revalorizar las pensiones, tendrá inmediatas consecuencias negativas sobre la calidad de vida de la población (pensionistas y familias) y sobre el consumo y la economía de nuestro territorio y municipio de Aldaia. Razón por la que instamos al ejecutivo para que se revaloricen las pensiones para compensar la inflación y combatir más eficazmente la recesión económica y el paro.

3.-Finalmente, este Ayuntamiento acuerda constituir una comisión de crisis para valorar las repercusiones económicas que tendrá este decreto sobre la población de Aldaia y elaborar un plan de actuación para compensarlas.



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