Esquerra Unida Els Verds Ajuntament d’Aldaia

Concejal de EU de Aldaia insta al Ayuntamiento a apoyar la Marcha por el Respeto y la Dignidad de las personas con discapacidad que comienza el lunes 19 de noviembre

EU también ha presentado una moción para su debate plenario el próximo 27 de noviembre en defensa del sistema público de servicios sociales, porque la situación en Aldaia sigue deteriorándose socialmente con mucha rapidez.

El día 19 de noviembre comenzará en las comarcas del sur la marcha “Discapacidad en Marcha por el Respeto y la Dignidad†que llegará posteriormente a Valencia para reivindicar frente a la Generalitat la anulación de la nueva propuesta de financiación que se quiere implantar y que pone en peligro la situación laboral de los trabajadores/as y la calidad de vida de los usuarios/as, su dignidad y respeto, dejando a este sector junto con las personas atendidas en situación de riesgo de exclusión social.

Esta marcha tendrá lugar, por otra parte, en un momento en que está creciendo exponencialmente en nuestro país y estado la precariedad social (ver datos concretos en el Anexo de la moción), mientras que las administraciones públicas en manos del PP, rehenes de su compromiso con la Troika europea para pagar la deuda por encima de todo, siguen incrementando los recortes y privatizaciones de servicios públicos y la garantía de los derechos sociales y democráticos de la ciudadanía.

Juanjo Llorente, portavoz de EU en el Ayuntamiento de Aldaia señala: “Acabo de presentar una moción para su debate plenario el próximo 27 de noviembre que incide en todas estas cuestiones. El PP no puede seguir rescatando bancos y desahuciando personas. Todas las administraciones públicas, para serlo realmente, deben hacer prevalecer el interés colectivo de la población sobre cualquier otro imperativo. También los ayuntamientos y en particular el de Aldaia, pues como he venido denunciando con creciente insistencia. Frente al deterioro de las condiciones de vida de los ciudadanos y ciudadanas de Aldaia, el gobierno municipal del PP sólo sabe que recortar, subri precios e impulsar iniciativas florero de coste 0 euros. Esto tiene que cambiar ya, porque mucha gente lo está opasando muy mal mientras que el Ayuntamiento mira para otro lado†.

ANEXO.- Texto de la moción presentada en defensa de los servicios sociales públicos

Según el estudio “Adiós a las clases medias†elaborado por los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) la tasa de precariedad en el País Valencià (núcleos de convivencia con ingresos brutos inferiores a 12.000 euros anuales o sin ellos) se sitúa en el 46,1% de la población, lo que representa un total de dos millones cuatrocientas mil personas. En Valencia provincia la tasa de precariedad llega al 47,3% (casi un punto más) y afecta aproximadamente a 945.000 trabajadores mileuristas asalariados, 93.239 trabajadores autónomos, 182.344 adultos sin ingresos por no cobrar ninguna prestación y un millón doscientos mil pensionistas.

Del mismo modo, según la Encuesta de Población Activa correspondiente al tercer trimestre del 2012, sólo este verano unos 11.100 hogares han pasado a formar parte de los desatendidos que no cobran ningún tipo de ayudas o subsidios y que llega a los 220.300 en toda la Comunidad Valenciana.

Estas escalofriantes cifras muestran por si mismas la gravedad de la situación social que vivimos en nuestro medio, mientras que la política practicada por el PP desde las administraciones públicas sigue siendo la de recortar y recortar servicios y prestaciones públicas, muchas veces contraviniendo los derechos sociales básicos de la población reconocidos por el actual ordenamiento constitucional. Pero esto es lo que hacen nuestros gobernantes con nuestros ingresos: rescatar bancos y desahuciar personas con creciente afán.

Hoy, más del 25% de la población valencia, es decir, una de cada cuatro personas percibe anualmente atención de los servicios sociales básicos. Cerca de 1.300.000 personas, en el País Valencià, se benefician de alguno de los servicios y programas que llevan a cabo las instituciones y entidades del Tercer Sector de Acción Social. Pero estas cifras, sin embargo, últimamente han crecido aún más, debido al resultado combinado de la crisis económica y de los recortes sistemáticos de derechos y prestaciones sociales públicas ya mencionados

De hecho, actualmente, según la asociación valenciana de profesionales de servicios sociales cerca del 90% de las prestaciones de servicios sociales del sistema público está privatizado, a través de un complejo sistema de convenios, subvenciones, conciertos, etc que, en lugar de ampliar la atención y mejorar la cobertura asistenciales, consiguen justo lo contrario, debido también y en muy buena medida a los frecuentes impagos a estas entidades desde la Administración valenciana, la supresión directa de recursos asistenciales y los cambios en las formas de contratación de servicios sociales orientados a una mayor precarización laboral y asistencial.

La actual política de la Administración valenciana gobernada del PP representa un grave retroceso en políticas sociales contra la pobreza y la exclusión puestas en marcha durante las tres últimas décadas en España. El Estado y el Consell con cada vez mayor ímpetu están incumpliendo la letra y el espíritu de nuestra Constitución a golpe de las privatizaciones y recortes establecidos mediante nuevas normativas y regulaciones legislativas que no garantizan los derechos sociales conquistados durante décadas por la lucha de los trabajadores y los pueblos de España, y al no facilitar los medios necesarios para mantener el sistema público de servicios sociales generales y especializados que complementa las acciones de las administraciones con las personas más vulnerables.

Buena prueba de todo ello lo estamos viviendo también en el municipio de Aldaia donde, en apenas un año, a golpe de recortes, reestructuraciones y segregaciones, se ha producido una merma apreciable en los servicios y prestaciones dispensadas.

Por todo ello, el grupo de Esquerra Unida del Ayuntamiento de Aldaia presenta a la consideración del Pleno de esta Corporación las siguientes propuestas de ACUERDO:

1.- Este Ayuntamiento acuerda no incluir en los presupuestos para el 2013 ningún recorte con respecto al 2012 en materia de servicios sociales, y estimar los gastos propuestos para el próximo año en función de las necesidades reales de la población del municipio y no de otros criterios, con particular atención a las áreas de mujer y juventud, por tratarse de dos colectivos sociales muy numerosos en nuestro municipio y con alto riesgo de exclusión social.

2.- Acuerda también solicitar a la Generalitat Valenciana el desarrollo de una nueva legislación que, renunciando a la prioridad hoy concedida al pago de la deuda para el rescate bancario, priorice y asegure la estabilidad financiera del sistema público de servicios sociales y permita el desarrollo de políticas sociales de largo alcance.

3.-Acuerda igualmente exigir a las restantes administraciones públicas el pago inmediato de la deuda y de los retrasos en esta materia, mostrando en la práctica su plena solidaridad y apoyo a las entidades sociales de Aldaia y de la comarca que vienen sufriendo retrasos graves para poder seguir prestando los servicios: ACYPSA, Centro de Día, Residencias de mayores, Programas de salud mental, centros de educación espacial, ... y con la ciudadanía que sigue sin ser atendida por la ley de la dependencia y que está afectada por los recortes en protección social.

4.- Este Ayuntamiento acuerda realizar un estudio sobre el impacto de la crisis en las familias de Aldaia y un debate con las organizaciones sociales y la ciudadanía para estudiar posibles alternativas, en el marco del actual Consejo municipal de bienestar social y en cumplimiento de las verdaderas funciones que la legislación vigente le reconoce y exige a este órgano.

5.- Finalmente, este Ayuntamiento también acuerda su apoyo a la Marcha de la Discapacidad iniciada este 19 de noviembre desde las comarcas del sur del País Valencià y que plantea las siguientes reivindicaciones, justas y legítimas:

  • Pago inmediato de la deuda contraída con todos los centros y servicios de la discapacidad y enfermedad mental.
  • Paralización del nuevo plan de financiación para centros de discapacitados en 2013
  • Creación de una mesa negociadora representada por todas las partes (entidades titulares, trabajadores, usuarios, familiares y administración) para Resolver el Futuro del Sector.


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