Esquerra Unida Els Verds Ajuntament d’Aldaia

EU exige al Ayuntamiento mantener los salarios del personal compensando la supresión de la paga extra de diciembre, y no deteriorar más sus condiciones laborales a fin de mantener la calidad de los servicios y de las prestaciones municipales

Ante la nueva agresión para la función pública que suponen las nuevas medidas presupuestarias del gobierno para el 2013, Esquerra Unida presentará al pleno de octubre una moción instando al gobierno municipal del PP a colaborar con los sindicatos y buscar posibles contramedidas que eviten empeorar las condiciones salariales y laborales de los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento.

Estas medidas resultan aún más urgentes, considerando que los nuevos presupuestos del ejecutivo de Rajoy siguen saltándose la legislación vigente en materia de derechos laborales, negociación colectiva y de autonomía de las administraciones públicas al congelar de nuevo los salarios (en un contexto de gran recesión y aumento del coste de la vida) y forzar drásticas reducciones de plantilla.

Juanjo Llorente, portavoz de EU en el Ayuntamiento de Aldaia, señala: “EL texto de la moción presentada es suficiente explícito. El PP en el gobierno de muchas instituciones trata por todos los medios de criminalizar a los y las trabajadores públicos con el doble objetivo de desmantelar el estado social desarrollado durante los últimos 37 años de monarquía parlamentaria cada vez menos democrática y de reducir al mínimo los derechos sociales conquistados por la lucha del movimiento obrero durante muchos años. Quieren hacer pagar a los trabajadores y sectores sociales más vulnerables el peso de la crisis y favorecer la acumulación de la riqueza y el poder en cada vez menos manos. Como dicen los sindicatos, el PP quiere arruinar nuestro país y estado y por eso debemos estar unidos y decir basta, tanto en la calle como en las instituciones†.

ANEXO.-MOCIÓN CONTRA LOS RECORTES LABORALES AL PERSONAL MUNICIPAL DEL GOBIERNO RAJOY Y LA SUPRESIÓN DE LA PAGA EXTRA DE NAVIDAD

La Disposición Adicional 71 de la Ley 2/2012 de Presupuestos Generales del Estado para el 2012 establece que la jornada general de trabajo del personal del sector público no podrá ser inferior a 37,5 horas de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual y que los eventuales incrementos horarios que se produzcan en ningún caso podrán conllevar un incremento retributivo. Pero este incremento mínimo de las horas semanales de dedicación del personal municipal, además de no conllevar un aumento de la eficacia o de la calidad en la prestación de los servicios dispensados, tampoco supondrá ningún beneficio para los vecinos y vecinas del municipio. Quizás sus únicas repercusiones reales son aportar una mayor dificultad del personal municipal para la conciliación de su vida laboral y personal, así como perjudicar unos derechos sociales y laborales previamente consolidados.

Esta ofensiva del gobierno del PP contra la función pública es igualmente patente en el RD Ley 20/2012, de 13 de julio de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. Decreto Real que establece en su artículo 2 que el personal del Sector público verá reducida sus retribuciones en las cuantías que les correspondan percibir en el mes de diciembre como consecuencia de la supresión de la paga extraordinaria, incluyendo todos los conceptos retributivos. Se trata de una medida que afecta a todo el personal de este ayuntamiento, ya que la única excepción prevista es para quien cobre un bruto mensual inferior a 962 €. Esta normativa tiene carácter básico y modifica el Estatuto de los trabajadores y el Estatuto Básico del Empleado Público.

Sin embargo, el destino previsto por el ahorro que provocará la supresión de la paga de Navidad será, según el propio Decreto, las aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguro colectivos que incluyan la contingencia de jubilación, destino previsto enormemente contradictorio con la prohibición de realizar aportaciones a planes de pensiones prevista en la Ley de Presupuestos de 2012 y que conlleva un salario diferido hasta su desarrollo reglamentario, provocando un aumento de la liquidez y del volumen de negocio bancario y un reconocimiento implícito de la insuficiencia gestora de los responsables políticos del gobierno central para hacer frente a las pensiones de jubilación futuras mediante las cotizaciones a la Seguridad Social.

Pero, aunque este RD Ley 20/2012 es aplicable a todas las administraciones ya se han producido casos, como el de la Comunidad Foral de Navarra, donde se ha conseguido minimizar el impacto de esta supresión de la paga de diciembre sobre la capacidad adquisitiva de los trabajadores del sector público y sobre la disminución del consumo que provocará, por la vía de avanzar la extra del mes de junio de 2013 a enero de ese mismo año y la prevista en diciembre a junio. Lo que ha sido posible gracias al libre ejercicio de la competencia exclusiva que, en materia de régimen de empleados públicos, tiene reconocida a su estatuto de autonomía y todos los municipios de esta comunidad foral podrán decidir aplicarla.

Y junto con la capacidad de decidir sobre aspectos tan aparentemente superfluos, como las fechas adecuadas para hacer efectivas las dos pagas extras, también en el caso del País Valencià pueden buscarse otras soluciones imaginativas para hacer frente a las injerencias indiscriminadas del Estado Central en el libre ejercicio de la potestad autoorganizativa de los entes locales.

Señalar también y por último, que en el citado RD 20/2012 también se han incluido otras medidas laborales totalmente inaceptables, porque implican suspender la aplicación de gran parte del contenido de los convenios y acuerdos a los que en el pasado se ha llegado con los representantes de los trabajadores y trabajadoras.

La limitación de los créditos sindicales, la drástica reducción de los días de asuntos propios y los días de vacaciones o la limitación en la capacidad de decisión sobre el complemento de las retribuciones en caso de incapacidades temporales por contingencias comunes entre otros, son medidas que limitan enormemente la capacidad de negociación sobre las condiciones de trabajo y suponen el desguace de un modelo de relaciones laborales basado en el respeto omnímodo para la eficiencia en la prestación de los servicios públicos municipales.

Por todo ello, el grupo de Esquerra Unida del Ayuntamiento de Aldaia presenta a la consideración del Pleno de esta Corporación las siguientes acuerdos:

1.-Solicitamos a este gobierno municipal y a sus servicios técnicos de personal la búsqueda fórmulas consensuadas con la representación sindical del Ayuntamiento para minimizar el impacto sobre la capacidad adquisitiva del personal municipal de las medidas dictadas por el gobierno central antes referidas.

2. E igualmente, solicitamos a los servicios técnicos de este Ayuntamiento que se haga un estudio y propongan las soluciones organizativas posibles que sean menos agresivas con la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de los trabajadores y trabajadoras municipales, barajando incluso la posibilidad de no aplicación cautelar de la jornada de 37,5 horas semanales.

3. Solicitar a los servicios técnicos de la Diputación provincial y de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, que estudien en clave municipal la posibilidad de llevar a cabo soluciones pactadas con los sindicatos para todo el sector.

4. Solicitar a la Generalitat Valenciana que inicie los trámites legislativos necesarios para evitar las injerencias en el ejercicio de la potestad de autoorganización municipal.

5. Apoyar cuantas iniciativas legislativas y populares se presenten y sean concordantes con los puntos anteriores.



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