Esquerra Unida Els Verds Ajuntament d’Aldaia

EUPV reclama un plan de emergencia social contra la pobreza y la exclusión. Adjunto: Comunicado CCOO sobre Renta Garantizada

La diputada de EUPV en las Cortes, Esther López, ha anunciado que la formación de izquierdas presentará en la cámara autonómica una proposición no de ley para exigir un plan de emergencia social para paliar las situaciones de pobreza y exclusión social.

López Barceló ha reclamado que el "efecto Gordillo deje de servir a la derecha que nos gobierna para justificar su inacción ante las situaciones de necesidad extrema que se están viviendo en el País Valenciano, porque aquí también se pasa hambre".

La diputada ha asegurado que la Comunidad Valenciana tiene el 26,3% de su población en riesgo de pobreza o exclusión social, un punto por encima de la media del Estado.

Además, afirma que "según los últimos datos oficiales, existen ya 105.700 familias en el País Valenciano que no reciben ningún tipo de ingreso (53.100 viviendas en Valencia, 41.200 en Alicante y 11.500 en Castellón)".

"El aumento de la pobreza sigue sin control ante la indiferente mirada del Consell que se limita a recortar derechos y a aumentar la bolsa de desprotección social con el desmantelamiento de los servicios sociales", ha añadido.

"El empobrecimiento -explica la diputada autonómica- comienza con la quiebra de un modelo de desarrollo impuesto para beneficio de una minoría y que ha supuesto que amplios sectores sociales sufran el olvido y el desamparo de los poderes públicos".

Por ello, considera "indispensable" promover políticas destinadas a paliar la pobreza y la exclusión social con la puesta en marcha de una red pública de atención social que promueva la creación de nuevos bancos de alimentos.

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/...

2 años para resolver un mes de Renta Garantizada

Según una estimación realizada por CCOO, en la actualidad la lista de espera para acceder a la Renta Garantizada de Ciudadanía en el País Valenciano supera las 10.000 personas (Valencia 5.000, Alicante 4.000, Castellón 1.000) con expectativas de aumento

CCOO ha denunciado ante el Síndic de Greuges las graves consecuencias de las demoras en la concesión atendiendo a la situación límite para las personas beneficiarias, debido a la ausencia de protocolos de urgencia y el retraso ‘reiterado e intencionado’ por parte de GVA

La queja interpuesta se centra en la negligente gestión que está realizando la Generalitat Valenciana respecto a la denominada Renta Mínima Garantizada, con demoras de hasta 24 meses desde la solicitud.

Desde CCOO PV lamentan que pese a todas las recomendaciones realizadas por el Síndic de Greuges en los últimos años sobre este asunto, incluida la queja de oficio publicada a finales del año pasado, la situación en cuanto a las demoras y tramitación de este "Derecho Subjetivo" sigue en niveles totalmente impresentables en un Estado de Derecho.

Del análisis de las quejas resueltas y de los documentos de la propia Conselleria el sindicato concluye que para poder acceder a una renta considerada de urgencia, la media de espera se sitúa en los 18 meses. Aunque la legislación al respecto establece un plazo de tres meses en la resolución de las ayudas de carácter social urgente, el sindicato denuncia que se han llegado a producir demoras superiores a los 24 meses desde la presentación de la documentación.

En un contexto de crisis económica, en el que miles de familias han perdido el trabajo y las prestaciones por desempleo, encontrándose por tanto en una situación de pobreza extrema, la administración autonómica sigue incumpliendo los plazos que ella misma estableció en la normativa. A todo lo anterior, se suman decisiones "económicamente irresponsables" como la no adaptación de los presupuestos a las nuevas necesidades.

En este sentido, a juicio de Salvador Roig de CCOO PV "la Generalitat está actuando de una manera negligente, vulnerando los derechos legítimos de los ciudadanos que solicitan la Renta Mínima garantizada".

En la queja al Síndic, el sindicato destaca la modificación legislativa realizada a través de la Orden 7/2012, de 20 de febrero, de la Conselleria de Justicia y Bienestar Social, por la que se modifica la Orden de 31 de julio de 2008, de la Conselleria de Bienestar Social que regula las bases de la convocatoria de la prestación de renta garantizada de ciudadanía.

Desde el punto de vista sindical, dicha modificación que afecta a la fecha de los efectos económicos supone una nueva vulneración de los derechos ciudadanos, ya que establece un mecanismo por el cual "los efectos económicos de la renta garantizada de Ciudadanía se producirán el primer día del mes siguiente a la fecha de la resolución que reconozca el derecho a su percepción". Es decir, se eliminan los efectos retroactivos que situaban el derecho a recibir la prestación desde el momento de su solicitud.

Según Roig, "nos encontramos ante una estrategia de la Generalitat que no busca agilizar los trámites y cumplir los plazos, sino todo lo contrario, ya que esta modificación provocará que los retrasos en la tramitación se acumulen en el tiempo, penalizando a las personas que han solicitado la Renta a partir del mes de la publicación de la orden 7/2012 (DOCV 23-02-2012).

Ante la acumulación de expedientes, bien en tramitación o pendientes de resolución y fiscalización, el sindicato juzga imprescindible que la GVA estableciera un Plan de Choque con la consiguiente dotación presupuestaria que permitiera responder y "rescatar" a los ciudadanos que solicitan la Renta, en un plazo no superior a los tres meses, tal como establece la Ley.

Respecto a los efectos económicos, la reclamación de CCOO PV es que deben situarse desde el momento de su solicitud. Roig concluye aclarando que "el efecto de la retroactividad es insignificante, si la Generalitat gestiona de manera adecuada y cumple sus propios plazos".

http://www.pv.ccoo.es/pv/menu.do?In...



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